Mayor gasto corriente eleva el déficit fiscal hasta marzo

El aumento de los gastos del sector público no financiero, especialmente de aquellos destinados a las operaciones del Estado, provocó un incremento en el déficit fiscal durante el primer trimestre del año.

Los ingresos totales del aparato estatal mejoraron, pero no lo suficiente para evitar que siga creciendo la brecha entre ingresos y gastos.

Al cierre de marzo, según el balance fiscal preliminar publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas en su portal de internet, el déficit fiscal fue de $992.1 millones, un aumento de $158 millones o 18.9% si se compara con los $834.1 millones de déficit registrados en el primer trimestre de 2020.

Los ingresos totales del sector público no financiero sumaron $2,571.2 millones, un 4.2% más que en el mismo periodo del año anterior.

No obstante, el gasto creció a un ritmo superior, al pasar de $3,301.2 millones en los tres primeros meses de 2020 a $3,563.2 millones en el mismo periodo de este ejercicio. El aumento es, por tanto, de $262.1 millones o 7.9%.

Dentro de los distintos componentes del gasto, destaca el crecimiento de las operaciones del Estado, es decir, el gasto corriente, que alcanzó los $2,883.9 millones, un 12% más.

Cuando se pone la lupa sobre el Gobierno Central, denominación que agrupa principalmente los ministerios y que excluye al grupo de entidades descentralizadas, se observa que el gasto corriente aumentó en $246 millones o 13.3% para totalizar $2,092.6 millones.

Dentro de los gastos operativos destacan los $887.8 millones destinados a servicios personales, un 9.2% más que el año anterior, y los $511.4 millones destinados a intereses de la deuda, un 9.6% más.

Mientras el gasto operativo creció, las inversiones o gastos de capital se redujeron. En todo el sector público no financiero se destinaron $679.4 millones a este rubro, una cifra $47.8 millones o 6.6% inferior a la ejecutada en el mismo periodo de 2020.

Los número del balance reflejan, por tanto, mayor gasto corriente y menor en inversiones. El propio ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, ha destacado el crecimiento de los gastos en la planilla, subsidios e intereses en sus últimas intervenciones públicas, mientras que el Gobierno ha sido cuestionado desde el sector privado por no tomar medidas al respecto.

“No hacen contención del gasto para bajar el déficit, bajando el gasto, la planilla, los subsidios. Comencemos por ahí, pero no han tocado un centavo del gasto público para no extender el déficit este año”, sostuvo el economista Olmedo Estrada, consultado por este diario.

Mientras crece el gasto operativo, los mensajes que envía el Gobierno con sus decisiones apuntan a una menor capacidad de inversión, como muestran los aplazamientos de proyectos como el cuarto puente sobre el Canal de Panamá y el reciente anuncio sobre la reducción del alcance en el proyecto denominado corredor de las playas.

Estrada dijo que se necesita una dinámica mayor en las inversiones para estimular el crecimiento económico. Para hacerlo, teniendo en cuenta que el nivel de endeudamiento del sector público no financiero equivale casi al 70% del producto interno bruto (PIB), Estrada sugiere promover más la figura de las asociaciones público privadas (APP), ya creada por ley.

“Si el Gobierno no tiene dinero, démosle la oportunidad a esas propuestas a través de APP, para que ese dinero venga de inversionistas internacionales. Pero si no se buscan, ellos no van a llegar por sí solos. Al no recibir ningún tipo de inyección, vamos a quedar igual o peor”, sostuvo Estrada.

Calificadoras

La evolución de la economía y las cuentas fiscales del país es seguida muy de cerca por las agencias de calificación de riesgo. Entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, las tres grandes agencias internacionales rebajaron la calificación soberana de Panamá en un escalón. En el caso de Fitch Ratings, la nota de Panamá quedó a un solo nivel de perder el grado de inversión.

Las agencias han señalado que para corregir la deteriorada posición fiscal del país tras 2020, se requiere un nivel de crecimiento elevado y un proceso de consolidación fiscal, es decir, de reducción del déficit.

En una reciente conversación con este diario, Renzo Merino, vicepresidente y analista senior del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s Investors Service, recordó que la relación entre la deuda y el PIB al término de 2020 está en un nivel similar al que existía en 2004, y que en aquel momento, en unos cinco años, se consiguió bajar a un nivel de entre 40% y 50%, de la mano de un crecimiento promedio de la economía de 9%.

Por tanto, el analista señala que Panamá ha sido capaz en el pasado de bajar una carga de deuda relativamente alta. No obstante, aunque pronostica que este año el crecimiento del PIB será elevado -entre un 8% y 10%- debido, en parte, al efecto base tras el desplome de 2020; después de 2021 y 2022, el crecimiento se moderaría a un nivel de entre 4% y 5%, un ritmo, por lo tanto, inferior al que ayudó a Panamá a rebajar el nivel de endeudamiento tras 2004.

Por eso es probable que el crecimiento no sea suficiente por sí solo para mejorar la fortaleza fiscal del país y tenga que venir acompañado de esfuerzos de consolidación fiscal.

Consultado sobre el tipo de medidas que se deberían tomar, el analista dijo que el rol de la agencia no es hacer recomendaciones de políticas fiscales, pero sí comentó que, por un lado, los ingresos tributarios del Gobierno de Panamá son bajos en comparación con el resto de América Latina. En el lado de los gastos, aunque la estructura es más flexible que en otros países, por tener una mayor porción en gastos de capital, también destacó que en los últimos años, gastos como la planilla y los intereses de la deuda, han venido creciendo.

Además, Merino apuntó que, a futuro, la situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, si no se resuelve a través del diálogo nacional que se está celebrando, podría crear mayores presiones para el gasto.