Los representantes de los colegios privados han tocado la puerta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para pedirle al ministro Héctor Alexander la aprobación de un plan de rescate financiero, que apoyaría a los padres de familia que desde el mes de mayo están teniendo problemas para hacerle frente al pago de la colegiatura de sus hijos.
Alexander, jefe de las finanzas públicas del gobierno de Laurentino Cortizo, enfrenta fuertes presiones presupuestarias debido al debilitamiento de los ingresos y las urgencias que se han desencadenado con la crisis sanitaria y económica a raíz del brote del coronavirus (Covid-19).
Se conoció que inicialmente el funcionario reconoció los signos que alertan de una crisis en el engranaje educativo. Sin embargo, no se ha dado una respuesta respecto a la aprobación del plan propuesto por la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, la Federación de Educación Católica de Panamá y la Asociación Panameña de Centros Educativos Particulares.
Las agrupaciones esperan una segunda y definitiva reunión durante los próximos días con la esperanza de que se le pueda asignar una partida.
La propuesta de estas organizaciones es que el Estado asuma un porcentaje de la mensualidad que debían pagar los padres de familia durante este año, quienes no han podido honrar su compromiso ante la suspensión temporal de los puestos de trabajo, la reducción de la jornada laboral, que se refleja en menos ingresos, y el alto nivel de desempleo.
En el país se suspendieron 282 mil contratos laborales, y hasta ayer se habían reanudado 70 mil plazas.
Katia Echeverría, de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, advierte que muchos de esos trabajadores son los acudientes de los más de 160 mil estudiantes que asisten a los colegios particulares.
La mayoría de las escuelas ha permitido que estos estudiantes continúen asistiendo a sus clases virtuales, pero la situación será insostenible para las familias y los mismos colegios antes que cierre el año.
Los colegios negociaron con los padres de familia una reducción promedio de la mensualidad de 20%, considerando que el descuento otorgado daría margen al pago ajustado de todos los gastos fijos en cada escuela.
Pero la morosidad de 2020 se sigue acumulando, mientras que octubre marca el inicio de la fase de matrículas para el siguiente año lectivo.
Como es sabido, quien no pague la deuda existente, probablemente no podrá hacer la inscripción que le garantice un cupo escolar en su misma escuela para 2021.
Lo que proponen las organizaciones de colegios particulares es que el Estado asuma entre un 20% y un 50% del costo de la mensualidad de 2020, además del porcentaje de descuento obligatorio que otorgaría cada colegio y lo que finalmente deberían asumir los padres de familia.
La propuesta implicaría una ayuda anual estimada de $50 millones por parte del Estado.
Echeverría estima que sería mucho menos de lo que debería gastar el Estado para absorber a todos los estudiantes que migrarían al sistema público, de acuerdo con los cálculos realizados.
En este momento hay unos 2,400 alumnos que han migrado de colegios particulares a escuelas oficiales, lo que demuestra la posible estampida que podría darse en 2021.
El sistema particular atiende a más de 160,000 estudiantes que representan $386 millones al año de ahorro al Estado, de acuerdo con los cálculos que se han hecho respecto al gasto que implica atenderlos, sin tomar en cuenta los costos de la infraestructura que proveen los colegios particulares y los últimos incrementos salariales a los docentes del sector oficial, lo que puede significar fácilmente un ahorro superior a los $400 millones anuales, dijo Echeverría.
La propuesta lleva meses de ejercicios financieros y presentaciones que han incluido también al Ministerio de Educación.
“Estamos insistiendo porque sentimos que se trata de una situación de justicia en una situación tan delicada. El público entiende que la ayuda es para la escuela y por supuesto que es una ayuda en cadena. Pero los grandes beneficiados serán los padres que no pueden pagar. Si la escuela no recibe los ingresos, o cierra o inicia una política de cobro en momentos de pandemia”, explicó Echeverría, quien argumenta que “los colegios particulares siempre manejan un nivel de morosidad, pero en estos momentos los montos son tan grandes que no hay manera de continuar en las actuales condiciones”.
La propuesta, plantea, podría ser extensiva hasta que dure la pandemia, es decir, cubrir parte de los gastos mensuales del 2021.
