La Unión Europea (UE) hizo oficial la permanencia de Panamá en la lista negra de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, mientras que en poco más de dos semanas se espera conocer la nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre el régimen de blanqueo de capitales del país.
Con este escenario como telón de fondo, se produce la renuncia de Dani Kuzniecky como secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), la entidad encargada de coordinar los esfuerzos del Gobierno por salir de las listas.
Ayer, el Consejo de la UE actualizó la lista de territorios no cooperadores en materia fiscal, y Panamá permaneció en ella, como había sido adelantado la semana pasada.
El bloque señaló que Panamá no tiene una calificación de al menos “ampliamente cumplidor” en las evaluaciones de intercambio de información a requerimiento por parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que tiene un régimen de exención de renta de fuente extranjera pernicioso, asunto que no ha resuelto, según la UE.
La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que desde junio de 2021, la UE comunicó a la República de Panamá que consideraba el régimen fiscal territorial como pernicioso, algo que rechazó el MEF. Al contrario de los regímenes de renta mundial, un régimen fiscal territorial solo grava las rentas generadas dentro de la jurisdicción.
El bloque europeo habría solicitado el compromiso del país para hacer modificaciones normativas a su régimen fiscal, con la implementación de las mismas en enero de 2023. Desde el MEF advirtieron que no hubo una petición expresa de pasar de un régimen fiscal territorial a uno mundial.
El Gobierno señaló que cualquier modificación al régimen fiscal territorial debería ser el resultado de un estudio que contemple el impacto que representaría a la nación, y por lo tanto no accedió al compromiso.
En la lista de la UE fueron incorporados otros países de la región, como Uruguay y Costa Rica, pero al Anexo II o lista gris.
En ambos casos la UE también considera que tienen regímenes fiscales perniciosos, pero estos países sí mostraron compromiso para abordar los aspectos señalados por el Código de Conducta.
El abogado Carlos Barsallo señaló que en el caso de esta lista se llegó a un punto en el que el país solicitó ser excluido, pero la Unión Europea pidió cambios al régimen fiscal y el Gobierno no accedió. Por lo tanto, dijo que tendría que haber algún cambio de posición de Panamá para poder avanzar.
Lista GAFI
De manera paralela, y también este mes de octubre, se conocerá el resultado de otra importante evaluación: la del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El organismo celebra entre el 19 y el 21 de octubre su última reunión plenaria del año y en ella actualizará sus listas de territorios con deficiencias en sus regímenes de prevención de blanqueo de capitales.
Panamá figura en la llamada lista gris desde junio de 2019. En la última evaluación, de junio de este año, el organismo señaló que el país había completado cinco puntos de los 15 que tiene el plan de acción e instó a tomar medidas urgentes para resolver las deficiencias existentes.
Tanto Barsallo como Julio Aguirre, consultor financiero especialista en prevención de lavado de dinero, no esperan que se produzcan grandes avances en la próxima evaluación, y por lo tanto prevén que el país se mantendría en la lista gris.
Aguirre puso como ejemplo que en marzo de 2020 se aprobó la Ley 129 para crear un registro de beneficiarios finales y a la fecha no se ha creado. Aunque la misma creación del registro no es un estándar de GAFI, el organismo sí pide que las autoridades puedan acceder a información oportuna sobre los beneficiarios finales de las sociedades.
Tampoco habrá avances sobre las reformas que se quieren hacer a través del proyecto de Ley 624, que introduce modificaciones en varias leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales, iniciativa que no ha tenido mayor avance en el debate legislativo y que ha sido cuestionada por algunos gremios, como los de abogados.
Barsallo dijo que sí ha habido avances en los controles sobre remitentes de dinero sin licencia, pero se refirió a otras tareas pendientes, como el entendimiento de los riesgos, mostrar multas disuasorias y sanciones proporcionales, así como aumentar el uso de los productos de la Unidad de Análisis Financiera para las investigaciones de lavado de capitales.
A este complejo escenario se suma la renuncia del secretario técnico de la CNBC, Dani Kuzniecky, confirmada ayer.
La CNBC es una entidad adscrita al Despacho del Ministro de Economía y Finanzas, y en ella están representados el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Presidencia, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.
La renuncia de Kuzniecky, quien no comentó sobre los motivos de su salida, se une a la de Darma Romero, efectiva desde el 9 de septiembre, quien hacía equipo con el abogado desde la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF.
Romero dijo a este diario que tenía nuevos proyectos personales y profesionales tras casi una década en el sector gubernamental.
Sobre las salidas en este momento, Aguirre comentó que el país debe cumplir lo acordado con el GAFI indistintamente de quién esté como figura ejecutora y que por eso las instituciones involucradas se agrupan en el CNBC.
Por su parte, Barsallo dijo que es lamentable que haya cambios porque puede generar retrasos dentro de lo que ya está atrasado, que es la ejecución del cronograma [del plan de acción], además del bagaje técnico que se tenía, algo que, dijo, es importante a la hora de lidiar con evaluadores.
