El presidente de la República, Laurentino Cortizo, le prometió al país que el 50% de los ingresos mínimos anuales que el Estado obtenga de Minera Panamá serán destinados, a partir de este año, al subsistema exclusivamente de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para garantizar que todos los jubilados reciban el pago de sus pensiones. La medida se anuncia sin dar explicaciones técnicas, financieras o actuariales que permitan medir su alcance.
La movida implicaría una inyección de capital de $190 millones anuales.
Un monto de tal envergadura suena a una enorme inyección de liquidez, pero en realidad no resuelve de ninguna manera la crisis financiera que atraviesa el programa de pensiones, advirtió Juan La Calle, uno de los técnicos que se sentó en la mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS), en representación del sector privado.
“A la gente le impresiona la cifra y de esa manera calman políticamente al país, anunciando además que se aumentará el monto de la jubilación mínima, pero esto es preocupante porque se trata de una medida política para pasarle un poco de liquidez a un programa que ha fracasado”, dijo La Calle.
Para entender lo que realmente sucede en la CSS y el subsistema exclusivamente de beneficio definido de IVM hay que considerar que se pagan $2,000 millones anuales en pensiones.
Estas pensiones se pagan con la cuota obrero patronal que asumen trabajadores y empresas.
La estructura del subsistema exclusivamente de beneficio definido se basa en que la generación que aún trabaja y cotiza, y que forma parte del esquema, paga gran parte de las pensiones de los que ya están en edad de retiro.
Sin embargo, los cambios demográficos hicieron insostenible este esquema.
La esperanza de vida aumentó significativamente y la renovación generacional se fue reduciendo. Esto significa que hay una población adulta que vive por más tiempo y se registran menos nacimientos que a lo largo del tiempo soportan el esquema.
En 2005 se toma la decisión de crear dos subsistemas de pensiones para que los nuevos cotizantes pudieran hacer ahorros individuales para su jubilación, sabiendo que los problemas de fondo que presentaba el IVM de beneficio definido tendrían que asumirse con otro paquete de reformas en el siguiente lustro, pero ningún gobierno hizo nada.
Por eso en el subsistema exclusivamente de beneficio definido no ingresan nuevos cotizantes y todos los años hay más jubilados.
De allí que los ingresos que tiene el IVM no sean suficientes para pagar las pensiones que cada año van en aumento, por lo que se recurre a las reservas o ahorros del programa para tapar el déficit, o la diferencia entre los ingresos y los gastos.
Las reservas se han ido erosionando a tal punto, que desde el año pasado, el actuario Dino Mon consideró que el Estado tendría que aportar entre $700 millones y $1,000 millones a los fondos de lVM, “para que el próximo Gobierno no agarre el sistema totalmente quebrado”, ante la demora del fallido diálogo por la CSS.
A cambio, en este 2022 el presidente Cortizo anuncia de su intención de inyectar los $190 millones y además, el aumento de las pensiones a las personas que reciban menos de $350 mensuales.
Por un lado, esto implica que el subsistema exclusivamente de beneficio definido tendría más egresos, sin que se haya informado a cuánto ascendería la suma adicional de desembolsos que se generará a raíz del alza de las pensiones para ciertos jubilados.
Además, “los $190 millones representan un parche que se le está colocando a un barco que está próximo a hundirse porque tiene un hueco del tamaño de un cráter. Y adicional es un barco que desde su origen estaba mal diseñado”, dijo Pablo Guitérrez, financista, especializado en gestión de riegos y seguros.
“Esto es politiquería barata”, sentenció, considerando que el dinero adicional que se pretende aportar cubre menos del 22% del déficit, contando los cotizantes inactivos al 2023″.
“Lo que toca hacer son reformas paramétricas, un sistema de pilares interconectados y darle la posibilidad de los que están en el IVM exclusivamente migren a un sistema de cuentas individuales para tener pensiones adecuadas, sostenibles y con integridad, basadas en transparencia y rendición de cuentas”, precisó.
Los estados financieros preliminares de 2020, revelaron un déficit de caja de $507.4 millones en el subsistema exclusivamente de beneficio definido.
Las reservas o los ahorros del IVM, que son utilizados para tapar la falta de ingresos ante el alza de los gastos, tuvieron una caída absoluta de 20% al cierre de 2020.
De acuerdo con la data de la CSS, las reservas institucionales del programa pasaron de $1,467.7 millones a $1,170.2 millones entre 2019 y 2020.
A este ritmo, para 2024 no habrá dinero disponible en las reservas con las que se paga parte de las pensiones que anualmente reciben los jubilados en el país, porque los ingresos por cuota obrero patronal son insuficientes.
Y con un déficit de más de $1,000 millones al año, las medidas de Cortizo se esfumarían como agua entre las manos.
Jorge Nicolau, expresidente de Cable & Wireless y consultor, quien ha pasado los últimos años analizando las finanzas del IVM, califica que lo anunciado por el Ejecutivo como una “politiquería baja” sin indicios de un análisis serio.
Desde enero de 2021 advirtió que “el modelo actual está quebrado y no existe posibilidad de pagarles las pensiones a todos”.
