La negociación que busca ceder el contrato de Panamá NG Power y sus derechos a la sociedad Generadora de Gatún avanza, mientras representantes del sector energético cuestionan este proceso y en las instancias judiciales hay por los menos tres acciones legales pendientes de resolver que están relacionadas con esta termoeléctrica.
Existe una denuncia penal contra el administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Armando Fuentes, presentada por el abogado Enrique Alberto De Gracia por supuesta comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos con relación al proyecto de Panamá NG Power.
En la denuncia, de enero pasado, De Gracia señala que el administrador de la ASEP prorrogó los contratos de suministro de potencia y energía a favor de Panamá NG Power, pese a que la empresa no ha iniciado operaciones y no había cumplido con la presentación de los requisitos que establece la regulación.
Fuentes, que según líderes políticos ha sido activista del gobernante PRD, fue nombrado como administrador de la ASEP en 2019 por el presidente Laurentino Cortizo, tras la llegada al Gobierno y en reemplazo de Roberto Meana. Entre los directivos de NG Power está el empresario y también conocido miembro del PRD, Mayor Alfredo Mello Alemán, quien al igual que Fuentes contribuyó con la campaña del presidente Cortizo.
La licitación de compra de energía se realizó en 2013 y según lo establecido en el contrato, NG Power debía comenzar a despachar en 2017 los 550 megavatios que se adjudicó, pero hasta la fecha no lo ha hecho y por el contrario ha incurrido en varias faltas entre ellas el atraso en la presentación del cierre financiero ante el regulador. Tras recursos legales y amparos ante la Corte Suprema de Justicia NG Power ha mantenido vigente el proyecto prorrogando la entrega de energía a las distribuidoras Naturgy y ENSA. Esto mantiene en incertidumbre al mercado energético porque no se sabe cuando arrancará.
“Panamá NG Power no ha iniciado operaciones, porque ni siquiera ha realizado trabajos de construcción, instalación, operación y explotación de la planta de generación termoeléctrica Telfers que debió ser ubicada en el corregimiento de Cristóbal, en el distrito y provincia de Colón”, indica la denuncia.
El proyecto de NG Power, que se estimó en una inversión de $800 millones, se construiría en Telfers sobre terrenos subarrendados a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR).
Describe De Gracia que la empresa no ha iniciado trabajos porque para obtener de la ASEP una licencia para la construcción de una planta eléctrica a base de gas natural, de 670 megavatios, presentó un estudio de impacto ambiental categoría II, cuando la norma aplicable por motivos de impacto y mitigación de riesgo, exige un estudio de impacto ambiental (EIA) categoría III.
Es decir, el Ministerio de Ambiente debe aprobar ese estudio para que se comience a construir la obra.
Como ejemplo sobre la necesidad de cumplir con este requisito, el denunciante cita que otros proyectos similares de generación con gas natural como el de AES Colón y Sinolam Smarter Energy (antes Martano) sí presentaron estudio de impacto ambiental categoría III. Este argumento lo señaló en su momento el presidente de AES Panamá, Miguel Bolinaga, quien ahora forma parte de la directiva de Generadora de Gatún que negocia la adquisición del contrato de NG Power.
“El administrador general de la ASEP, Armando Fuentes Rodríguez, a pesar de que Panamá NG Power nunca ha cumplido, y que a la fecha, no cumple con los términos, hitos, ni con los requisitos exigidos por ley y reglamentaciones, se ha negado a cumplir con su deber como servidor público, esto es, proceder con la cancelación de la licencia definitiva otorgada a favor de Panamá NG Power, S.A.”, precisa.
Esta infracción al deber de funcionario público puede generar beneficios a terceros en detrimento de los intereses ciudadanos y consumidores, “a quienes por ley, el administrador general de la ASEP, les debe lealtad”, indica la denuncia.
Este estudio de impacto ambiental presentado por NG Power también fue motivo de una denuncia penal ante el Ministerio Público y una demanda Contencioso Administrativa de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por causa de no cumplir con la normativa aplicable. Ambos recursos se mantienen en proceso, según confirmó el abogado Moisés Bartlett, quien también remitió una carta al administrador de la ASEP consultándole sobre la vigencia de la licencia de NG Power.
En el escrito, Bartlett señala que al haber perdido vigencia, la licencia definitiva de Panamá NG Power “dicha empresa carece de personería para ser considerada como un agente del mercado eléctrico panameño, por lo que con sujeción a lo dispuesto en los contratos de suministro de potencia y energía que tiene Panamá NG Power con las empresas de distribución eléctrica, se debe proceder a la terminación de estos contratos”.
ASEP no ha respondido esta nota y tampoco la solicitud que por segunda ocasión le hizo este diario sobre la vigencia de esta licencia.
