La creación de un registro de beneficiarios finales ayudaría a conocer quienes son las personas que actúan detrás de las sociedades y contribuiría a lograr una mayor certeza del castigo tanto en Panamá como en el exterior. Para la que fuera primera directora de la Unidad de Análisis Financiero, Victoria Figge-Cederkvist, la importancia de conocer a los beneficiarios finales se resume con la palabra transparencia. “Ya la opacidad es del pasado; hoy en día todo tiene que ser transparente”, sostuvo en una conversación con este diario.
Un registro de beneficiarios finales es una base de datos con información sobre las personas que verdaderamente controlan una sociedad.
Panamá aprobó en marzo de 2020 una ley para crear un registro privado de beneficiarios finales, pero a la fecha no ha visto la luz y el Ministerio de Economía y Finanzas ha propuesto una reforma a la ley.
Figge-Cederkvist dijo no entender porqué aún no se ha creado el registro. Señaló que es un tema al que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) presta atención. “Si eso no se hace pronto, no veo con facilidad que salgamos de la lista gris del GAFI”. Además, la que fuera presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) lamentó la falta de juicios y de castigos para los que infringen la ley. “Podemos tener en papel muchas cosas, pero si el papel no tiene resultados, es como si no las tuviésemos”, señaló.
El abogado Carlos Barsallo apuntó que la discusión internacional antes giraba en torno a si se tenía o no un registro de beneficiarios finales. Ahora el foco es si los registros que se tienen funcionan o no funcionan. “Ya los países están un poco más avanzados. Nosotros no hemos salido de la primera base”, sostuvo.
Además de cumplir con los compromisos internacionales, el abogado ha defendido que un buen uso del registro de beneficiarios finales puede servir para prevenir la corrupción local.
En ese sentido, un artículo del Fondo Monetario Internacional destaca la importancia de que los gastos que los países hagan en el marco de la pandemia estén sujetos a medidas adecuadas de transparencia y rendición de cuentas. Entre las medidas que plantea el organismo están la publicación de los contratos, la titularidad efectiva de las empresas que se los han adjudicado, así como informes de gasto asociado a la pandemia y sus respectivas auditorías.
Congreso
Los abogados que constituyen sociedades forman parte del grupo de sujetos obligados no financieros, que tienen por ley una serie de obligaciones para prevenir el blanqueo de capitales. Además, hay otra serie de sectores no financieros que están sujetos a estas obligaciones, entre ellos los bienes raíces, empresas de compra venta de autos, casinos y juegos de azar, joyerías, zonas libres. La Apede organizará los próximos 9 y 10 de junio de manera virtual el Primer Congreso para Sujetos Obligados No Financieros. Figge-Cederkvist apuntó que en el congreso se abordarán las obligaciones que tienen estas empresas, como por ejemplo identificar al cliente, evaluar su nivel de riesgo y reportar en caso de que se produzcan operaciones sospechosas.
Aunque muchas de las obligaciones están vigentes desde 2015, la experta dijo que ha faltado capacitación y ese es uno de los motivos por los que se celebrará el congreso.
