Los estados financieros de la Caja de Seguro Social (CSS) tienen tantas inconsistencias, omisiones y fallas que la Contraloría General de la República se negó a dar una opinión en su auditoría finalizada al cierre de 2020, con la información del ejercicio fiscal de 2018.
La opinión de la Contraloría como auditor contable es de suma importancia, pues implica la razonabilidad de la información revelada en los estados financieros emitidos por la CSS.
Después de enumerar más de 100 hallazgos, dijo que existe una evidente debilidad en los controles internos, lo cual podría afectar adversamente la capacidad de la CSS para registrar, procesar o presentar información financiera consistente en las cuentas de caja, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios o cuentas por pagar.
Falta de ingresos. El problema del IVM
$ 1,018 millones es el déficit estimado del subsistema de beneficio definido del IVM al cierre de 2026.
200 mil pensionados que dependen del sistema al día de hoy.
$65,000 millones es el tamaño del déficit calculado hasta 2077.
El análisis fue realizado por la Dirección de Auditoría General y entregado al contralor Gerardo Solís, quien a su vez remitió el reporte tanto al director de la CSS, Enrique Lau, como a la junta directiva de la entidad.
Las revelaciones, sin embargo, no invalidan las conclusiones a las que llegó el informe de la Junta Técnica Actuarial en octubre de 2020, ente que precisamente advirtió que debido a la falta de información veraz y completa, la falta de fondos en el subsistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) podría ser mayor de la que han computado hasta la fecha. Y de allí la importancia de evaluar reformas que garanticen el pago de las jubilaciones a futuro.
Volviendo al descalabro administrativo en el que se encuentra sumergida la CSS, el informe de la Contraloría revela que la entidad tiene un sistema contable inadecuado para el proceso y suministro integral de la información.
“A nivel de estructura y gobernanza se requieren cambios en la manera como se ha administrado la CSS”.
Jean Pierre Leignadier, presidente de la Cámara de Comercio.
No hay datos financieros digitalizados y disponibles de forma oportuna. Esto ocurre en una entidad que maneja un presupuesto anual de más de $5,000 millones y afronta pagos en pensiones por más de $1,600 millones.
Se detectaron errores y omisiones en los registros de caja y el banco. Hay atrasos hasta de 80 meses para confeccionar las conciliaciones bancarias de los fondos de pensiones.
La morosidad no es consistente con los saldos reflejados en las cuentas por cobrar.
Las mismas inconsistencias se encuentran en las cuentas por pagar a los proveedores.
Es decir, que en algunos casos la CSS no sabe a quién realmente le debe cobrar o a quién le debe dinero.
La entidad atribuye muchos de sus males a las fallas que se han generado a raíz de la implementación de los sistemas SAP/Safiro y SIPE. De eso, sin embargo, hace más de un lustro, sin que se resuelva el problema de fondo.
“ Tenemos información que nos demuestra que debemos hacer cambios urgentes. Esperamos que el diálogo tenga frutos”.
Dino Mon, actuario
Esto ha dado como resultado que muchos de los trabajos contables se hagan de forma manual.
La misma administración de la CSS informó que el escenario tecnológico ha traído como consecuencia la dualidad operativa de sistemas y la no integración de ellos. Y, por ello, se ha hecho necesaria la “intervención humana”.
Otro aspecto importante es el hecho de que el sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) está en manos de la empresa Cable & Wireless, lo que ocasiona inconvenientes porque “dependemos de una empresa para la obtención y gestión de nuestra propia información”, justifica la CSS.
Por otro lado, la presentación de los estados financieros del sistema mixto de pensiones no se ajusta a las normas de contabilidad gubernamental. Además, se le dejaron de computar fondos provenientes de las cuotas que pagan sus afiliados.
Y se ha detectado que al sistema mixto se le han añadido cotizantes que nacieron posterior a su fecha de inscripciones.
La falta de integridad y exactitud de la data se observa por todos lados: faltas en los registros de bienes reposeídos, uso de terrenos sin contrato de arrendamiento y carencia de controles de la flota vehicular.
Jean-Pierre Leignadier, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, recordó que durante años han insistido en que la institución necesita reformas urgentes en su estructura administrativa, en su gobernanza y en su régimen de pensiones.
“Apremia que los intereses políticos y particulares salgan de esta institución”, sentenció.
Leignadier indicó que el sector empresarial está preparado para hacer sus aportes en el diálogo nacional convocado por el Gobierno, en el cual se deben tomar decisiones que puedan garantizar la subsistencia del sistema de pensiones.
“En el caso del IVM, se trata de un tema financiero y matemático, los números no van a engañar. A nivel de estructura y gobernanza se requieren cambios en la manera como se ha administrado la CSS. Eso incluye a la junta directiva; personas que tienen más de 20 años de estar allí y han sido partícipes de alguna manera u otra en la deficiencia que hoy enfrentamos”, puntualizó el líder del gremio empresarial.
En tanto, el actuario Dino Mon, advierte que es importante considerar que aunque las fallas administrativas son graves, no cambian la materialidad de las cifras del subsistema de beneficio definido de pensiones.
Las proyecciones indican que en 2026 el Estado tendría que poner más de $1,000 millones para tapar el déficit y honrar el pago de los jubilados porque ya no habrá reservas de donde seguir cubriendo la falta de ingresos.
Esto se va poniendo peor con los años. En 2029 ya serían $1,800 millones que tendría que poner el Estado. Y para 2031 más de $2,000 millones.
(Con información de Roberto González Jiménez)
