El Estado panameño mantiene una tensa disputa legal con la constructora Omega Engineering y su presidente Óscar Rivera, empresario puertorriqueño que inició en 2016 un proceso de arbitraje internacional contra el Estado panameño.
La compañía reclama $81.58 millones por supuestos daños y perjuicios causados por el Gobierno de Panamá, pero la cifra podría ser superior ya que solicita además el pago de intereses. Tanto el Gobierno panameño como la empresa estiman que, sumados los intereses, la cantidad podría superar los $100 millones.
Omega Engineering es la compañía que estuvo investigada judicialmente por supuestamente haber efectuado pagos ilegales a cuentas vinculadas al exmagistrado de la Corte Suprema Alejandro Moncada Luna, que fue condenado a prisión tras declararse culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsificación de documentos.
El arbitraje fue interpuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Grupo Banco Mundial. La empresa invoca en el arbitraje el tratado de protección de inversiones y el Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Estados Unidos.
Uno de los argumentos de la defensa del Gobierno panameño es que el Ciadi no tendría competencia como tribunal arbitral en este caso. “Una inversión promovida incumpliendo la ley del país receptor o incurriendo en prácticas corruptas no puede ampararse en la convención que creó el Ciadi. En otras palabras, solo son objeto de protección aquellas inversiones hechas cumpliendo la ley del país receptor y que no hayan incurrido en prácticas corruptas”, comentó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El MEF sustenta que durante el juicio a Moncada Luna “se estableció de manera fehaciente que Omega Engineering aportó dineros que el exmagistrado usó para comprar dos apartamentos en Coco del Mar, que le fueron comisados en el acuerdo de pena... El ex magistrado entró en posesión de esos dineros después de que autorizó el pago de un adelanto en el contrato de Omega Engineering”.
‘Una campaña de acoso’
La empresa niega su implicación en los actos corruptos ligados a Moncada Luna y asegura que a pesar de la apertura de tres investigaciones, ni la empresa ni su principal representante han sido acusados formalmente de cargo alguno.
La compañía enmarca las investigaciones judiciales y la paralización de sus proyectos en Panamá en una supuesta campaña de acoso orquestada por el expresidente Juan Carlos Varela.
Rivera relata en sus reclamos que en 2012 Juan Carlos Varela le solicitó una contribución a su campaña de $600,000. Esta petición se habría producido en una cena en el restaurante La Trona. Al negarse a hacer la contribución, Varela habría acusado al empresario de apoyar a Ricardo Martinelli y le advertiría de que muchos de los proyectos de Omega no habrían concluido cuando cambiara la administración gubernamental de Martinelli.
Este incidente fue motivo de varias conversaciones de Whatsapp del expresidente Varela, según se puede constatar en el portal Varelaleaks. La entonces ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, compartió con el expresidente un documento en el que la firma de abogados que representa a Panamá consulta sobre los señalamientos de Rivera.
“Qué locura este tipo. Yo contestaré todo. Esto es falso. Él salió huyendo porque tiene un caso penal con temas de la CSJ [Corte Suprema de Justicia]”, habría contestado el expresidente.
También hubo un intercambio al respecto con la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell.
Varela le planteó el caso a la procuradora y volvió a decir que era falso que había solicitado una contribución de $600,000 al empresario puertorriqueño. Dijo que necesitaba la “información penal” para defender al Estado. La procuradora, que presentó la renuncia al cargo tras filtrarse sus conversaciones con Varela, mantuvo en la conversación que “esa narración es absurda porque si el pedido fue en campaña todos los candidatos pueden buscar donantes”.
En su contestación formal al Ciadi, Panamá señala que “no hay evidencia creíble de que esa solicitud ocurriera... Además, los testigos confirman que nunca se solicitó o se dirigió a los ministerios para que tomaran acciones contra la empresa”, algo que habría sido necesario en caso de existir una campaña orquestada.
Los proyectos
Durante la administración de Ricardo Martinelli, las empresas lideradas por Rivera se hicieron con 10 contratos por un valor total de $156 millones.
Dos proyectos con el Aeropuerto Internacional de Tocumen habrían sido entregados y los otros ocho son objeto del arbitraje.
Entre estos proyectos figuran tres centros de atención primaria del Ministerio de Salud, el Mercado Público y la Municipalidad de Colón, la Ciudad Judicial en La Chorrera y mercados municipales en la provincia de Panamá.
El más cuantioso de todos los proyectos fue la Ciudad de las Artes, un contrato firmado con el Instituto Nacional de Cultura (Inac) en 2012 por un monto de $54.5 millones.
La empresa señala que el contrato estaba avanzando adecuadamente durante la administración de Ricardo Martinelli y que cuando entró la administración de Varela “todo cambió y el Consorcio Omega dejó de recibir pagos por el trabajo completado en la Ciudad de las Artes”, antes de que el Inac rescindiera el contrato e inhabilitara a la compañía, desenlace que fue “fatal para la supervivencia de la empresa como inversionista extranjero en Panamá”.
La versión del Gobierno dista mucho de la presentada por la empresa. Según la resolución en la que se ordenó la rescisión del contrato, la empresa encargada de inspeccionar el avance de la obra señaló que la empresa “ha incumplido sin justificación alguna el contrato citado al mantener un significativo retraso en los principales componentes del proyecto”. Además, Omega habría hecho “caso omiso a los llamados de atención, recomendaciones y observaciones” efectuadas por la empresa encargada de la inspección. Por último, el informe da cuenta de que el Consorcio Omega abandonó y suspendió los trabajos.
Sobre los pagos, la resolución del INAC señala que los certificados de cuentas de pago parcial autorizados al consorcio hasta abril de 2014 ascendían a $21.5 millones, lo que equivalía al 39% del contrato, mientras que la ejecución en campo de la obra era de 24%, con lo cual la empresa tendría un flujo a su favor y por lo tanto no habría justificación para prescindir del personal y terminar paralizando el proyecto.
La última diligencia de este largo proceso se produjo el pasado 18 de noviembre, cuando Panamá presentó al tribunal arbitral un nuevo memorial como respuesta a otro presentado por los demandantes. Ahora, el tribunal deberá analizar las posiciones de ambas partes antes de emitir una nueva orden en este proceso.
