El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas negó a IBT Group Panamá la solicitud de realizar una prueba de oficio a los registros contables y sistemas informáticos de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas.
La empresa quería que se determinara la disponibilidad de presupuesto del Estado entre 2018 y 2020 para la construcción del Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere), en Pacora, en el sector este de la provincia de Panamá.
La solicitud de IBT Group Panamá surge porque el Ministerio de Gobierno (Mingob) le canceló, en enero pasado, el contrato para el estudio, diseño, construcción y equipamiento del nuevo Centro Femenino de Rehabilitación por “reafirmar su desinterés” en finalizar el proyecto, que se había adjudicado por $27.6 millones.
El consorcio Cefere Panamá, integrado por las empresas IBT Group e International Business and Trade, LLC. (ahora denominada IBT, LLC) también quedó inhabilitado por tres años para participar de licitaciones con el Estado.
El proyecto Cefere no sería el primer contrato que esta empresa incumple con el Estado.
IBT Group Panamá mantiene contratos con el Estado para la construcción de cuatro hospitales, dos centros educativos y viviendas, por más de $479.6 millones. Todos inconclusos hasta la fecha.
Tras la decisión del Mingob de cancelar el contrato del centro penitenciario femenino e inhabilitarla por tres años, la empresa presentó un recurso de apelación con 25 pruebas ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
Jacob Esayag, director general de IBT Group Panamá, manifestó que los incumplimientos en el Cefere “se deben a la falta de recursos económicos del Ministerio de Gobierno”.
Según el representante de IBT Group Panamá, el Mingob les debe $1.2 millones en trabajos que no estaban en el contrato y $1.8 millones en facturas presentadas, para un total de $3 millones.
En el recurso, IBT Group también solicitó un peritaje para verificar el impacto que tuvo sobre la obra el sistema “fast track”. Este mecanismo, en el sector construcción, se refiere a un sistema de gestión donde el diseño y la construcción se desarrollan en forma simultánea.
La empresa sugirió que se designara a un perito privado, pero el tribunal optó por solicitar el apoyo a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).
También le negó cinco pruebas entregadas por considerarse “documentos indispensables” para presentar el recurso de apelación.
El Mingob, a través de una carta fechada el 30 de enero 2020, le reiteró al tribunal las razones por las que decidió cancelar el contrato y penalizar a IBT Group Panamá.
Según la entidad estatal, la empresa fue notificada en agosto de 2019 de las intenciones del Mingob de rescindir el contrato por los reiterados incumplimientos y tuvo la oportunidad de presentar sus descargos.
Por lo que el Mingob considera que los nuevos argumentos y pruebas presentadas por IBT en el recurso de apelación son “extemporáneos y vulneran el artículo 129 de la Ley 22 de 2006”.
Según el Mingob, durante los 25 meses de ejecución del proyecto, contados a partir del 7 de junio de 2017, “IBT no ha presentado un cronograma de ejecución de la obra en debida forma, es decir, de manera correcta, coherente y en los tiempos establecidos”.
De conformidad con el último cronograma de ejecución de obra, a la fecha el proyecto debería contar con un 78% de ejecución, pero la realidad de campo demuestra que el proyecto solo presenta un avance del 35%, lo que denota un incumplimiento del 43% de ejecución de la obra hasta el 6 de agosto de 2019.
La empresa IBT abandonó la construcción del Centro Femenino de Rehabilitación el 5 de julio de 2019.
Hospitales inconclusos
El Ministerio de Salud (Minsa) deberá tener en mayo próximo los resultados de la consultoría contratada al bufete Alfaro, Ferrer & Ramírez por $200 mil 625 para definir una posible negociación con IBT sobre el futuro de los hospitales que se adjudicó en Los Santos, Chiriquí, Colón y Darién.
De los cuatros hospitales, IBT solo entregó, en febrero de 2019, el Anita Moreno en Los Santos, pero su funcionamiento es parcial. Los quirófanos no están en operación. El resto de las obras están paralizadas por diferencias con el Estado en los cobros. Las fianzas de los contratos se vencieron a mediados de mayo y julio de 2018.
Esayag manifestó que en conjunto con los abogados que contrató el Minsa están revisando los contratos, aspectos financieros y los avances de obras en campo.
“Por ahora todo ha estado en orden con el Anita Moreno y pronto podremos llegar a un acuerdo con ese proyecto”, dijo Esayag.
El representante de IBT estima que en marzo se podría tener un acuerdo con el Minsa para continuar con los hospitales. “La parte más complicada, que era la contractual, ya se ha avanzado mucho”, dijo.
Por su parte, Rosario Turner, ministra de Salud, manifestó que están evaluando los nudos críticos y la posibilidad que se pueda llegar a un acuerdo con la empresa para culminar los hospitales Anita Moreno y el de Bugaba, en Chiriquí.
La ministra no hizo referencia a los hospitales inconclusos en Darién y Colón, alegando que no puede revelar mayores detalles porque “estas conversaciones apenas empiezan”.
