El sector público y privado han tejido una hoja de ruta para la reactivación del mercado eléctrico, que entre sus propuestas incluye la racionalización del subsidio estatal, en el marco de la revisión de la política energética del país.
Por lo menos ocho recomendaciones relacionadas con el sector eléctrico fueron consensuadas dentro del paquete de las 47 propuestas que entregó el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) al presidente Laurentino Cortizo, las cuales tienen como fin la reactivación de la economía.
En materia energética se aprobaron varios temas, por ejemplo: buscar un mecanismo para la racionalización de los subsidios en el sector eléctrico, especialmente el relacionado con la ayuda extraordinaria que se da a los clientes a través del Fondo de Estabilización Tarifaria, por la pandemia de la Covid-19.
La idea es tomar la experiencia aprendida con el vale digital, para focalizar el beneficio hacia los clientes de las distribuidoras que realmente lo necesitan, detalló Oscar Garcia Cardoze, consultor del PNUD para el Ministerio de Comercio e Industrias, durante el foro de energía de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.
El gasto en subsidio eléctrico alcanzó los $254 millones en 2020.
Otro tema relacionado con la racionalización es verificar el descuento que se otorga a los jubilados, ya que existen casos en los cuales algunas personas pudieran estar recibiendo descuento en la tarifa en más de una residencia.
Igualmente se propuso extender el uso del vale digital para el pago de morosidad por el servicio de energía.
También se valoró como un paso vital mejorar la competitividad de los precio de la energía, la reactivación de algunos proyectos de gas natural como el de NG Power, que aunque fue resuelto a través de la venta a Generadora Gatún, se creó una subcomisión público-privada para que discuta en detalle las decisiones que se deben adoptar con otros proyectos pendientes, para que no se repitan situaciones en las cuales las obras quedan empantanadas.
Otras de las propuestas es el fortalecimiento de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), algo que se haría a través de la creación de una instancia de apelación a las decisiones para desincentivar el envío de reclamos a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, donde se manejan plazos muy extensos para su resolución.
De la misma manera se propone acelerar el programa de transición energética, un tema que ya desarrolla la Secretaría Nacional de Energía.
En cuento a la generación eléctrica se recomendó que ASEP contrate una consultoría internacional para que aprenda de las mejores experiencias en otros países.
Sobre el pago de la deuda relacionada con la moratoria a las empresas eléctricas, una propuesta fue que el Estado garantice hasta el 20% de la deuda, que en el momento de la discusión se estimaba en $36 millones y que correspondería a unos $9.2 millones de aporte estatal. Aún se debe definir el mecanismo financiero, que pudiera ser un fideicomiso, dijo García Cardoze.
La última propuesta es el desarrollo de la cuarta línea de transmisión entre Bocas del Toro y Panamá a través de una Asociación Público Privada. Este proyecto está en el periodo de contratación del estudio de impacto ambiental.
En las 47 propuestas del sector privado se incluyeron, además del tema de energía, otras áreas como agricultura, industrias, finanzas, construcción, sector agropecuario y turístico.
Una comisión de cumplimiento de la Presidencia le dará seguimiento a cada una de las recomendaciones.
