El decreto que suspende temporalmente los efectos de los contratos en las empresas, ha generado inquietudes por parte de los representantes de los trabajadores y empleadores del país, en medio de la crisis del coronavirus.
Para el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) “si una empresa no genera ingresos, lamentablemente no puede sostener sus operaciones, no puede mantener sus puertas abiertas y no puede pagar a los colaboradores”, en tanto, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) advierte que “la población trabajadora del país en su mayoría no cuenta con la capacidad de ahorro para sobrellevar una suspensión de los contratos (que implica una interrupción de salarios)”.
El tema es sensible y amerita entendimiento entre las partes para sortear de manera conjunta esta situación, alegan expertos laborales.
Julio De La Lastra, presidente del Conep, reconoce que ante las circunstancias el sector laboral, el sector privado y el Gobierno tendrán que realizar grandes sacrificios.
“Es injusto decir que los empresarios están tratando de aprovecharse de esta coyuntura. Esa no es la realidad, por el contrario, estamos muy preocupados de lo que está pasando. Muchas empresas han acatado la instrucción de cerrar pese a que quieren seguir abiertas, pero lo han hecho como una medida para prevenir y proteger a sus trabajadores”, dijo.
Reitera que el llamado es a la calma. “No podemos decir cuáles empresas se van o no se van a acoger a este reglamento. Nosotros como sector privado también tenemos nuestras consultas de cómo va a funcionar”, añadió De La Lastra.
Por su parte, Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical y vocero del Conato, advierte de la necesidad de que las normas que se tomen en materia laboral protejan a la parte más vulnerable: la población trabajadora.
“Entendemos que el Gobierno intenta, a través de este reglamento, salvaguardar los puestos de trabajo una vez que haya pasado la crisis. Sin embargo, se pudieron adoptar medidas intermedias para mitigar la zozobra de los trabajadores”.
El gremio sindical plantea que el Gobierno tenía que crear medidas más proactivas para facilitar los acuerdos entre los trabajadores y empresarios, a fin de mandar al mayor número de empleados de vacaciones. Además, crear un mecanismo de negociación según la condición de cada sector y no dejar a los trabajadores solo frente a los empleadores. “Eso crea una situación de desventaja”, asegura Gil.
Acciones
Gremios de los sectores comercial y de servicios adoptan medidas para salvaguardar los empleos.
Domingo de Obaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP), dijo que muchas de los empresarios asociados a su gremio mandaron a los trabajadores de vacaciones.
Instó a los empleadores a hacer un gran esfuerzo para apoyar a sus trabajadores.
“La idea es que cada empresario ayude, en la medida que pueda, a sus trabajadores económicamente, durante estos 30 o 45 días. Todos vamos a pasar páramo, porque no vamos a poder pagar los mismos salarios, pero la respuesta no puede ser mandar a la gente a la casa y no pagarle. Eso es totalmente imprudente, inhumano y poco profesional”, dijo.
Aboga porque una vez que esté listo el bono solidario anunciado por el Gobierno, pueda entregarse directamente a los trabajadores o a las empresas que notifiquen al Ministerio de Trabajo todo lo relacionado al personal que integra su planilla.
En tanto, Nadkyi Duque, presidenta de la Asociación de Centros Comerciales de Panamá, añadió que ya muchos comerciantes habían mandado a sus trabajadores de vacaciones por 30 días, mientras que en esta nueva etapa, cada comercio está negociando con sus colaboradores de acuerdo con lo que le permite la ley.
“Necesitamos que las personas se queden en casa. A medida que todos cumplamos durante estos 30 días el aislamiento social, saldremos más rápido de esta crisis”, advirtió.
