Los 716 exsocios de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar), que en 2012 decidieron participar como una agrupación colectiva en la propuesta del negocio de cultivo de plátanos del empresario David Ochy Diez, hoy enfrentan una multiplicidad de problemas que comprometen sus tierras.
Una deuda pendiente con la Cooperativa de Servicios Múltiples San Antonio, R.L (Cacsa), así como morosidad en el pago de cuotas a la Caja de Seguro Social y divisiones a lo interno de la organización son parte de la realidad bajo la cual opera la Asociación Agraria de Transformación de Barú (Astbarú).
La crisis se hizo visible cuando un grupo de Astbarú protestó el pasado lunes por varias horas en el cruce de Manaca Norte, Barú, para pedirle al Gobierno que interfiera y les apoye con una solución para resolver el problema con los terrenos.
La historia comenzó en 2012 durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli cuando se decidió repartir los terrenos que había desocupado la empresa bananera Chiriquí Land Company entre 2 mil 226 socios de Coosemupar. De ese total, 1,510 productores prefirieron trabajar la tierra individualmente, a razón de una hectárea por trabajador, mientras que 716 se fueron por la opción colectiva con el proyecto de la empresa Panaplátanos, de Ochy.
En aquel momento Ochy conquistó a los exsocios de Coosemupar, asegurando que adecuaría esos terrenos para ponerlos a producir. Se pretendía procesar desde marzo de 2013 de cuatro a cinco contenedores de plátano diarios, con capacidad para 960 cajas a un valor de $20 en los mercados de Estados Unidos, Canadá y España. En un año facturarían cerca de $18 millones.
La promesa del acuerdo con Ochy se fundamentó en que después de cinco años los trabajadores iban a recibir dividendos de las ganancias que se generaran por la producción y venta de plátanos, pero esto no se concretó. Los representantes de Astbarú aseguran que después de tres años Ochy comenzó a “desaparecerse” y la actividad quedó huérfana, sin que se cumpliera con el compromiso de pago de dividendos.
David Ochy mantiene un caso por presunto peculado en el diseño y construcción de la Autopista Arraiján-La Chorrera; y es parte de los investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en el caso New Business.
Frente a este panorama, los socios de Astbarú, de los cuales el 90% son indígenas, comenzaron a trabajar las plantaciones.
Mientras tanto, 518 hectáreas de los terrenos aparecen como respaldo de un préstamo por 764 mil dólares que la directiva de Astbarú pidió a Cacsa y que supuestamente se utilizaría para instalar una planta para procesar plátanos como snacks, la compra de fertilizantes y otros. El proyecto no se concretó y algunos socios de Astbarú piden cuentas sobre el uso del dinero a la directiva formada por los propios trabajadores. Aunque en la protesta del lunes solo estuvo un grupo minoritario, la crisis afecta a todos los socios de Astbarú porque reciben de pago apenas $40 o menos por 15 días de trabajo.
Otra de las alertas que ha salido a relucir es que Panaplátanos, de Ochy, no aparece como empresa en el Registro Público, y todos los compromisos y responsabilidades han recaído en Astbarú, mientras se desconoce del empresario.
El abogado Joel Lezcano, representante en varios de los procesos legales de Astbarú, dijo que hay un liderazgo compartido entre dos grupos de la organización por diferencias internas.
“Ellos siempre han solicitado apoyo al Gobierno para resolver la situación financiera que tienen”, dijo Lezcano. Sin embargo, muchos de esos casos se encuentran en procesos judiciales.
Desde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario informaron que la entidad escucharía la problemática que enfrenta Astbaru, pero hasta el cierre de esta edición se desconocía si hubo alguna reunión o encuentro con los dirigentes bananeros.
Todo ello ocurre mientras las plantaciones de plátano en Barú sufren por la sequía, falta de fertilizante y pocas posibilidades de tener una buena cosecha.
