La facilitación de la inversión, la promoción de sectores generadores de empleo, el avance del programa de vacunación, la recuperación de la confianza local para dinamizar el consumo y del inversionista internacional preservando la seguridad jurídica y saliendo de las listas discriminatorias son algunos de los elementos fundamentales que marcarán el proceso de recuperación de la economía panameña, según se desprendió del foro “¿Qué tan cerca estamos de la recuperación económica?”, organizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada.
El foro se celebra como una forma de dar seguimiento al paquete de propuestas presentadas por el sector privado al Gobierno para propiciar la recuperación de la economía tras el desplome de 17.9% registrado en 2020.
En lo referente al sector agroindustrial, Roy Rivera, expresidente del Sindicato de Industriales de Panamá, se refirió a la importancia de acelerar trámites para la inversiones en esta industria. Defendió, por ejemplo, que se debería establecer un proceso de aprobación acelerado o un fast track para priorizar las inversiones que están listas para ser ejecutadas y que podrían contribuir al desarrollo de la cadena agroindustrial, uno de los principales generadores de empleo en el país.
El empresario defendió, además, que el silencio administrativo pase de tener un efecto negativo a uno positivo, de manera que si la administración no responde los proyectos puedan avanzar.
Luis Frauca, coordinador de subcomisión del sector industrial dentro de las mesas de trabajo público-privadas que trabajan el paquete de propuestas, dijo que el factor más importante para la reactivación de las inversiones en el sector industrial es la “tramitología”. De hecho, comentó que a partir de sondeos con grupos empresariales se han identificado inversiones por $900 millones para los próximos 18 meses que podrían generar 3,000 empleos directos y 10,000 indirectos.
Frauca dijo que cuando se le preguntó a los empresarios de qué dependía la ejecución final de las inversiones, la respuesta mayoritaria fue que los mayores obstáculos están en los trámites con las instituciones públicas.
Se refirió, por citar algunos ejemplos, a los trámites para la obtención de permisos de construcción, aprobación de planos, validaciones de los bomberos, entre otros.
El representante del sector privado dijo que si no se destraban los trámites no habrá capacidad para reactivar la economía a la velocidad necesaria.
Precisamente en el panel sobre el sector financiero, una de las principales conclusiones que se pueden extraer es que para dinamizar la concesión de nuevos préstamos, un carburante que necesita la economía, debe haber un mayor nivel de actividad en los sectores productivos, lo que se traducirá en mayores ingresos para las familias y los negocios, facilitando así la concesión de créditos, dijeron panelistas como el banquero Moisés Cohen.
Los bancos tienen liquidez suficiente para acompañar a la economía, pero también deben ser cautelosos a la hora de prestar los fondos para proteger a los depositantes, por eso se requiere una demanda calificada.
Una de las propuestas del sector financiero tiene que ver con la creación de programas de préstamos con garantías estatales, una idea avalada por el superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, también participante en el foro.
Ya está avanzada una iniciativa de este tipo con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), específicamente para facilitar créditos al sector turístico.
El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, expuso sobre los distintos programas de créditos que ha trabajado la entidad, entre ellos algunos enfocados en préstamos a pequeñas y medianas empresas.
Carrizo invitó a los bancos del sistema a involucrarse más con este segmento del tejido productivo, ya que “solamente a través de esta red podremos lograr el cometido que es estimular los sectores de la pequeña y mediana empresa”.
Si la inversión nacional es importante para salir de la crisis, también lo es la extranjera.
En este sentido, se trataron temas como la competitividad y la reputación de Panamá.
Uno de los principales desafíos que tiene que abordar el país es la salida de listas de organismos internacionales, situación que resta atractivo al país para las inversiones, además de producir eventualmente aumento de costo de capitales y representar un riesgo potencial para el sector financiero por la eventual pérdida de relaciones de corresponsalía.
El abogado José Andrés Romero señaló que “Panamá necesita proteger y mejorar su competitividad porque es un país ideal para invertir y emprender”. No obstante, esa tarea de fortalecer la competitividad se dificulta si existe un problema de reputación.
Panamá ingresó por última vez en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en junio de 2019, por lo que ya tiene dos años de permanencia en la lista.
En la última evaluación efectuada a Panamá el pasado mes de junio, el GAFI señaló que de los 15 puntos del plan de acción para salir de la lista, el país había completado cinco y otros diez tenían un cumplimiento parcial.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el proyecto de ley 624, que modifica varias leyes del régimen antilavado para solventar algunas de las deficiencias detectadas en las evaluaciones internacionales.
Jorge Castillero, abogado en la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas dijo que una de las deficiencias que se abordan en este proyecto de ley tiene que ver con el acceso de las autoridades competentes a los registros contables de las sociedades.
Consultado sobre la oposición a esta iniciativa por parte de algunos grupos, el representante del MEF comentó que si en el proceso legislativo se modifica el espíritu de la norma, podría no servir para los fines que se persiguen, lo que podría tener un efecto contraproducente en los intereses de Panamá de reforzar su sistema de prevención y salir de las listas.
