La crisis de la Covid-19, llegó en un momento en el que la industria inmobiliaria del país venía registrando una tasa de desempleo de 14%, un inventario de más de 5 mil unidades y una considerable caída en los permisos de ocupación en los principales distritos del país.
Así lo dio a conocer ayer Elisa Suárez de Gómez, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Viviendas (Convivienda), durante su participación en el encuentro virtual Café con La Prensa.
Según la empresaria, entre los miembros de Convivienda existe un inventario de 5,401 unidades nuevas, acumulado desde 2015. Este registro de viviendas podría aumentar al incluir los reportes de otros gremios del sector, así como viviendas con permisos de ocupación pero que al final no fueron vendidas.
La presidenta electa de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) explicó que mientras la industria no pueda mover este inventario de productos terminados, será más lenta la reactivación del sector y la generación de empleos, ya que no se harán inversiones en nuevos proyectos.
Una de las iniciativas que podría ayudar a reducir ese inventario es la ampliación del programa del bono solidario a viviendas con un valor de hasta $70,000. No obstante, para que esta medida sea efectiva, el gremio pide que no se permita, de manera automática, que las viviendas ya construidas con un valor de $70,000 sean elegibles para el bono solidario y no se trate de aprobar una nueva norma constructiva, ya que esto haría que solo las nuevas promociones apliquen para el bono y no las existentes en inventario.
Otras iniciativas que propone la empresaria para abrir el mercado de compra y ocupación de viviendas está incluir a los funcionarios públicos y empleados de zonas francas como sujetos de crédito; incluir dentro de la ley de interés preferencial apartamentos y casas construidas entre 2016 y 2017 (con rangos de entre $120 mil y $180 mil), y oficializar la ley de leasing inmobiliario en Panamá, entre otras alternativas.
Al ser consultada sobre una posible reducción en los precios de las viviendas, dijo que el valor de los inmuebles ha venido bajando desde el 2017, sin embargo, “no van a disminuir los precios a tal nivel que no podamos ni si quiera pagar los préstamos interinos [que dan los bancos a los inversionistas para poder construir]”, recalcó.
Escenario actual
Desde el pasado 24 de marzo, el Ministerio de Salud ordenó la suspensión de las obras de construcción en el sector privado, tras la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus. Esta suspensión -que se mantiene hasta el próximo 26 de julio-, ha frenado el proceso de oferta en la industria, mientras que la desaparición o merma de ingresos entre los trabajadores ha limitado la capacidad de compra de los consumidores.
Según Convivienda, la caída en las ventas en la industria de la construcción es de entre 87% a 90% en lo que va de 2020. “Durante estos primeros seis meses del año no hemos construido ni vendido absolutamente nada”, dijo Suárez.
En el 2019, el gremio registró ventas por $876 millones, lo que representa alrededor de 8 mil 34 unidades. “Estas ventas se dieron a partir del segundo semestre del año y fueron impulsadas por la ampliación de la ley de interés preferencial que se situó en $180 mil por vivienda, lo cual nos ayudó a tener más ventas”.
La industria de la construcción y afines emplea a más de 190 mil personas en el país, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República.
Contracción económica
La caída del sector inmobiliario y de la construcción tiene un efecto importante en el resto de la economía, ya que es uno de los que más peso tiene en la producción nacional.
La crisis provocada por la pandemia provocará la primera contracción del producto interno bruto (PIB) de Panamá desde 1988.
Domingo Latorraca, ingeniero industrial y exviceministro de Economía, estimó que la caída de la economía de este año podría llegar al 4.5% del PIB, una contracción más severa al 2% pronosticado por el Fondo Monetario Internacional y el propio Ministerio de Economía y Finanzas en las primeras semanas de la crisis.
Para el próximo año, el analista vaticina una recuperación de 4%, que llevaría la economía al mismo lugar de 2019.
En la etapa de recuperación será importante el rol de la banca y su capacidad para prestar fondos a empresas y a consumidores finales, coincidieron ambos expositores. Por eso, Latorraca se refirió a la importancia de “no interferir” en este sector y “dejarlo que trabaje con su base de clientes”, en lo que pareció una alusión a la recientemente aprobada Ley de moratoria.
La caída de la producción y la reducción en los ingresos está obligando al Gobierno a recurrir a mayor contratación de deuda para compensar el presupuesto, lo que hará que los indicadores de endeudamiento se disparen este año. Al cierre de 2019, la relación entre la deuda y el PIB superó el 46%. Según Latorraca, al final de este ejercicio podría estar entre 60% y el 65%, y si el año que viene se sigue requiriendo un estímulo fiscal para dinamizar la economía, es decir, mayor inyección de gasto público, se podría llegar hasta un 70%. Si entonces la economía se empieza a recuperar, haciendo un ejercicio conservador, el nivel de endeudamiento regresaría al 50% del PIB en 2030, calculó.
Latorraca dijo que los niveles deuda más elevados “se pueden manejar”, como ya se hizo hace 20 años.
Pero para esto, puntualizó, será primordial que “el gasto público sea eficiente, que no haya filtraciones. No puede haber plata que se pierda”.
Sobre las políticas públicas para salir de la crisis, recomendó que la ejecución sea lo más rápida posible. “Lo que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo cuanto antes. Tenemos que encontrar la manera que las políticas públicas que se han anunciado, que pueden ser positivas, tienen que aplicarse cuanto antes”, como por ejemplo las medidas fiscales o los paquetes de financiamiento hacia el usuario final.
Y una vez que se recupere el ritmo de crecimiento, una vez que se estabilice la situación, la tarea será afrontar reformas estructurales de gran calado, como la educación o la seguridad social.
