Hoy debe empezar una etapa decisiva en el diálogo de la Caja de Seguro Social (CSS), o al menos eso se supone.
El 30 de septiembre terminó oficialmente la cuarta fase del proceso que busca presentar posibles reformas a la entidad administradora de las pensiones públicas.
Finalizadas las discusiones en las mesas temáticas de trabajo, sus voceros deben presentar a partir de este 5 de octubre, en las consecutivas reuniones plenarias, las salidas a la crisis financiera, administrativa e institucional de la CSS.
Los representantes del diálogo sentados en la plenaria tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas que se han hecho en las diferentes mesas de trabajo y así presentarlas al Órgano Ejecutivo para una futura reforma legislativa.
El plato fuerte de esta discusión es la posible reforma al sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Sin embargo, el trabajo realizado en las mesas temáticas llegará a medias a los encuentros de la plenaria.
Algunos gremios de trabajadores intentaron incluir en el debate la inclusión de nuevas fuentes de ingresos como aportes de la minería o del Canal de Panamá.
También manifestaron que se podría unificar el subsistema exclusivamente de beneficio definido con el subsistema mixto de IVM, que tiene un componente de ahorro individual.
Pero en ninguno de los casos se llegaron a presentar las corridas con las que se pudieran visibilizar los ingresos adicionales que se estarían proyectando para el IVM y los efectos a largo plazo de tales medidas.
Esto sin contar que tal propuesta desafiaba lo que antes había advertido la Junta Técnica Actuarial de la CSS: unificar los dos sistemas cuadruplicaría el déficit del IVM en el tiempo.
Por su lado, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) presentó un modelo conceptual que se inclina por eliminar por completo el sistema exclusivamente de beneficio definido y migrar a un sistema de ahorro individual estructurado en varios pilares.
Sin embargo, cuando el pasado 30 de septiembre se suponía que se daría el debate en detalle de una propuesta bastante parecida, pero ahora de la mano de la Representante del Sector Formal e Informal, el quórum se rompió.
Representantes de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos (Fenasep), la Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud (Conagreprotsa), el Colegio de Médicos y la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep) abandonaron la sala.
La facilitadora del diálogo dio los nombres de las organizaciones que se habían levantado de la mesa, sin ninguna justificación para “que quede en la historia”, advirtiendo que era una pena que así terminara la reunión del grupo que llegará a la plenaria con cerca de 235 propuestas.
Itzel Chan, en representación del Sector Formal e Informal, entregó el detalles de la propuesta basada en los pilares, advirtiendo lo desafortunado que será llegar sin una discusión de la misma a la mesa plenaria, que estará en sesión de lunes a jueves durante las próximas semanas.
Crisis financiera en el IVM presiona reformas
$1,230 millones corresponden a reservas contables del subsistema exclusivamente de beneficio definido de IVM al cierre de 2020.
$507.4 millones fue el déficit de caja del subsistema al cierre del año pasado.
$1,904 millones se le pagaron a los jubilados en 2020, de acuerdo con los cálculos preliminares de la CSS.
$56.6 millones fue el aumento en prestaciones económicas del programa si se compara 2019 con los resultados de 2020.
La propuesta, explicó a este diario, consiste en implementar un sistema de pensiones basado en la integración y mejoramiento de tres pilares que de alguna manera ya existen en Panamá.
Indicó que dicha propuesta considera un primer pilar solidario no contributivo, el cual debe financiarse con impuestos y es responsabilidad del Estado.
Un segundo pilar obligatorio de ahorro individual sería sostenible y capaz de pagar pensiones según lo aportado.
Y un tercer pilar de ahorro voluntario y complementario, que mejora las pensiones y promueve la participación conjunta de empleadores y trabajadores.
“Esto no implica la privatización de la Caja de Seguro Social ni considera elevar la edad de jubilación actual”, sentenció.
En esto se mostró reiterativa, desestimando la posición de algunos grupos que se han opuesto a la creación de los pilares, advirtiendo “falsamente” que se intenta buscar la privatización de los fondos de las pensiones.
Chan recalcó que la propuesta considera la protección de los derechos adquiridos de todos los pensionados actuales y asegurados activos próximos a pensionarse, que dependen del sistema exclusivamente de beneficio definido, hasta la extinción de sus derechos.
Detalle
En el caso específico del primer pilar solidario no contributivo, se institucionalizaría la protección en la vejez, al otorgar una pensión básica universal por un valor de $120 a los 65 años a todas personas en condiciones de pobreza o vulnerabilidad que cumplan con los requisitos de elegibilidad.
Este pilar solidario, de acuerdo con la propuesta de Chan, en la que participaron representantes del Conep y de partidos políticos, mejoraría las pensiones de aquellas personas que obtengan del segundo pilar una pensión inferior a $255 y que sean elegibles para la pensión básica, a través de un beneficio solidario de hasta un máximo de $120.
Las personas que reciban del segundo pilar una pensión igual o superior a $255, no tendrán derecho al beneficio solidario.
Como este pilar sería financiado por el Estado, se deberán establecer las reservas que garanticen el pago, basado en estudios actuariales. Los beneficiarios actuales del programa 120 a los 65 se incorporarán a este primer pilar.
La segunda columna
El segundo pilar sería contributivo, obligatorio y 100% de ahorro individual.
Propone un traslado automático desde el subsistema exclusivamente de beneficio definido al segundo pilar de contribución definida en el caso de las mujeres menores a 45 años y los hombres menores de 50 años, a quienes se les reconocería lo cotizado con anterioridad, mediante la emisión de un bono.
Además, plantea el traslado automático desde el subsistema mixto al segundo pilar, a quienes también se le reconocerá lo cotizado al componente de beneficio definido con anterioridad a la fecha de traslado, también mediante la emisión de un bono.
Todos los nuevos asegurados a partir de la vigencia de esta reforma, si se llegara a aprobar, ingresarían al segundo pilar.
La propuesta plantea que la administración de este pilar puede ser pública o privada en competencia, de forma que los afiliados puedan elegir a la administradora de su preferencia.
Se aumentaría gradualmente la cotización obligatoria de la cuota obrero-patronal y se establecería un régimen de inversiones con alternativas.
El tercer componente
El tercer pilar es complementario y voluntario, con enrolamiento automático obligatorio por parte del empleador.
Los empleadores estarían obligados a inscribir a sus trabajadores de manera automática a un sistema de ahorro complementario, en el cual el trabajador tendría la opción de salirse voluntariamente.
Por los aportes descontados al trabajador, el empleador pondría una suma igual hasta un porcentaje máximo del salario del trabajador.
Es un sistema similar al implementado en el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap), en el que trabajadores y empleadores del sector público hacen aportes para mejorar la pensión obligatoria.
Se espera que en las reuniones de la plenaria se pueda discutir el documento entregado en la mesa de trabajo de IVM. El análisis de más de 40 páginas incluye corridas en las que se observa cómo se comportarían los fondos en los diferentes pilares, su rendimiento y lo que les tocaría a cada asegurado cuando llegue a la edad de retiro.
Hay quienes calculan que ante la falta de un análisis grupal y un consenso en las mesas de trabajo de IVM, la propuesta de los pilares no sería asumida para futuras reformas. Estaría por verse cómo coexiste el debate técnico y el político.
El modelo del Siacap traza la ruta de lo que podría ser el sistema de pensiones de la CSS
El sistema de Ahorro y Capitalización de los Servidores Públicos (Siacap) es un complemento al programa de retiro de la Caja del Seguro Social (CSS)que funciona con cuentas individuales de propiedad de los afiliados.
El Siacap tiene con más de 517 mil afiliados dueños de más de 824 millones de dólares, de acuerdo con las cifras a julio de 2021.
Los afiliados ahorran el 2% del salario y el Estado les aporta otro 0.3%.
El manejo de este sistema contrasta con la administración de cuentas individuales en el subsistema mixto de la CSS.
El Siacap tiene costos bajísimos de administración, los rendimientos de las inversiones superan los aportes que hacen sus afiliados y se apalanca en una estructura organizacional que ha funcionado.
En el Siacap, los afiliados si pueden ver su estado de su cuenta de ahorro individual, mientras que los cotizantes del sistema mixto nunca han recibido un estado de cuenta de sus fondos.
Para administrar el Siacap se requiere de 37 personas, 8 personas integran el Consejo de Administración.
El sistema se administra mediante la adjudicación de licitaciones públicas para una Entidad Registradora Pagadora y las Administradoras de Inversión dentro de las cuales se encuentra la CSS.
Por su lado, en la CSS la planilla es enorme, con 35 mil 946 trabajadores, de los cuales 45% son administrativos.
La entidad ha reconocido fallas en los controles internos, lo cual podría afectar adversamente la capacidad para registrar, procesar o presentar información financiera consistente en las cuentas de caja, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios o cuentas por pagar.
De allí que en el pasado reciente también se ha hablado de la necesidad de transferir la administración del sistema de pensiones de la CSS al Siacap o a un ente similar, y crear la Superintendencia de Pensiones para supervisar todos los planes.
