En época de lluvia, los árboles caseros se vuelven un peligro. Cortarlos, por otra parte, es un trámite que puede resultar tedioso, dependiendo de quién atienda.
Compré mi primera casa en 2004. Después de tanto buscar y tanto ahorrar, encontré justo lo que soñaba en Los Ríos, en la antigua Zona del Canal. Una casa grande, con patio, en un lugar lleno de naturaleza y de quietud.
Al principio no dimensioné el problema del patio, pero a medida que pasó el tiempo la cosa se complicó. Resulta que los anteriores dueños habían dejado crecer un caobo en el patio trasero. Era hermoso, para qué negarlo, frondoso. Pero medía como un edificio de seis pisos. Era enorme, una monstruosidad.
El terreno, además, está inclinado, por lo que el árbol no tiene una estabilidad muy buena que digamos. Las raíces y las ramas se habían también convertido en un problema no solo para mi casa, sino para la de la vecina, que siempre me reclamaba por el caobo.
Mientras terminaba la mudanza, el papeleo y demás -asentarme, básicamente- pasó un año. Entonces comenzó el ping pong burocrático. Primero fui al municipio, me dijeron que eso no era con ellos, sino con la entonces Autoridad Nacional del Ambiente -hoy Ministerio de Ambiente-, y allá me dijeron que tampoco era con ellos, sino con el municipio. Cuando por fin logré que me atendieran en serio, en el municipio me dijeron que el permiso costaba $1,500. Eso sin contar la limpieza, de la que me tenía que hacer cargo yo, por supuesto. También me advirtieron que no me podía quedar con la madera, al ser el caobo un árbol comercial. Que si me quería quedar con ella, me cobrarían por pie lineal. Cuando averigüé con el podador, el tipo me cobraba otros $1,500. En total, eran casi $10 mil los que me tenía que gastar para poder deshacerme del árbol. Así que lo dejé así por un tiempo.
Pasaron dos años hasta que se me ocurrió llamar a los bomberos y al Sistema Nacional de Protección Civil. Creo que llamé hasta a los Boy Scouts. Querían que inspeccionaran mi casa y certificaran que aquel árbol era un peligro no solo para mí, sino para la comunidad; que cortarlo no era un capricho mío ni mucho menos, sino lo que correspondía para mantener la seguridad del vecindario. En efecto, los bombero certificaron que era un riesgo para la comunidad. Así que, contenta, fui con ese papel al municipio, donde me recibieron con la misma información de la última vez: si quería cortarlo, tenía que tener unos $10 mil.
Pasaron los años. En 2016 hubo un temporal que tumbó varios árboles cerca de mi casa. Así que supuse que era el momento propicio para volver a tramitar el permiso de tala. Cuando fui al municipio, al igual que años antes, me dijeron que eso no era con ellos, sino con el Ministerio de Ambiente. Esta vez sí estaban en lo correcto. Al llegar me dijeron que el inspector estaba ahí mismo, que si podía lo llevara a mi casa. Fuimos, volvimos, y a los dos días tenía el permiso en la mano, después de pagar $8.
Hace poco conversé con una vecina, que me dijo que estaba en las mismas. Le conté mi última experiencia y me contestó que el trámite había vuelto a pertenecer al municipio, y que tenía ya varios meses de ir y venir sin poder resolver. Ojalá no le ocurra nada en esta época de lluvia y viento.
