El acuerdo alcanzado en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 1 de julio busca que las empresas multinacionales paguen impuestos donde operan y obtienen beneficios, y trata de limitar la competencia fiscal de los países a través de una tasa impositiva mínima para las grandes corporaciones transnacionales.
El acuerdo, al que se adhieren 130 países, incluyendo Panamá, tiene dos componentes. Uno dirigido a los gigantes tecnológicos, que por su modelo de negocio y ser una actividad relativamente nueva, no pagan impuestos en países en los que hacen negocio sin tener una base operativa física.
La idea del acuerdo es que parte de los derechos tributarios se trasladen a países de mercado.
Por el momento se ha establecido un umbral de 20,000 millones de euros ($23,725 millones) de ingresos globales para que se aplique el nuevo régimen a la multinacional, pero eventualmente se rebajaría a 10,000 millones de euros.
Además se tomaría en cuenta el tamaño de la economía y la participación de la empresa en ella.
Tatiana Alemán y Jorge Castillero, subdirectora y abogado de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explicaron que Panamá es miembro del Marco Inclusivo BEPS (siglas en inglés para Erosión de Base y Traslado de Beneficios) desde 2016. Este es el foro donde se han discutido y adoptado los acuerdos. Posteriormente se debe publicar la propuesta de implementación, y Panamá espera recibir asistencia técnica en un proceso que se completaría en 2023, según está previsto.
En Panamá existe un proyecto de ley en el que ha participado la Dirección General de Ingresos (DGI) para empezar a gravar la economía digital y así equilibrar las condiciones fiscales de las multinacionales tecnológicas con las empresas que sí tienen presencia operativa en el país. Así, el proyecto que se termine aprobando deberá estar alineado con la nueva propuesta discutida en la OCDE.
El segundo componente del acuerdo promueve la creación de un impuesto corporativo mínimo de 15% para multinacionales con más de 750 millones de euros ($889 millones) de facturación.
Lo que busca es que las compañías paguen el impuesto de acuerdo a su nivel de actividad en cada territorio donde hace negocio y se evite el traslado de beneficios a lugares con baja imposición.
Así, si un país tiene un impuesto corporativo menor al 15%, por ejemplo de un 10%, el país de origen de la multinacional podrá cargar la diferencia, en este caso el 5% restante.
La tarifa general del impuesto sobre la renta corporativo en Panamá es de 25%, pero en el país hay regímenes preferenciales enfocados en atraer multinacionales, que aplican una tasa corporativa inferior al 15%.
Por ejemplo, el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) o el más reciente régimen especial para el establecimiento y la operación de empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la manufactura (EMMA) tienen una tasa de impuesto sobre la renta corporativo de 5%.
Los representantes del MEF explicaron que el acuerdo con la OCDE no obliga a los países a gravar con el 15% y que no es algo que se esté discutiendo actualmente en el seno del Gobierno.
Cada país tendrá libertad para hacerlo o no, pero lo cierto es que si no se hace en el país de mercado, lo podrá hacer el país de origen de esa multinacional hasta llevar la tasa pagada por la compañía a un mínimo de 15%.
El abogado Carlos Barsallo recordó que este tipo de regímenes especiales panameños han sido evaluados en los últimos años por la OCDE y han sido catalogados como no perniciosos, precisamente en lo que tiene que ver con la reducción de la base imponible y el traslado de beneficios.
Barsallo considera que la iniciativa está más dirigida a atacar el modelo de negocio de ciertos paraísos fiscales, que son utilizados para el registro de beneficios por su baja carga fiscal, una práctica en la que no destaca Panamá.
Si se termina haciendo realidad el nuevo régimen, el factor fiscal perderá relevancia en la decisión de las multinacionales sobre dónde ubicar sus operaciones, lo que supone que Panamá debe sacar provecho del resto de ventajas competitivas que tiene, como la ubicación o la conectividad, entre otras.
