Plan de consolidación fiscal, ruta para controlar la deuda

La reducción de los niveles de déficit fiscal y el crecimiento de la economía serán dos factores clave para poder controlar y eventualmente reducir el endeudamiento que ha asumido el Gobierno en los dos últimos años, especialmente en 2020.

Domingo Latorraca, quien fuera viceministro de Economía, dijo ayer en una conversación con este diario que el nivel de endeudamiento limita la capacidad de gasto, pero a la vez existe la necesidad de impulsar la política fiscal, es decir, el gasto público, para estabilizar la economía, que sale de un 2020 con una fuerte recesión, alto nivel de desempleo y deuda. Además, con la calificación de riesgo al límite de perder el grado de inversión, al menos en la escala de la agencia Fitch Ratings.

Latorraca manifestó que con un plan de consolidación fiscal, tanto de los ingresos como de los gastos, que se ejecute en los próximos cinco o seis años “podemos retomar la senda de reducir el nivel de endeudamiento poco a poco”.

En la última reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció unas metas de reducción paulatina del déficit fiscal, desde el 10.1% del producto interno bruto (PIB) con el que cerró el año 2020. Para 2021 el déficit podrá estar en un rango entre 7% y 7.5%; en 2022 se reduce a un 4%; y así sucesivamente hasta llegar a 1.5% en 2025 y los años sucesivos.

Algunas calificadoras, como Fitch, han manifestado dudas sobre la capacidad del Gobierno de apegarse a las metas de déficit, aunque el titular del MEF, Héctor Alexander, comentó en una entrevista anterior con este diario que “hay que cumplirlas”.

Por el lado del gasto público, “tiene que haber un enfoque hacia el gasto de capital, hacia la inversión productiva”, sostuvo Latorraca.

En un sentido similar se manifestó ayer Irvin Halman, presidente del Centro Nacional de Competitividad (CNC). “La impactada situación financiera en que nos encontramos amerita ejercicios acertados en evaluación de la inversión y gastos del Estado, para asegurar una inversión productiva y factores de eficiencia que genere crecimiento del PIB con desarrollo y reduzca los costos que afectan a las empresas”.

La propuesta pasa por ejecutar inversiones que generen empleo y eventualmente ingresos, aquellas que “dinamicen la economía y a través de esa inversión se vuelva a producir bienestar y competitividad. Una inversión que pueda generar futuros ingresos a través del crecimiento del PIB”, sostuvo Halman.

La reactivación de la economía generaría ingresos y, además, haría que el nivel relativo de endeudamiento y déficit se controlasen, ya que estos indicadores se miden como proporción del PIB, que refleja el tamaño de la economía.

Precisamente por el derrumbe del 17.9% de la economía en 2020, producto de las restricciones impuestas por el Gobierno en un intento por controlar la pandemia, el indicador de deuda se disparó.

La otra variable en la ecuación es el saldo de la deuda del sector público no financiero, que se elevó sustancialmente por la caída de los ingresos del Estado y el aumento de gasto, especialmente el destinado a las operaciones del Gobierno.

En ese sentido, Latorraca abogó por una revisión de “la estructura altísima de gasto de funcionamiento”.

El PIB nominal cayó en 2020 a $52,938.1 millones, una pérdida de $13,849.8 millones si se compara con el nivel de producción de la economía de 2019.

Por su parte, el saldo de la deuda bruta del sector público no financiero pasó de $31,018.5 millones al término de 2019 a $36,959.9 millones el año pasado.

Así, la relación entre la deuda bruta y el PIB pasó de un 46.4% en 2019 a un 69.8% en 2020. Este aumento sigue a uno también considerable, aunque de menor cuantía, entre 2018 y 2019. Así, solamente entre 2018 y 2020, el indicador se ha disparado en 30 puntos porcentuales.

Para encontrar un nivel de deuda/PIB similar al actual hay que remontarse al año 2004 (ver infografía), cuando la relación cerró en 70.36%. Ese fue el año de la transición entre las administraciones de Mireya Moscoso y Martín Torrijos.

Latorraca recordó que en los primeros años del siglo XXI, el país experimentó tasas de crecimiento muy bajas, en algunos casos cercanas a cero, rigidez presupuestaria por el efecto del nivel de endeudamiento y poca capacidad de maniobra para empujar cambios regulatorios.

A partir de 2004 la relación deuda/PIB siguió una trayectoria descendente, de la mano de unos años de fuerte crecimiento económico. Tras llegar a su nivel más bajo en 2013, con un 34.39%, el indicador empieza a crecer moderadamente hasta el 39.56% de 2018. Aunque el saldo de la deuda creció considerablemente a partir de 2010, también lo hacía la economía, sosteniendo así el nivel de deuda/PIB.

La relación entre la deuda y el tamaño de la economía es un indicador de solvencia. Según la propia descripción de la Dirección de Financiamiento Público “también es utilizado para medir la sostenibilidad fiscal de la deuda”.

Por eso es uno de los valores a los que prestan atención las agencias de calificación de riesgo. Otro indicador vinculado a la deuda es el peso que tienen los intereses sobre los ingresos del sector público no financiero. Esta variable también se ha deteriorado en los últimos años de la mano del aumento de la deuda.

Cuanto mayor es la cantidad de fondos que un gobierno tiene que destinar a pagar los intereses, un gasto ineludible, menor capacidad tendrá para hacer inversiones productivas, esas que desde el sector privado se reclaman para reactivar la economía y procurar el bienestar de la población.