El país está en una suerte de encrucijada, una situación en la que varios caminos confluyen y están por tomarse decisiones que marcarán el devenir de la nación.
Mientras cede la pandemia del nuevo coronavirus y la actividad económica se va recuperando y los programas de alivio financiero llegan a su fin, así como el periodo para mantener a trabajadores suspendidos, situación que pone presión a unas empresas que necesitan financiación para volver a poner la rueda en movimiento.
Sobre las aspiraciones de recuperación del país se cierne la amenaza cada vez más latente de las listas discriminatorias, algunas de las cuales se están actualizando este mes de octubre.
Las negociaciones sobre el futuro de la Caja de Seguro Social, el Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas”, las reformas electorales y la negociación del salario mínimo terminan de conformar un cóctel que muy bien podría definir cómo será el Panamá del futuro. Los desafíos que encara el país fueron abordados por Jose Ramón Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, en una conversación con este diario.
Reactivación
Tras haberse contraído un 17.9% en 2020, la economía muestra síntomas de reactivación, con un crecimiento de 10% en el primer semestre de 2021. Icaza apunta que la recuperación está siendo impulsada por el sector externo, mientras que hay actividades internas que aún están rezagadas.
El gremio pronostica que este año la economía crecerá 8.1% y que el producto interno bruto volverá a niveles previos a la pandemia en 2023, aunque a algunas actividades les podría tomar más tiempo.
Para dinamizar la economía, Icaza señala como un factor “principal” que se acelere la concesión de préstamos a las pequeñas y medianas empresas y lamenta que los programas aprobados hasta ahora no han fluido como deberían para propiciar la recuperación, en parte porque no hay demanda calificada, es decir, que las empresas no cumplen los requisitos para recibir préstamos.
Para salvar esa brecha, el empresario abogó por revisar de alguna forma los criterios de calificación y llevar a la práctica los consensos alcanzados en la mesa de la reactivación económica, formada a partir de las propuestas presentadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada.
En ella se pactó la creación de un programa multisectorial de garantías o avales por $500 millones. Esta iniciativa aún debe ser estructurada, pero, a juicio de Icaza, podría ser un paso en la dirección correcta. “Durante toda la pandemia, el sector privado ha estado solicitando al Gobierno que se busquen estrategias e iniciativas para poder ayudar a las empresas, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas, para darle continuidad a ese tejido empresarial que existía antes de la pandemia, porque dándole sostenibilidad a las empresas podemos recuperar de una manera mucho más acelerada el empleo”.
Esto, la dinamización del crédito, será clave para mantener empresas y reactivar contratos, teniendo en cuenta que a finales de octubre vence el plazo legal para reactivar a todos los trabajadores suspendidos en pandemia, una meta que, asegura, no se podrá alcanzar, como ya ha advertido recientemente el sector turístico.
Entendiendo que no existen iniciativas en el Ejecutivo o en la Asamblea para extender la Ley 201 de 2021, “todo parece indicar que al 31 de octubre vence el término para la reactivación de todos los contratos y en ese momento entra a regir el Código de Trabajo”.
Las últimas cifras del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral señalan que al 31 de agosto había 101,535 contratos suspendidos, es decir, el 36% de los más de 284,000 que fueron puestos en pausa por la pandemia.
Dependiendo de la capacidad de las empresas, habrá que tomar decisiones sobre el futuro de los contratos reactivados: si se incorpora el trabajador, se termina la relación o se llega a un acuerdo sobre algún tipo de licencia.
Este año, además, se espera la revisión del salario mínimo que regirá para los próximos dos años, una variable que está directamente ligada a la capacidad de generación de empleo. Icaza señaló que “va a ser un reto que se llegue a un consenso en la mesa y seguramente el resultado tendrá que darlo el Gobierno, como ha sucedido otros años”.
El sector público crece
Mientras las empresas siguen pasando dificultades y haciendo ajustes, Icaza cuestiona que, en contraste, las entidades del gobierno estén aumentando el presupuesto, entre ellas la Asamblea Nacional, cuando lo que se ha pedido es austeridad.
Esto genera frustración entre la ciudadanía, porque “el presupuesto general del Estado se paga con los impuestos que pagamos todos los contribuyentes y vemos que no se hace un uso adecuado de nuestros impuestos”.
El aumento en gasto corriente y en la planilla limita el espacio para las inversiones. En ese sentido, el gremio defiende que se dé prioridad a proyectos pequeños que se puedan licitar y poner en marcha de manera ágil y se enfoquen en la rehabilitación y mantenimiento de infraestructura educativa, sanitaria, de agua y vial. “Hemos escuchado el clamor ciudadano y las quejas de la situación de la red vial de nuestro país y hemos visto a un ministro [Rafael] Sabonge a la defensiva, cuando deberíamos todos reconocer que ha habido poco mantenimiento de la red vial en los últimos años y es evidente por la cantidad de huecos que hay”.
Listas e instituciones
Las aspiraciones de recuperación del país se pueden ver lastradas por la permanencia en listas discriminatorias, como la de la Unión Europea y la del Grupo de Acción Financiera.
“Uno de los grandes riesgos para la economía son las listas discriminatorias”, dijo Icaza, ya no solo por estar en ellas y por el impacto en la reputación, sino por las medidas que puedan adoptar los países, como ha hecho Alemania, para desincentivar la inversión y las relaciones de sus empresas con Panamá.
“Poco a poco se nos van cerrando oportunidades y esas oportunidades tienen una repercusión en el crecimiento económico sostenible del país. Mantenernos en listas pone en riesgo corresponsalías bancarias, lo que afecta al comercio internacional y no nos podemos dar el lujo de que eso suceda”, planteó.
Además de adecuar el marco legislativo, lo que se está tratando de hacer a través del proyecto de ley 624, Icaza pidió que se implementen las leyes aprobadas, se refuerce la capacidad de la Superintendencia de Sujetos No Financieros y se garantice la certeza del castigo y la seguridad jurídica. “Los organismos nos critican que no ha habido suficientes sanciones a las personas que han cometido un delito”, recordó.
El empresario señaló que, en materia de institucionalidad, no ha habido avances y en algunos casos se denuncian retrocesos. Dijo que están a la expectativa de la mesa del Estado Justo y Ético del Pacto del Bicentenario, donde se discuten las propuestas de reformas a la Constitución del país. “Esperamos que producto del Pacto del Bicentenario, salgan consensos y sea el presidente [de la República] quien lidere y abandere estos acuerdos y los lleve a ejecución”.
En materia de justicia, recuerda que en octubre se conocerán dos nuevas designaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y habrá otra al final de esta administración. “Ese puede ser uno de los grandes legados en el tema de institucionalidad: dejar nombrados magistrados con trayectoria comprobada, reputación intachable y con suficiente conocimiento y experiencia en el ramo que van a ocupar dentro del Órgano Judicial”, apuntó.
En el tema de las reformas electorales que se debaten en la Asamblea Nacional, dijo que el gremio solicitó un alto a la discusión después de que uno de los principales actores, el Tribunal Electoral, abandonara la misma. “Fue una lástima que no se respetara lo consensuado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Históricamente, lo que sale de la comisión no pasa en los debates sin ser modificado. Hay ciertas modificaciones y la comisión y la ciudadanía lo reconocen”. En este caso, sin embargo, la forma cómo se modificó, haciéndolo de una manera tan amplia, fue lo que propició las protestas ciudadanas, apuntó.
Para Icaza, existe una creciente frustración e indignación tanto en la ciudadanía en general como entre empresarios, y reclama “un golpe de timón por parte de los gobernantes”, no sólo en referencia al Ejecutivo, sino también a la Asamblea Nacional.
“Tienen que escuchar a la gente. El nivel de desempleo está en 20% y en aumento y la gente no quiere seguir viviendo de un subsidio. La gente quiere trabajar, quiere regresar a sus plazas de trabajo, reabrir sus empresas y que sus hijos regresen a las escuelas”, sostuvo.
