El superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, anunció ayer en el evento virtual Café con La Prensa que “ya está prácticamente estructurado” un fondo de liquidez contingente para la banca, que tendrá una dotación inicial de $1,000 millones.

Según el regulador, esta estructura “es de gran importancia para la estabilidad del sistema financiero ante la ausencia de un banco central”, que provee una red de seguridad financiera como prestamista de última instancia, mecanismo del que no dispone Panamá.

En la definición de este fondo han participado el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), el Banco Nacional de Panamá (BNP) y organismos internacionales.

Castillo explicó que el fondo estará estructurado en un fideicomiso a través del BNP, con fondos separados del resto de recursos de la entidad estatal.

Los $1,000 millones del aporte inicial provienen de acuerdos alcanzados por el Gobierno con organismos internacionales. En concreto, $500 millones proceden de una línea de crédito aprobada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la otra mitad se obtendrá de la banca internacional, utilizando una garantía aportada por el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), entidad que forma parte del Grupo Banco Mundial.

Para acceder a estos recursos, los bancos tendrán que cumplir unos requisitos técnicos definidos que serán verificados por el regulador, que aseguró que en esta nueva realidad tendrá la particular misión de tomar la temperatura de las entidades de la plaza para calibrar su situación.

La función del fondo será atender “necesidades transitorias de liquidez de algún banco en particular”, pero recalcó que no se podrá utilizar para rescatar a un banco con problemas de solvencia ni como capital de trabajo para estimular el crédito.

Fondos para empresas

Además de crear esta estructura para cimentar la estabilidad del sistema, la banca tendrá un papel fundamental en la reactivación de la economía. En este aspecto tomará relevancia el préstamo de $300 millones concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se destinará a apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas y al sector agropecuario, con $150 millones para cada sector.

El BNP será el organismo ejecutor del programa y los fondos se canalizarán a través del banco estatal directamente o por entidades financieras especializadas en la atención de estos segmentos.

Como medida adicional, el regulador es favorable a la creación de un programa de garantías estatales para que la banca privada pueda apoyar a sectores cuya recuperación sea más lenta.

Estructuras de este tipo se han implementado en otros países y están entre las recomendaciones que algunos economistas han planteado como políticas públicas para salir de la crisis.

Castillo explicó a este diario que, por ejemplo, una actividad como el turismo va a tardar más tiempo recuperarse y probablemente las empresas que están en el sector van a requerir una solución más amplia que una moratoria de 90 días. Se podrían explorar fórmulas como reestructuraciones o modificaciones de los préstamos, incluyendo periodos de gracia más extensos y el banco contaría con una garantía avalada por el Estado, una garantía que probablemente la empresa no podría obtener por sí misma.

Consultado por otros mecanismos de recuperación, Castillo apuntó la importancia de buscar una alternativa que permita a los bancos apoyar a empresas, con algún estímulo por parte del Gobierno, para asegurar que las empresas vuelven a contratar.

Aunque esta iniciativa tendría que ser diseñada por el Ejecutivo, Castillo considera que recuperar esos empleos, y por lo tanto el ingreso familiar, “debe ser un objetivo importante como país y la banca estaría dispuesta a apoyar en ese programa. No creo que ningún sector solo pueda tener la solución a un problema tan complejo”.

Para Castillo, iniciativas de este tipo deberían considerarse de manera prioritaria.

Aunque esta situación “no tiene precedentes” y todavía hay incertidumbre sobre cómo evolucionará, Castillo sostuvo que la pandemia “encontró un sistema bancario con robustos índices de solidez financiera y buena posición de liquidez” para hacer frente a la crisis.

Analizan marco legal sobre sistema de pagos electrónico

Castillo señaló en el ‘Café con La Prensa’ que la adopción de nuevas tecnologías es una “prioridad para la Superintendencia de Bancos” y adelantó que se ha iniciado una consultoría para analizar y adoptar un marco legal que regule un sistema de pagos electrónico que permita la participación de otros actores, pero entendiendo primero los riesgos aso ciados y que permita una participación en términos equitativos con los bancos.

El supervisor dijo que la modernización del sistema financiero “podría ser una manera de relanzar y recuperar competitividad a nivel regional como un hub financiero para América Latina”.