Diferentes gremios vinculados a la industria de la construcción colocaron sobre la mesa varias propuestas que, desde sus perspectivas, ayudarían a reactivar el sector tras los efectos generado por la crisis de la Covid-19.
El Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda) planteó establecer nuevos mecanismos con el apoyo de la banca para dinamizar la venta de unidades residenciales y espacios comerciales.
Recomiendan, por ejemplo, abrir las oportunidades a clientes que no califican a préstamos bancarios y revisar la ley de interés preferencial.
“Hemos propuestos abrir el abanico de oportunidades a clientes que no califican en un banco. Por ejemplo, los empleados públicos deben tener más de cinco años en un puesto para poder calificar a un préstamo”, término que podría ser modificado a juicio del gremio.
La banca usualmente ha tomado este tiempo de trabajo como una referencia, considerando que los cambios de gobierno implican el reemplazo de muchos funcionarios y no hay continuidad laboral.
Convivienda estima que también se puedan hacer concesiones con los empleados de zonas francas, que no son considerados sujetos de crédito; “con ellos tendrá que existir una nueva relación bancaria y establecerse mecanismos para poder superar la crisis”, sostuvo Elisa Suárez de Gómez, directora ejecutiva de la organización.
La construcción, que tiene un importante peso en la economía del país, es uno de los sectores que más personas emplea.
Al menos 190 mil trabajadores dependen de esta actividad económica, por lo que es vital la capacidad de sobreponerse a la crisis generada por la Covid-19.
En estos momentos, esta actividad se encuentra cerrada, por orden del Ejecutivo, como un mecanismo de prevención para evitar el brote del coronavirus entre los trabajadores.
Otra de las propuestas de Convivienda es revisar la ley de interés preferencial, reformada el año pasado.
La idea del gremio es que puedan aplicar al interés subsidiado a las viviendas cuyo precio se ubica hasta los 180 mil dólares, tal como establece la ley actual, pero incluyendo las unidades que fueron construidas antes del año 2018. Es decir, que se amplíe la aplicación del interés preferencial para aquellas viviendas construidas, por ejemplo, en 2016 o 2017.
Se calcula que en el país hay un inventario de al menos seis mil unidades entre viviendas y locales comerciales disponibles.
Mientras haya un inventario acumulado, la gestión de nuevos proyectos será muy difícil, lo que tendría una grave implicación en los puestos de trabajo, dijo Suárez.
“El sector bancario público-privado y promotores -que son los inversionistas del sector- tienen que trabajar juntos para hacer algún tipo de fondo que ayude a las empresas a seguir trabajando y crear una propuesta para salir de ese inventario”, agregó.
En tanto, la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) plantea estrategias como incentivos fiscales, aseguró Frank Morrice, presidente del gremio.
La construcción, al igual que otros sectores económicos, ha tenido que aplicar la medida de suspensión de contratos a sus trabajadores en medio de la crisis sanitaria generada por la pandemia.
Por ahora, al menos 60 mil obrero están sin trabajar, pero también miles de corredores y promotores de bienes raíces.
El presidente de la Acobir asegura que al igual que muchas industrias, los promotores de bienes raíces no escapan de las afectaciones que ha tenido la economía del país a consecuencias de la crisis sanitaria por la Covid-19.
“Los corredores de bienes raíces no tienen la capacidad de producir, debido a que las compraventas que estaban en un proceso de cierre fueron afectadas”, dijo.
Frente a esta situación, Acobir ha elevado una petición al Ministerio de Comercio e Industrias y al Ministerio de Economía y Finanzas para ser considerada dentro del plan Panamá Solidario como apoyo a los profesionales del sector, dijo Morrice.
Moratoria en alquileres
Por otro lado, el cese de pago de forma generalizada en los alquileres que propone la Asamblea Nacional a través del proyecto de ley 287, debe buscar un equilibrio entre todas las partes, sostiene el presidente de la Acobir.
“No consideramos factible eliminar en su totalidad el pago de las rentas temporalmente por las implicaciones que tienen en la cadena de servicios asociados a los arrendamientos”, dijo.
Esto llevaría, agregó el vocero de Acobir, a postergar las obligaciones y a que los arrendadores incumplan con el pago de un sin número de responsabilidades lo que tendrá implicaciones mayores, como por ejemplo el pago de las cuotas comunes de los P.H.; el deterioro en las propiedades “y en algunos casos puede llevar a los arrendatarios a la incapacidad del pago de las deudas prorrogables a futuro”.
Según Morrice, en la actualidad hay acuerdos que son hasta más beneficiosos para el arrendatario que lo planteado en el proyecto de ley.
