Es impredecible saber cuál será el costo económico de la pandemia. Se estima que el producto interno bruto de Panamá caerá 2%, que se perderían unos 400 mil empleos y que el Estado cerrará el 2020 con un declive importante en sus ingresos.
Las proyecciones, sin embargo, dependerán de varios factores: de la contención de la Covid-19, del levantamiento de las medidas de confinamiento, y de las ajustes y decisiones que tome el Gobierno y el sector privado en este momento y en el periodo post pandemia.
Ayer, cuatro banqueros, jerarcas de las entidades con gran peso en el sistema financiero del país, sostuvieron un encuentro virtual para discutir sobre los desafíos que tendrá que encarar el país y la banca para protagonizar la reactivación que tanto se necesita.
Juan Raúl Humbert, vicepresidente de Banco General; Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta ejecutiva de Banistmo; Jorge Vallarino, gerente general de Global Bank, y Ramón Chiari, gerente general de Bac Credomatic, conversaron por más de una hora sobre las decisiones que apremian.
El reto es monumental, advirtieron, pasando por la estructuración y acceso a un fondo de liquidez contingente para que la banca pueda seguir prestando dinero a un sector privado golpeado con pérdidas.
Más importante aún será encontrar la fórmula para que miles de empleadores puedan mantener sus planillas y así contener el crecimiento de la fila de desempleados.
Una parte importante del diálogo se concentró en la necesidad de que las contrataciones estatales se hagan, ahora más que nunca, bajo estrictos criterios de transparencia. Solo así se podrá atraer la inversión que necesita el país, y que a su vez depende del acceso al crédito por parte de la banca.
Sentmat explicó que existe una posibilidad muy interesante para dinamizar la inversión en infraestructura pública a través del mecanismo que propicia el modelo de asociación público-privada (APP), un esquema al que recurrirá el país ante la falta de recursos.
De hecho, el pasado mes de mayo, el presidente Laurentino Cortizo mencionó que el Gobierno trabaja en proyectos a través de las asociaciones público-privadas (APP) y otras leyes contempladas en un plan de acción, que podrían atraer inversiones por más de $5 mil millones.
“La banca necesita seguridad jurídica, transparencia en los procesos, claridad en la legislación, cómo funcionará, cómo se asignarán estos proyectos y cómo van a trabajar las empresas que vayan a participar (...). Es una oportunidad de oro para hacerlo bien. Pero es una oportunidad que si se lleva mal, traerá malas repercusiones en la finanzas públicas y la banca que participa en el financiamiento de los proyectos”, enfatizó Sentmat.
Humbert se unió a esta prioridad, no sin antes enfatizar que es vital y urgente que el sistema judicial funcione: “que eliminar la corrupción no se quede en promesas”.
La reactivación
Humbert, Sentmat, Chiari y Vallarino explicaron lo importante que será concretar a corto plazo el acceso al fondo de liquidez, que según la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) tendrá una dotación inicial de $1,000 millones.
Estos recursos solamente se podrían utilizar para responder ante problemas puntuales de liquidez de alguna entidad. No servirán ni para rescatar bancos con problemas de solvencia, ni como capital de trabajo para incentivar el crédito.
Vallarino recordó que a diferencia de otras plazas, los bancos en Panamá tienen que manejarse con suficiente liquidez ante la falta de un banco central.
“Hoy día se habla de darle recursos al sistema financiero, pero es importante explicar que no son recursos para la banca, sino recursos para que la banca, como un vehículo de financiación, los pueda repartir en la economía”.
En este sentido, subrayó que los bancos deben asegurar que mantienen los niveles de liquidez exigidos para resguardar los fondos de los depósitos de los clientes.
Entonces, mientras no esté disponible el fondo de liquidez contingente, “se nos dificulta ser más agresivos en el otorgamiento de préstamos para dinamizar la economía, porque tenemos que ser más conservadores”, puntualizó.
En este sentido, Vallarino agregó que la crisis actual tiene varias etapas, y la primera de ellas era llevar alivio financiero a los clientes. “Es evidente que hemos dado el apoyo, pero es importante que se ponga atención al impacto que eso tiene en la liquidez de los bancos a futuro. Tenemos que asegurarnos que mantenemos los niveles de liquidez para resguardar los fondos de los depósitos de los clientes”.
Como consecuencia de la paralización de la economía, 39 bancos de la plaza habían flexibilizado más de un millón de préstamos, que suman $26,201 millones hasta el pasado 10 de junio.
Esta cifra representa un 47% del saldo total de la cartera de crédito interno del sistema bancario nacional, según la SBP.
Chiari recalcó que el alivio a los clientes es indiscutible, pero la banca tendrá un rol mucho más protagónico en la era post panademia, entendiendo lo que requieren y necesitan las empresas y la transformación que asumirán los negocios para reacomodarse ante la oferta y la demanda.
Junto a sus colegas, Chiari encuentra que los sectores de alimentos y salud podrán capear la crisis de una forma más rápida, por la misma naturaleza del negocio y la demanda actual.
Las telecomunicaciones, el sector energético, la agroindustria, la minería y un retail, volcado a la tecnología, forman parte de las actividades que los banqueros observan con grandes oportunidades y que tendrán una cuota importante en la reconstrucción económica del país.
En lo que respecta a la construcción, la misma estará liderada por los proyectos públicos, mientras que la dinámica del sector inmobiliario estará marcada por salir del inventario existente, dijo Humbert.
Una idea que se ha barajado para dinamizar el sector inmobiliario es la posibilidad de que el Estado garantice los abonos iniciales de las propiedades que compran los clientes.
Humbert enfatizó que un punto crítico es entender que la reactivación de la economía no es una responsabilidad o un rol exclusivo de la banca.
El año no cerrará con números halagadores, pero a pesar de los resultados negativos, las empresas deben preservar los empleos para evitar que el hueco en la economía sea mayor, enmarcó.
En esta arena Vallarino planteó la posibilidad de evaluar cómo se crea un ambiente jurídico para que las empresas puedan mantener el empleo, mientras el Estado otorga un alivio o incentivos para que carguen con ese costo mientras pierden dinero.
Un entorno complicado, lleno de incertidumbre, pero que al mismo tiempo genera una oportunidad para hacer las cosas con la participación de todos los sectores, respetando la institucionalidad, resumieron Humbert y Sentmat.
