Sin los efectos de la Covid-19 sobre los ingresos de la Caja de Seguro Social (CSS) se había proyectado que las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se agotarían en el año 2025, pero cuando se incorporan los estragos de la pandemia, el Departamento Actuarial de la entidad advirtió que el fin se producirá un año antes: en 2024.
Estas proyecciones, hechas desde mayo de 2021, tienen como base el informe de la Junta Técnica Actuarial del año 2019, en el que se observa el deterioro sistemático de las reservas contables o ahorros del IVM, al ser utilizados para tapar el déficit que se produce cuando los ingresos no son suficiente a fin de hacerle frente a los gastos en el pago de las pensiones.
Ese informe actuarial del año 2019 precisó que el subsistema exclusivamente de beneficio definido del régimen de IVM estaba por entrar en una situación de “falta de fondos inminente” si no se tomaban medidas correctivas inmediatas.
El gobierno de Laurentino Cortizo no ha tomado medidas correctivas, aunque anunció la inyección de $190 millones anuales que según su criterio garantizarán el pago a los jubilados.
El presidente, sin embargo, no ha dicho hasta qué momento se garantizaría ese pago, considerando que el programa presentó un déficit de $507.4 millones al cierre de 2020, según información financiera preliminar y aún se desconocen los resultados de 2021. Los déficits son los que están provocando el fin agresivo de las reservas.
“Los aportes anunciados por el Gobierno ayudan, pero no resuelven el problema. Hay que tomar otras medidas”, dijo el economista Felipe Chapman, quien recuerda que la crisis del subsistema de beneficio definido de IVM era anticipable en su flujo de caja desde hace una década.
Pero ni el gobierno de Ricardo Martinelli ni el de Juan Carlos Varela tomaron decisiones respecto a su futuro. Ahora Cortizo anuncia una ayuda superficial a un enorme problema.
A juicio de Chapman, si los aportes de los $190 millones, correspondientes al 50% de los ingresos mínimos anuales del contrato con Minera Panamá al programa de IVM empezarán a llegar desde este año, dicha medida daría apenas unos meses adicionales y no años a la disponibilidad de dinero que habría en las reservas.
“Posterior a eso, el nuevo aporte será insuficiente para cubrir el déficit. Habrá que buscar alternativas”, enfatizó.
Tanto la Junta Técnica Actuarial como el Departamento Actuarial de la CSS, coinciden en que a partir del año 2025 la diferencia entre ingresos y egresos del subsistema de beneficio definido superará los $1,000 millones y no habrá reservas, recuerda Daniel Lombana, representante de los diputados independientes en el diálogo por la CSS.
Entonces, “decirle a nuestros jubilados, que viven en constante zozobra por el incierto futuro de sus pensiones, que con $190 millones los pagos de sus pensiones están garantizados es una falsedad total. No hacer nada no es una opción, pero peor es crear falsas expectativas cuando lo único que se ha hecho es colocar un parche en un agujero inmenso”, sentenció Lombana.
Por su lado, Chapman explicó lo que puede pasar dependiendo de los caminos que se tomen. Por ejemplo, si no se tocan los parámetros, como el porcentaje de cotización, la edad de jubilación, la cantidad de cuotas que se pagan para poder jubilarse o el beneficio de lo que recibe el trabajador al momento de su retiro, lo único que queda es que alguien financie el flujo de caja negativo.
“Lo más usual es que el resto de los ciudadanos que no coticen en el programa lo subsidien”, alertó.
De acuerdo con los cálculos hechos por el economista, en función del flujo de caja proyectado, a todos los que no cotizan en el subsistema de beneficio definido se les podría pedir que aporten $100 al mes a través de nuevos impuestos o el incremento de los ya existentes. “No hay tal cosa como: el Gobierno lo paga. Ese pago lo asumen los contribuyentes de alguna forma”, precisó.
Por otro lado, para evitar una crisis, sin aumentar impuestos, el Estado tendría que sacar el dinero de sus actuales ingresos y sacrificar inversiones, además de reducir gastos corrientes.
“No invertir en carreteras, hospitales, escuelas, aeropuertos y hospitales”, citó a manera de ejemplo el economista.
Chapman hace referencia a lo que algunas voces han visto como salida en el financiar del programa a través de deuda, pero esto significa que en vez de poner un impuesto a los actuales adultos en edad de trabajo, se les imponga un impuesto a los niños que hoy día no trabajan y que deberán pagar la deuda a futuro.
El consultor empresarial René Quevedo recalcó que el modelo de pensiones está agotado, la economía no está generando nuevos empleos y la intervención estatal en el mercado laboral (vía Vale Digital y aumentos en la planilla estatal), aparte de ser insostenible, sólo agrava la situación.
“Como hemos comentado, la peor amenaza que tiene la CSS es la pérdida de empleo formal privado, agravada por la pandemia. Y esto, a su vez, se debe al alto grado de incertidumbre en el clima para la inversión privada en el país, que también alimenta el aumento del empleo informal”.
Ante tales circunstancias, “no existen soluciones sencillas ni inmediatas”, indicó Quevedo.
El economista Felipe Argote habló de una serie de distorsiones que nadie quiere enfrentar, como el hecho de que algunos funcionarios se jubilen con exorbitantes salarios, mientras que para el resto de los cotizantes hay un tope máximo.
Chapman, en tanto, advirtió que con la crisis no atendida oportunamente el mensaje a la comunidad internacional es que “los panameños somos irresponsables”. “Quien nos mira desde afuera no mira a los últimos tres Gobiernos, sino al país como una sociedad irresponsable”.
Se estima que entre el 2020 y el 2029 el déficit acumulado del subsistema de IVM puede alcanzar una cifra cercana a los $7,700 millones.
Con las reservas a punto de extinguirse, los recursos para el pago de las jubilaciones provenientes de la CSS dependerían de fuentes ajenas a la institución o al programa, cuya responsabilidad recaería en las finanzas públicas, alertó la consultora Indesa desde hace un año.
En ese escenario se estimó que el Estado deberá realizar aportes adicionales por un monto de $6,458 millones durante el período 2024 - 2029 para cubrir el déficit.
