Una amplia moratoria en el pago de servicios públicos como energía, telefonía fija y celular e internet durante cuatro meses podría tener un efecto negativo para las empresas que operan en estos sectores y para la economía.
El proyecto de ley 295, aprobado en segundo debate, propone la suspensión de estos pagos por cuatro meses a todas las personas que se encuentren en las siguientes circunstancias: Que el ingreso sea menor de $2 mil mensuales, que el ingreso familiar haya sido reducido, que a la persona se le haya suspendido su contrato laboral, que haya sido destituida o que no esté laborando por la declaración de emergencia, así como a jubilados y pensionados.
“En la medida que nadie pague, las empresas tampoco van a poder afrontar sus obligaciones con trabajadores y proveedores”, dijo Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
El proyecto de ley 295 fue aprobado en segundo debate la semana pasada, y ahora se desconoce su futuro luego de la suspensión de sesiones en la Asamblea tras la confirmación de casos de coronavirus en la entidad.
Desde el sector privado se instó a la Asamblea a no competir con el Ejecutivo, que se reconoce como el órgano que en este momento de crisis y emergencia nacional debe estar tomando las medidas en materia de salud pública y económica.
En la práctica, en áreas como la energía, las telecomunicaciones y la banca iniciativas públicas y privadas van encaminadas a aliviar la carga para los ciudadanos, especialmente a aquellos que han sentido un mayor impacto económico.
Energía
El Gobierno firmará un acuerdo de solidaridad energética con las empresas que prestan el servicio para un mayor subsidio a los clientes de Edemet, Edechi (Naturgy) y Ensa.
Con este subsidio se incrementará el aporte del Fondo de Estabilización Tarifario (FET) de 30% a 50% para los clientes que consumen entre 0 y 300 kilovatios hora (Kw/h) al mes, informó el secretario Nacional de Energía, Jorge Rivera Staff.
Los clientes que consumen entre 301 y mil kwh al mes, que no tienen subsidio, se les rebajará 30% en la tarifa. Por ejemplo, un cliente que consume 300 kwh al mes paga aproximadamente $60, pero con el subsidio que otorgará el Estado bajaría $30 o $40, dependiendo de la empresa distribuidora.
Este subsidio se daría en los meses de abril, mayo y junio de 2020. En todo el país hay un millón 100 mil clientes que facturan energía.
Rivera Staff dijo que se analizan varias alternativas, pero en este esfuerzo se les está pidiendo a las empresas eléctricas que den “una milla extra” en conjunto con el Gobierno “para balancear las cargas”.
El acuerdo se trabaja con un equipo intergubernamental que lidera la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y se firmaría en los próximos días.
‘Nadie desconectado’
Las empresas que proveen servicios de telecomunicaciones están adoptando planes para seguir atendiendo a clientes que pasan por dificultades económicas porque han visto mermado su ingreso producto de la paralización de la actividad.
“Estamos trabajando en un plan para aquellos clientes y empresas que no puedan pagar sus cuentas por la situación del coronavirus. Habrá una solución para que puedan estar conectados”, dijeron fuentes del sector de telecomunicaciones.
La permanencia y la continuidad de las comunicaciones es fundamental en una sociedad moderna y más si cabe en estas circunstancias. Los hospitales, la Policía, el Gobierno y las empresas que funcionan -muchas en teletrabajo- dependen de las telecomunicaciones.
Para que las operadoras sigan ofreciendo el servicio y puedan mantener a todo su personal trabajando es necesario que quien pueda pagar sus recibos lo haga.
“Si estoy recibiendo mi salario, no voy a dejar de pagar para ser solidario con el que no tiene”, comentaron.
Tasas bancarias
Otro proyecto de ley promovido en la Asamblea que establece medidas ante la emergencia del coronavirus es el número 281.
En este texto, también pendiente de tercer debate, se plantea que el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Bancos deberán adoptar medidas para mitigar, flexibilizar y suspender las obligaciones personales y comerciales de las personas naturales y jurídicas dentro del plazo decretado por la emergencia nacional.
Con el marco legal vigente y luego de la liberalización de una reserva por $1,252 millones por parte del regulador bancario, las entidades de la plaza ya están flexibilizando las condiciones de los préstamos de sus clientes, concediendo periodos de gracia -por regla general de cuatro meses- en el pago mensual de los préstamos, a quienes se hayan afectado por la crisis.
El proyecto de ley 281 también señala que la Superintendencia de Bancos podrá determinar la flexibilización de la tasa de interés a los productos crediticios dentro del plazo de emergencia.
Sobre este aspecto, la Asociación Bancaria advirtió de que las iniciativas planteadas en el texto legal “proponen medidas intervencionistas en la actividad bancaria. Otorgar a la Superintendencia de Bancos de Panamá facultades para decidir sobre posibles moratorias de pago de préstamos o para bajar las tasas de interés, la convertiría en coadministradora de los mismos bancos que regula y supervisa, acabando con la esencial independencia que debe mantener”.
El dinero que prestan los bancos a sus clientes procede de los depósitos de otros clientes y de líneas de crédito que toman a su vez los bancos. Así, las tasas de interés que se aplican en los préstamos dependen de los intereses que los bancos pagan a sus clientes de cuentas de ahorros, plazos fijos, a los tenedores de bonos u otros bancos que son sus acreedores, explicó a este diario Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá.
Algunos bancos pueden acceder a fondos más baratos que otros, y esto se puede ver reflejado en las tarifas que ofrecen, pero lo cierto es que el negocio bancario es de intermediación, porque los fondos que prestan los bancos no son propiamente de ellos, sino de otros clientes o entidades que se los han prestado.
