Generar espacios libres de miedo para las mujeres o personas con identidades de género diversas al interior y en las zonas colindantes con los proyectos civiles y de infraestructuras no es una aspiración altruista, es un derecho que debe ser prioritario en la agenda de los ciudadanos, trabajadores, contratistas y autoridades.
El 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una buena razón para poner en la agenda una problemática que va más allá de la violencia intrafamiliar.
En América Latina y el Caribe, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, del total de la población ocupada en la construcción el 96.3% son hombres y el 3.7% mujeres; mientras que, del total de ocupados en las distintas ramas o sectores de actividad económica, solo el 0.7% de las mujeres están trabajando en la construcción en comparación al 11.7% de los hombres.
Entre los potenciales riesgos de violencia de género identificados en una publicación de CAF -banco de desarrollo de América Latina-, que se pueden generar en los emplazamientos, campamentos, talleres, oficinas administrativas, frentes de obra o en las áreas de influencia, se destacan: acoso sexual callejero, discriminación laboral, perjuicios sobre el patrimonio, trata de personas y explotación sexual comercial, matrimonio forzado y embarazos no deseados, entre otros.
“La relevancia de abordar la violencia de género en los proyectos de infraestructura reside en que las obras pueden constituirse como espacios donde esta se puede ejercer tanto al interior de la obra contra las trabajadoras como hacia mujeres y personas con identidades de género diversas que viven o trabajan en las inmediaciones o transitan por las cercanías de la obra. Por lo tanto, hay que prevenirla a fin de garantizar el bienestar de las mujeres y la inclusión de más mujeres en un ámbito económico fuertemente masculinizado”, señaló Edgar Lara, Coordinador de Inclusión Social y Género en CAF, y autor del informe.
La Organización Mundial de la Salud evidencia que la violencia de género genera consecuencias en la salud mental, física, sexual y reproductiva de las mujeres y niñas.
En el informe de CAF se identifican diversos factores que podrían incidir en el riesgo de género de los proyectos de obras públicas como el tipo de obra y sector al que pertenezca, las características socioeconómicas de las comunidades circundantes, el área geográfica, la presencia de trabajadores migrantes, el desconocimiento de la legislación, así como las circunstancias individuales, relacionales, comunitarios y sociales presentes en el personal administrativo, de obra y en la población aledaña.
“La prevención constituye la principal estrategia para minimizar los riesgos de violencia de género en los proyectos de infraestructura, especialmente en la fase de desarrollo, por lo tanto, se sugiere que los entes rectores de obras públicas, unidades ejecutoras y subcontratistas definan medidas, protocolos o políticas para prevenir y atender la violencia de género. Por ejemplo, los mecanismos para el adelanto de la mujer (ministerios, secretarías e institutos) suelen ofrecer servicios de asistencia técnica y capacitación en materia de prevención y atención de la violencia de género”, añadió Edgar Lara.
Un buen ejemplo es el portal web “Mujeres en Obra”, creado en 2020 por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, la Bolsa Nacional de Empleo y otras instancias del gobierno de Chile para incrementar la participación de las mujeres en la construcción. También las ordenanzas de las municipalidades de Lima, en Perú, que previenen, prohíben y sancionan el acoso sexual en espacios públicos, en establecimientos comerciales o en los frentes de obras.
La identificación de posibles riesgos de violencia de género debe estar en la planificación de todo proyecto de infraestructura, esa es la mejor forma de prevenir, asignar presupuesto y darle la relevancia que amerita para que desde los ministerios, contratistas e interventores se apliquen medidas que sean promovidas por los líderes y respetadas por todos actores involucrados. Con compromiso y ejemplo se puede cambiar una mala costumbre que afecta al sector.
El autor es ejecutivo principal de comunicación en CAF
