La planilla del sector público registró hasta junio de 2021, 251 mil 929 funcionarios o 12,469 empleados públicos más que en junio de 2020, según el último informe de la Contraloría General de la República.
El mayor número de funcionarios nuevos se registra en el Ministerio de Salud con 2,621 nombramientos nuevos, atribuido a personal de salud para hacerle frente a la pandemia del coronavirus. Le sigue el Ministerio de Educación, con 2,244 servidores públicos; la Procuraduría General de la Nación, con 697 y la Asamblea Nacional de Diputados, con un crecimiento de 688 empleados públicos nuevos.
En el caso de la Asamblea Nacional, en junio de 2021 se registraron 6,298 funcionarios entre permanentes y eventuales, el mayor número en los seis meses de este año. Comparado con el mes de mayo, cuando habían 4,912 funcionarios, se observa un crecimiento de 1,386 personas, en un mes.
Igualmente, con respecto a junio de 2020, el gasto total de la planilla estatal de junio de 2021 ascendió a $406.3 millones, con un aumento de $29.5 millones (7.8%) en el sueldo bruto. Este gasto en salarios de junio fue el mayor pago mensual que se ha hecho, según el registro histórico de la planilla del Estado.
En el acumulado de los salarios de los seis meses se pagaron en salarios $2,313 millones, un crecimiento de $143.5 millones o 6.6% más que en el primer semestre de 2020.
Aunque distintos sectores y organizaciones del país piden disminuir el gasto en la planilla para balancear los ingresos que recibe el país, cada mes hay un incremento tanto en la cantidad de funcionarios como en el gasto de sueldos.
En el informe de la Contraloría, se indica que este aumento de sueldo bruto en la planilla “es provocado en gran medida por incrementos producto de ajustes salariales en las áreas de educación y en el sector salud para atender la emergencia sanitaria declarada en el país por la pandemia Covid-19”. Sin embargo, es palpable el incremento de funcionarios en otros sectores y entidades que no tienen que ver con la pandemia.
El economista Olmedo Estrada reconoce que luego de una revisión del informe de la planilla se observó que ha habido mayor contratación de personal en salud y educación, sin embargo, recalcó que “sigue siendo la planilla una de las debilidades que tiene este gobierno y que no se ha detenido a revisar”.
Añadió que el problema no es si aumenta o no “sino tomar una decisión importante, porque entre planilla, subsidios y los intereses de la deuda, el presupuesto del Estado se va en un alto porcentaje, siendo una limitante para manejar los programas de inversiones”.
En el caso de los subsidios, Estrada dijo que hay muchos que ya jugaron su rol y se debe comenzar a revisar cuáles se eliminan o se suspenden, hasta que el país tenga una mejor situación económica, “pero sería una forma de apretarse el cinturón para poder avanzar”.
A partir de enero de 2021, se incluyeron siete instituciones en la planilla del Estado: Superintendencia de Sujetos no Financieros (Creada mediante Ley 124 de 7 de enero de 2020, su personal base operaba en el Ministerio de Economía y Finanzas), Autoridad Nacional de Descentralización (Ley 37 de 29 de junio de 2009, su personal base operaba en el Ministerio de la Presidencia), Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (Administrado como Patronato y operaba adscrito al Ministerio de Gobierno), Empresa Mercados Nacionales de la Cadena de Frío (Ley 90 de 7 de noviembre de 2013, operaba como Secretaría en el Ministerio de la Presidencia, Transporte Masivo de Pasajeros, S. A. “MIBUS” (noviembre de 2016 surge como subsidiaria de la empresa Metro de Panamá, S. A).
La Contraloría advierte que no se incluye personal de dos instituciones que fueron creadas pero no han entrado en operación: el Tribunal Administrativo de la Función Pública, en el cual no se han designado sus magistrados y el Centro Nacional de Estudios en Técnicas de Imágenes Moleculares (Cenetim) que no cuenta con personal.
La planilla estatal cuenta con 89 entidades distribuidas en 26, del Gobierno central; 39, de las instituciones descentralizadas; 16, de las empresas públicas y 8, de los intermediarios financieros.
La misma excluye a la Autoridad del Canal de Panamá, donde laboran más de 9 mil empleados. Tampoco se incluye en la planilla estatal a los patronatos y los municipios, con excepción de los representantes de corregimientos.
