Panama Ports Company (PPC), empresa mixta en la que el Estado es dueño del 10% de las acciones, además de explotar los servicios del movimiento de contenedores en los puertos de Balboa y Cristóbal, también logra ingresos millonarios por el alquiler de terrenos y bienes a otras compañías que operan dentro del área de concesión.
El mayor número de estas empresas que han subarrendado espacios a PPC está en la costa atlántica, en isla Telfers, cerca del puerto Cristóbal; mientras que en el Pacífico, el subarrendamiento es inferior, pues la mayor parte del espacio lo ocupa la ampliación del puerto Balboa.
El contrato firmado en 1997 entre el Estado y PPC fue otorgado para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal. En este documento se mencionan las áreas de Telfers y Diablo como “la extensión futura”. No se precisa si se puede subarrendar.
Ni PPC ni la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) respondieron a este diario a cuánto ascienden los ingresos que genera esta actividad en el área concesionada al operador portuario.
A través de información suministrada por expertos del sector, y verificada con algunas empresas, se supo que, por lo menos, cinco compañías tienen contratos de subarrendamiento con PPC en el área de concesión de Cristóbal.
En isla Telfers, que tiene frente de mar, hacia el Atlántico, y a poca distancia de Cristóbal, está instalada la planta de gas natural de AES Colón, que paga a PPC por el alquiler de 20 hectáreas de terreno y otras 10.3 hectáreas en frente de agua, donde opera la generadora eléctrica que, además, incluye el tanque de almacenamiento y un muelle para barcos metaneros.
También se ubica la empresa Depsa, que opera el muelle 16 de Cristóbal, para descarga de la materia prima importada utilizada en la industria avícola, porcina y ganadera del país, como maíz, harina de soya, frijol de soya y destilado de maíz.
Igualmente, opera en esa zona la empresa de almacenamiento de combustible Telfers Tanks; una empresa que ofrece servicios de incineración de desechos y la empresa Cemento Chagres.
Consultada sobre esta actividad, PPC defendió el derecho a otorgar en alquiler estos terrenos, de conformidad con el contrato. Afirma que estos ingresos son parte de los ingresos totales de la empresa y de estos salen utilidades de las cuales al Estado le corresponde el 10%.
Según abogados y técnicos del sector, el Estado debía alquilar estos terrenos directamente o, en última instancia, recibir el 10% de los ingresos del alquiler, porque se trata de un patrimonio de los panameños en el que la empresa no está aportando ningún valor agregado.
Es parte del desequilibrio que se le señala a este contrato que se vence en enero de 2022 y que, según una resolución de la junta directiva de la AMP, se extendería por otros 25 años o hasta 2047.
Esta resolución fue demandada en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, donde espera decisión. Para los expertos, muchos de esos derechos que se le dieron a la empresa en ese contrato fueron con base al compromiso que PPC adquirió de pagar un canon anual fijo de $22.2 millones, y otro variable del 10% de los ingresos brutos de todas las actividades de la empresa, además de los dividendos del 10% de las acciones.
Los dos primeros fueron eliminados de un plumazo con la resolución 14, que aprobó en 2002 la entonces presidenta Mireya Moscoso y su ministro de Comercio e Industria, Joaquín Jácome.
Tras ese cambio y otras tres adendas, aprobadas posteriormente, distintos sectores de la sociedad han reiterado la necesidad de revisar el contrato, porque las condiciones, respecto al contrato original, fueron variadas.
Menos inversión en Cristóbal
PPC se comprometió a invertir $50 millones en Balboa y Cristóbal, según el contrato original, pero con la adenda 1 en 2005, con la que se trató de corregir la equiparación que recibió en 2002 y que se mantuvo, la empresa se comprometió a invertir hasta $1,000 millones.
En el caso de Cristóbal, es visible que ha sido menos el desarrollo, comparado con Balboa. En respuesta a esta consulta, el vocero de PPC, Rommel Troetsch, dijo que en el puerto de Cristóbal, según la cláusula 2.5 de la Ley 55 del 28 de diciembre de 2005, “el compromiso era de invertir $200 millones y la auditoría de la Contraloría General de la República certificó una inversión de $482.2 millones, o sea, más del doble del compromiso de inversión”.
Hutchison Ports, a la que pertenece PPC, también opera el puerto de Freeport en isla Bahama, en el Caribe.
