Tras la rebaja de calificación de riesgo soberano del pasado 3 de febrero de BBB a BBB-, con perspectiva negativa, el país quedó a un solo paso de perder el grado de inversión por parte de la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings.
El grado de inversión representa un sello de calidad sobre la capacidad y la voluntad de pago de la deuda de un país o una empresa.
Cuanto más alta sea la calificación, menos riesgoso se considera el emisor y, por lo tanto, es susceptible de captar fondos con menores tasas. Ostentar o no el grado de inversión es particularmente importante, porque hay inversionistas que solo destinan sus fondos a emisores que están en esta categoría.
‘Rating’ de Panamá según las tres grandes agencias
BBB-
Es la calificación asignada por Fitch Ratings a Panamá, el primer nivel dentro del grado de inversión. Por lo tanto, otro descenso supondría perder esa categoría.
BBB
Es la calificación asignada por S&P Global Ratings. Es el segundo escalón dentro del grado de inversión. En noviembre de 2020, la agencia rebajó la nota de BBB+ a BBB.
Baa1
Es la calificación de Panamá en la escala de Moody’s Investors Service. Este es el tercer escalón dentro del grado de inversión.
La calificación del país suele marcar el techo para el resto de entidades públicas y privadas que operan en el territorio. Por eso, a la rebaja de calificación de Panamá le siguieron acciones similares con empresas públicas y con bancos de la plaza.
Si esa rebaja de calificación se traduce en un aumento de los costos financieros para los bancos, esto se trasladará a los préstamos que conceden a sus clientes.
Desde el sector financiero se elevan las voces sobre la necesidad de atender las deficiencias que han provocado la rebaja de la calificación y cerrar las brechas que podrían llevar a perder el grado de inversión.
“ No atenderlo [la crisis de la CSS] es un riesgo enorme que puede ser valorado negativamente por las agencias de calificación de riesgo”.
Amauri Castillo, superintendente de Bancos
Entre los riesgos señalados por las agencias está un deterioro mayor de la economía y de las finanzas públicas, así como el eventual impacto en las cuentas del Estado que puede provocar la crisis del subsistema de beneficio definido del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Siendo un subsistema al que no entran nuevos cotizantes, pero que tiene que asumir el pago de jubilaciones, el programa ya entró en situación de déficit y, si no se toman medidas, verá cómo sus reservas se agotan en 2024, elevando la presión para que el hueco sea cubierto por fondos públicos.
El Gobierno convocó a un diálogo nacional para solucionar una crisis que se va agravando con el tiempo. Aunque se ha valorado positivamente el paso de iniciar una conversación nacional para abordar el tema, lo trascendental será la solución para resolver la falta de sostenibilidad del sistema de pensiones.
“ Cada año que no se haga una reforma estamos más cercanos al evento donde se acaben las reservas y haya más presión para las finanzas públicas”.
Carlos Morales, Fitch Ratings
El superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, señaló a este diario que se debe atender “con urgencia” el tema de la Caja de Seguro Social (CSS). Este “es un riesgo que hay que saber atender en tiempo y forma. No atenderlo es un riesgo enorme que puede ser valorado negativamente por las agencias de riesgo”.
En un reporte reciente sobre los sistemas de pensiones en América Latina, Fitch señaló que las reformas podrían ser relevantes para los soberanos que enfrentan desafíos fiscales y para la resolución de las perspectivas negativas de las calificaciones de Panamá, Costa Rica y Uruguay. En el caso panameño, señala que el avance en las reformas es particularmente importante dado el rápido crecimiento de la presión fiscal que genera el sistema de beneficio definido.
Consultado al respecto, Carlos Morales, director del equipo de soberanos de Fitch Ratings, comentó que “si no se hace nada, si no se aprueba una reforma, aumentarían las presiones sobre las transferencias del Estado hacia este sistema de pensiones” y esto dificultaría el objetivo de reducción del déficit del Gobierno.
En cambio, “si se aprueba una reforma que soluciona el problema y retrasa el momento que se acaben las reservas del sistema, eso podría aliviar las presiones sobre el tema fiscal y señalaría el compromiso del Gobierno por mejorar la situación fiscal, lo cual podría ser un disparador que pudiera mover nuestra calificación”, dijo Morales.
“ Las evaluaciones se van a enfocar en las perspectivas de recuperación económica y cómo los gobiernos van a reducir gradualmente sus déficits con el fin de poder estabilizar sus deudas”.
Livia Honsel, S&P Global Ratings
El analista explicó que están viendo en conjunto la evolución de las cuentas fiscal, que la situación del IVM no sería el único elemento a tener en cuenta, pero advirtió de que “cada año que no se haga una reforma estamos más cercanos al evento donde se acaben las reservas y haya más presión para las finanzas públicas”.
Una eventual reforma de las pensiones sería favorable para resolver la crisis del IVM, pero no despejaría todas las preocupaciones que existen sobre las finanzas públicas.
Morales dijo que “si se aprueba la reforma de las pensiones, pero continuamos viendo un deterioro de las cuentas fiscales y no vemos un compromiso por una senda de consolidación fiscal que lleve a la estabilización de la deuda pública como porcentaje del producto interno bruto (PIB), no necesariamente significaría que estabilizaríamos la perspectiva. Es el conjunto de medidas que se tienen que tomar para fortalecer las finanzas públicas”.
Para Livia Honsel, directora para ratings soberanos y analista líder en S&P Global Ratings, agencia que rebajó en noviembre de 2020 la calificación de Panamá a BBB, la crisis de la CSS, por el momento, no representa un factor negativo para la calificación, pero “hacia delante, si no se toman medidas para reducir las presiones sobre el presupuesto causadas por las transferencias del Gobierno a la CSS [cuando se agoten las reservas], podría tener un impacto en nuestra evaluación del perfil fiscal de Panamá”.
Honsel también mencionó que este no sería el único elemento a tomar en cuenta, sino que se estudia en conjunto con otros factores.
Para la analista, actualmente “el principal gatillo para una acción negativa de calificación sería un deterioro más severo de lo esperado del entorno económico, que llevaría al PIB per cápita a niveles más bajos que en años previos y por un periodo prolongado. Eso, a su vez, podría retrasar la consolidación fiscal del país que tenemos ahora en nuestro escenario base”.
En 2020, las restricciones de movilidad y el cierre de actividades económicas provocaron un desplome del PIB de 17.9%. Esto se tradujo en una fuerte caída de ingresos públicos y, unido a un aumento del gasto, disparó el déficit fiscal hasta un 10.1% y la relación deuda/PIB hasta un 69.8%.
Luego del fuerte impacto de 2020, “las evaluaciones de ahora en adelante se van a enfocar más en el entorno pospandemia, es decir, las perspectivas de recuperación económica y cómo los gobiernos van a reducir gradualmente sus déficits con el fin de poder estabilizar sus deudas”, sostuvo Honsel.
