El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, señaló ayer que para este año la entidad que dirige espera un crecimiento de la economía de 9%.
La estimación es similar a la que tienen Fitch Ratings (9.2%), el Banco Mundial (9.9%) y más conservadora que la del Fondo Monetario Internacional, que apunta a un 12% de crecimiento.
Si se cumplen las proyecciones, Panamá será uno de los países de la región con mayor crecimiento en 2021, luego de haber sufrido en 2020 una de las caídas más pronunciadas en la región y en el mundo (17.9%).
Alexander basó el cálculo en el desempeño del Índice Mensual de Actividad Económica, que viene registrando una tendencia ascendente mes a mes desde la mitad del año pasado. Tras un desplome en abril de 2020, el índice registra una tendencia ascendente cada mes, producto de mayores niveles de apertura. No obstante, cuando se compara con los meses previos a la pandemia siempre se observan caídas.
La expectativa es que a partir del segundo trimestre de 2021, el nivel de producción aumente considerablemente al compararse con el mismo periodo de 2020, ya que aquel momento coincide con los primeros meses de pandemia y las restricciones más estrictas.
Alexander hizo hincapié en la importancia de que la apertura económica sea sostenida, y para eso es clave la rapidez con que llegue y se aplique la vacuna. Hasta la fecha, el Gobierno ha comprometido $104.4 millones para un total de 9.2 millones de dosis.
Alexander planteó que además de la vacunación se tienen contemplados apoyos a los hogares, al sector financiero y las pequeñas empresas, así como proyectos de obra pública, algunos ejecutados con fondos públicos, como la expansión de la red de metro, y otros bajo la figura de la asociación publico privada, que implica una inversión inicial por parte del sector privado.
Con todos esos factores, la economía crecerá este año, pero el ministro señaló que solo se alcanzará un nivel de producto interno bruto (PIB) similar al de 2019 en el año 2023, una proyección que comparten las agencias de calificación de riesgo Fitch Ratings y Moody’s Investors Service.
Esto se debe a la fuerte caída de la economía en 2020, que arrastró también a las finanzas públicas.
Diálogo por la CSS
Alexander presentó ayer la situación fiscal y las perspectivas económicas en el Diálogo Nacional por la Caja del Seguro Social (CSS).
El foro trata de encontrar soluciones financieras a la crisis del subsistema exclusivamente de beneficio definido del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). El susbsistema está inmerso en una grave crisis ya que tiene que hacer frente a las pensiones de los jubilados, pero no incorpora nuevos cotizantes.
Esa brecha entre ingresos y gastos amenaza con agotar las reservas, algo que podría suceder tan pronto como en 2024.
La crisis del IVM se discute en un momento en que el Gobierno Central atraviesa por un “problema financiero muy profundo”, como no dudó en señalar el propio Alexander.
La paralización de la actividad económica producto de las restricciones impuestas provocó una fuerte caída de los ingresos corrientes del Gobierno Central, que totalizaron $6,612 millones. Para encontrar un año con un peor registro hay que remontarse a 2011.
Mientras tanto, el Gobierno optó por mantener cierto nivel de gasto para no hacer más profunda la contracción de la economía.
Ese gasto se destinó principalmente a las operaciones del Estado y en menor medida a inversiones.
Alexander explicó que entre 2010 y 2020 el gasto en planilla del Gobierno Central se elevó en $2,332 millones, llegando el año pasado a $3,611 millones, es decir, un 53.1% de los gastos corrientes (ver infografía).
Por su parte, en subsidios se gastaron $2,415 millones, un 36.5% de los ingresos.
En ese gasto de subsidios se incluyen los fondos que el Gobierno Central transfiere a la CSS.
Alexander explicó que el Gobierno es un contribuyente importante de la CSS y que en 2019 alrededor del 14% de los ingresos recibidos por el Gobierno se destinaron a la CSS, así que se podría hacer la analogía de que en ese momento ya el 14% de los aportes del Canal de Panamá estarían destinándose a la CSS.
La caída de ingresos y el aumento del gasto provocó un déficit en el Gobierno Central de $4,886 millones. Para compensar ese déficit se recurrió a la contratación de deuda y la relación entre la deuda del sector público no financiero y el PIB se disparó de un 46.4% en 2019 a un 69.8% el año pasado.
Tanto en 2020 como en 2021, para el que se espera un déficit fiscal del Gobierno Central de casi $4,100 millones, se tendrá que utilizar deuda para pagar gasto operativo. “Es uno de los peores escenarios que nosotros podamos tener”, dijo el ministro. “Es como un hogar que tenga que pedir prestado para comprar comida o pagar la luz y el agua”, añadió.
El ministro justificó la estrategia de elevar la deuda en 2020 y 2021 para hacer frente a la pandemia, pero reconoció que “no es sostenible”. Así, la estrategia a mediano plazo es implementar políticas para que ese nivel de deuda pública se vaya reduciendo y eso pasa por mejorar los ingresos y racionalizar el gasto.
Del cumplimiento de la llamada consolidación fiscal estarán muy pendientes las agencias de calificación de riesgo, que han identificado la crisis de la CSS y la eventual presión en el gasto del Gobierno Central como uno de los factores que amenaza el perfil crediticio, que en el caso de Fitch Ratings está a solo un escalón de perder la categoría de grado de inversión.
