El anuncio del Gobierno de que ampliaría en $125 millones el ajuste de gasto operativo para dar cabida a las necesidades generadas por la pandemia, ha puesto nuevamente la atención en el manejo del gasto público desde que comenzó la pandemia.
Economistas consultados por este medio apuntan a la necesidad de hacer un mayor esfuerzo para contener el gasto operativo, mientras se dé más espacio a las inversiones, necesarias para reactivar la economía.
El Consejo de Gabinete aprobó un ajuste en el gasto operativo de $125 millones que se reservan para atender la emergencia del nuevo coronavirus, y otros $5 millones para que la Caja de Seguro Social haga frente al pago del subsidio de maternidad.
Se trata de una modificación a la Resolución 3 del Consejo de Gabinete, que el pasado 12 de enero aprobó un ajuste de gasto por $700 millones para hacer frente a la emergencia.
De ese total, $489 millones se recortarían de gasto de inversión, y $211 millones, de funcionamiento.
En esta ocasión, el ajuste sería íntegramente en la parte de funcionamiento, concretamente en “renglones como viáticos al exterior, asesorías y algunos nombramientos”, como señaló el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
El director de Presupuesto de la Nación, Carlos González, dijo que se están recortando gastos operativos de varias entidades, excluyendo a los ministerios de Salud y de Educación. Tampoco se están afectando gastos contractuales, como los arrendamientos o los servicios públicos que deben pagar las instituciones.
Explicó que la medida busca ganar un espacio para atender los gastos ocasionados por la pandemia.
“Todavía no hemos terminado la pandemia. Se ve con una mejor cara, pero sigue demandando recursos”. De esta forma, se está creando un fondo de contingencia para la demanda que surja, explicó González.
Ese colchón se usaría para no tener que reducir inversiones ni recurrir a mayores niveles de endeudamiento.
En 2020, solo el Gobierno Central incurrió en un déficit fiscal de $4,886.3 millones y, para este 2021, se espera un desbalance de otros $4,099 millones. El dato final, no obstante, dependerá de la evolución de la economía y de los ingresos corrientes del Gobierno Central.
Se trata de desequilibrios en las cuentas públicas que el propio titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, ha calificado como insostenibles.
Varios economistas consultados ayer por este diario apuntaron que la medida anunciada de reajuste de gasto sería insuficiente desde el punto de vista de equilibrio fiscal y para la reactivación de la economía.
“Hay que hacer un esfuerzo mucho más fuerte, porque las proyecciones suponen que vamos a tener un déficit muy alto”, sostuvo el expresidente del Colegio de Economistas, Olmedo Estrada.
El economista dijo que desde el Gobierno se habla de congelar nombramientos, pero cuestionó “la abultada planilla” y calculó que esta se podría reducir en un 25%.
Según la Contraloría General de la República, el gasto en salarios de todo el aparato estatal superó en 2020 los $4,441 millones. Diez años antes era de $1,750 millones.
El aumento se explica por la mayor contratación de personal y por leyes especiales que establecen ajustes al alza a determinados grupos de funcionarios. Estrada agregó que esto es resultado de que los gobiernos, cuando asumen el poder, contratan personas cercanas y se va generando una carga pesada para las siguientes administraciones.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, José Ramón Icaza, señaló ayer que la situación de estrechez fiscal ha requerido la mayor contratación de deuda. “Hemos sido bastante claros en solicitar al Gobierno que haga una revisión del gasto corriente del Estado”, subrayó Icaza, que mencionó rubros como honorarios profesionales, asesorías y arrendamientos, entre otros.
“Hay espacio para la contención del gasto. Nosotros desde el sector privado lo hemos tenido que hacer durante la pandemia, y así se ha logrado que muchas empresas puedan estar en un proceso de reactivación y reapertura”, agregó.
El economista Felipe Argote recordó que el año pasado se presentó un proyecto de ley para rebajar los salarios de funcionarios de cierto rango y que la propuesta no avanzó en la Asamblea Nacional.
Manifestó que el año pasado el producto interno bruto perdió $13,849.8 millones y opinó, por lo tanto, que la contención de $125 millones de gasto corriente sería como un “pelo para un gato”.
A su juicio, lo que se requiere es un plan agresivo de inversiones, destinando los fondos a áreas que reproducen esa inversión. Lamentó que se hayan aplazado proyectos de infraestructura de envergadura, como sucedió el año pasado con el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, y más recientemente con el denominado corredor de las playas, así como el lento progreso de la línea 3 del Metro de Panamá y el Hospital del Niño.
Por su parte, el economista Carlos Araúz calificó la contención adicional de $125 millones como “un paso en una dirección correcta, pero es un mínimo paso”. Coincidió que la contención es “insuficiente”, que se necesita un ajuste muy superior para que tenga un efecto en el déficit fiscal y apuntó que no va de la mano de la recaudación, que es el otro componente del balance fiscal.
“Si no animas la recaudación a través de inversión en infraestructura, a través de una intervención estatal agresiva, a través de que la gente trabaje, pues esa contención de $125 millones es pequeña”, sostuvo.
