Pese al pedido de varios sectores del país para que se revisaran las condiciones del contrato con Panama Ports Company (PPC), antes de tomar cualquier decisión, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) autorizó ayer 23 de junio la renovación automática por otros 25 años.
A finales de mayo comenzó a circular en las redes sociales un borrador de la resolución que señalaba la extensión del contrato luego de un acuerdo con PPC y el pago de $150 millones al Estado, tras lo cual la directiva de la AMP inició una sesión permanente.
PPC solicitó a la AMP el 8 de enero de 2021 que le certificara la vigencia de prórroga automática por un periodo adicional de 25 años del Contrato-Ley 5 del 16 de enero de 1997 mediante el cual el Estado otorgó la concesión para desarrollar y operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
En febrero pasado la Contraloría General de la República informó que luego de una auditoría la empresa había cumplido con lo establecido en el contrato. Según el resultado de la revisión, la empresa tuvo en 23 años y cinco meses, ingresos acumulados por $4 mil 345 millones y realizó desembolsos por $3 mil 435 millones con una utilidad acumulada de $909.9 millones. En el periodo de concesión la empresa ha pagado al Estado $9 millones, iniciando con $1 millón en 2015. No obstante, el Estado debía haber recibido más de $90 millones correspondiente al 10% de las acciones, es decir, se dejaron de pagar unos $81 millones de los dividendos.
Una de las cláusulas del contrato Ley 5 de enero de 1997 señala que la empresa podía tener la renovación automática del contrato, siempre y cuando cumpliera con lo acordado.
Ayer se adoptó la decisión de renovar el contrato, tras el análisis de los informes de auditoría de cumplimiento de la Contraloría General y de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la AMP, informó la entidad. Además se hizo una revisión documental y análisis de las proyecciones de ingresos al Estado, tras lo cual los miembros de la directiva “de manera unánime” reconocieron el cumplimiento de las condiciones básicas del contrato, y autorizaron al administrador Noriel Araúz a certificar la vigencia del segundo período del contrato de concesión.
Según el desglose de pago acordado, durante la presente administración presidencial se desembolsarán $130 millones en concepto de dividendos, pero no se precisa en el comunicado, si son adelantados y hasta qué año. Además, $20 millones en concepto de responsabilidad social, más $14.4 millones en concepto de tarifas desde el primero de julio de 2019, lo cual totaliza un ingreso de $164.4 millones, el mayor monto que se ha gestionado en las administraciones pasadas durante la vigencia de este contrato.
Igualmente indica que, en este segundo período de vigencia la empresa deberá pagar al Estado en concepto de dividendos un mínimo de $7 millones anuales, “el cual se formalizará a través de la firma de un acuerdo de accionistas y serán revisadas y actualizadas las tarifas por movimiento de contenedores de todas las terminales de contenedores de la República de Panamá las cuales serán efectivas a partir del 2022”. Actualmente, todos los operadores portuarios pagan al Estado $12 por movimiento de contenedor.
Según esas proyecciones de ingresos por tarifas (movimiento de contenedores, muellaje) y dividendos del contrato en mención, se estiman ingresos al Estado, superiores a los $800 millones durante los próximos 25 años, dice la AMP. Según un acuerdo previo con la empresa, el pago por movimiento de contenedor se podrá incrementar hasta $19.
