La ministra de Trabajo, Doris Zapata, reveló ayer en el evento virtual Café con La Prensa, algunos de los puntos propuestos en el proyecto de ley aprobado el pasado martes en el Consejo de Gabinete y que será presentado ante la Asamblea Nacional en los próximos días.
Adelantó que se plantea extender la suspensión de los contratos de trabajo hasta el mes de diciembre, ordenar el pago de la segunda y tercera partida del décimo tercer mes a los trabajadores afectados por la suspensión de contratos y establecer la protección del fuero maternal para las trabajadoras con contratos suspendidos, entre otras consideraciones.
“Es importante entender que estas normativas son transitorias y que la opción de suspensión de contratos, se generó para mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo y empresas activas”, señaló Zapata.
La extensión de la suspensión de los contratos hasta el mes de diciembre fue uno de los puntos en los que no se logró consenso en la mesa del diálogo nacional.
Los trabajadores advirtieron que esto implicaba un cambio en el Código de Trabajo, y en ese punto fueron inflexibles.
Los representantes del sector privado han alegado que esta es una salida temporal para ir llamando de forma gradual a los trabajadores que producto del confinamiento y el cierre de actividades se encuentran con los contratos congelados.
El abogado laboral, Jorge Federico Lee, que también participó como panelista en el foro virtual, reconoce que la suspensión de los efectos de los contratos, aunque es una medida dura, “preserva la existencia de la relación de trabajo ”.
“Desde el punto de vista de los trabajadores, se mantiene la antiguedad, la fuente de empleo y su vinculación con la empresa, mientras que se permite la reivención del talento para el momento en que pueda reiniciar su actividad económica”, señaló.
Manifestó que este tipo de iniciativas ayudará a la supervivencia de las empresas y la preservación de empleos “que debe ser la prioridad máxima de la ecuación, y si no lo hacemos nuestro país se empobrecerá”
Hasta ahora, la paralización extendida de las actividades en el país a consecuencia del brote de la Covid-19, ha impactado a más de 270 mil trabajadores, cuyos contratos han sido suspendidos temporalmente, de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). Unos 27 mil se han reactivado.
Décimo tercer mes
Respecto al pago de la partida del décimo tercer mes para los trabajadores que se mantienen con los contratos congelados, la ministra de Trabajo adelantó que en el proyecto de ley se propone que las empresas que están suspendidas desde el mes de marzo, hagan un pago de reconocimiento (a los trabajadores) para sustituir el décimo tercer mes.
“Hay empresas cerradas que tienen muchas limitaciones, en función de esto hemos hecho esta propuesta”, manifestó Zapata.
El décimo tercer mes, se paga conforme al Código de Trabajo y el Decreto Ejecutivo 19 de 1973, los cuales establecen que se calcula en base al promedio de los salarios devengado durante un período de cuatro meses correspondientes.
“En el caso de las empresas que no han cerrado durante el Estado de Emergencia Nacional deberán hacer los pagos correspondientes como lo establece el Código. En tanto las empresas que reactivaron sus actividades con los bloques 1 y 2 puedan proporcionalmente cumplir con los pagos”, dijo Zapata.
Otro de los temas tratados durante el Café, es la necesidad de agilizar las medidas económicas anunciadas por el Gobierno, las cuales no terminan de aterrizar.
Carlos Araúz, Ceo y fundador de Fidinem Financial Service y vocero de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá (Arbyd), manifestó que el Gobierno tiene que usar los recursos para paliar esta crisis de manera inmediata.
“Sin ingreso y liquidez, la mayoría de los negocios especialmente las mipymes, tendrán que cerrar. En nuestro segmento (bares y restaurantes), el 40% ya ha anunciado que en los próximos 60 días tienen que volcarse al cierre porque no hay espacio para más”, dijo Araúz.
Consultado por otros mecanismos de recuperación, Araúz manifestó que desde el ala empresarial se planteó un programa de garantía soberana que permitirá reanimar el dinamismo económico.
“Lo que se busca con esta propuesta es que el Banco Nacional se anime a prestar a la banca privada comercial para que se reanime la rueda del crédito y haya mayor motivación para que los bancos presten dinero a las empresas. La única condición para que estos apoyos se den desde nuestras perspectivas es que se preserven las plazas de empleos”, dijo Araúz.
Para los empresarios Panamá en medio de tanta dificultad tiene la oportunidad de replantearse, utilizando la capacidad de la relación que tienen los trabajadores y empleadores para rehacer las reglas del juego.