Hoy se cumplen 26 días desde que la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, informó al Gobierno que aceptaba la propuesta económica que eleva hasta un 16% las regalías sobre las ganancias brutas, y no sobre las ventas como está contemplado en el contrato de 1997 declarado inconstitucional en 2018 por la Corte Suprema de Justicia.
Ramón Martínez, titular del Ministerio de Comercio e Industrias, (MICI), comentó que desde entonces se ha trabajado en la redacción de los términos del nuevo contrato, y adelantó que esta fase podría extenderse por dos semanas más.
“Lo que queremos asegurar es que todo lo bueno que negociamos quede en un contrato legal, bien redactado en su forma para que le de protección a la empresa y al Gobierno”, explicó.
Además de elevar desde el 2% actual el porcentaje de las regalías por la extracción de cobre, la empresa aceptó pagar el 25% del impuesto sobre la renta (ISR), así como la retención del mismo cuando se tramiten pagos de intereses y dividendos.
Con este incremento en el pago de las regalías y el ISR, el Gobierno estima que el Estado recibiría cerca de $400 millones anuales, tomando como referencia el precio del cobre en los mercados internacionales.
Culminada la fase de redacción del contrato, el Gobierno realizará una consulta pública en las comunidades cercanas a la mina y posteriormente el documento será sometido a la aprobación del Consejo de Gabinete y de la Asamblea Nacional. Por último, la Contraloría General de la República debe refrendar el contrato.
En cuanto a la propuesta de la también canadiense Broadway Mineral, que el año pasado mostró interés en reactivar la concesión para la extracción de oro propiedad de Petaquilla Gold, Martínez señaló que por el momento no se ha negociado nada.
Indicó que los acercamientos con la compañía han sido esporádicos y considera que es probable que la empresa estuviese esperando los resultados de la negociación con Minera Panamá. Añadió que no es fácil para una compañía asumir la deuda de un proyecto cuando no se tiene una concesión en firme.
Para reactivar la concesión de Petaquilla, el Gobierno pide que la empresa cancele la deuda que el antiguo operador dejó a la Caja del Seguro Social que alcanza los 30 millones de dólares y asumir el pago de las prestaciones de 600 excolaboradores.
