Con la Ley 122 de 2019, que otorga amplios e inéditos incentivos a la industria turística, dado que el Estado asume el sacrificio fiscal de la inversión que se realiza, se han revelado los planes de grupos económicos del país que participan del mundo inmobiliario y de la industria hotelera.
Entre los conglomerados más visibles que pretenden acogerse a la norma se encuentran Grupo Los Pueblos, Empresas Bern y Grupo Eleta, que a través de otras sociedades a cargo de los proyectos turísticos, han registrado emisiones de acciones o bonos por cuantías millonarias.
El modelo del negocio empieza a tomar forma cuando el 31 de diciembre de 2019, el presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley que reforma los incentivos turísticos que se otorgan en el país, dando paso a una estructura financiera que amplía al 100% del valor de la inversión los beneficios fiscales que reciben los inversionistas que apuesten a esta actividad fuera del distrito de Panamá.
La aplicación de la norma ha abierto el debate sobre su alcance, la conveniencia o no que ello implica para el país y el poder de fiscalización que el Estado tiene para evitar el abuso de la norma.
De acuerdo con lo que dicta la Ley 122, se beneficia la empresa que quiere desarrollar una obra turística fuera del distrito de Panamá, y el inversionista que pone el dinero, para financiar dicho proyecto, a través de la compra de bonos o acciones que emite el desarrollador.
Por un lado, el promotor consigue el dinero a través del inversionista.
Por el otro, el inversionista es compensado cuando la Dirección General de Ingresos (DGI) reconoce el crédito fiscal a su favor.
Finalmente, en esta operación, el Estado reconoce y asume, a través de un sacrificio fiscal, el valor total de la inversión. No desembolsa dinero, pero sí deja de cobrar impuesto sobre la renta equivalente al 100% de las sumas invertidas en la compra de acciones o emisiones de bonos.
Aquí, una muestra de quienes esperan beneficiarse de la norma, sus proyectos y algo de su linaje empresarial.
Los hilos del poder
Grupo Los Pueblos está vinculado con las emisiones registradas por Playa Escondida Beach Front, S.A.
Esta sociedad ya tiene dos emisiones de bonos turísticos: una por $6.2 millones, y otra por $6.9 millones. Además, tiene otra en trámite, por $31.7 millones.
Es decir, que Playa Escondida Beach Front emitirá $44.8 millones en los llamados bonos turísticos, de acuerdo con los registros de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
El plan es desarrollar nuevas etapas del proyecto Playa Caracol, en Chame, que forma parte del portafolio de Grupo Los Pueblos.
Alfredo Alemán Miranda es el apoderado de Playa Escondida Beach Front; también figura como CEO de la constructora Grupo Los Pueblos.
Alemán Mirada es el hijo de Mayor Alfredo Mello Alemán, presidente de Grupo Los Pueblos y exdirigente del Frente Empresarial del PRD.
De sus últimos negocios, uno de los más conocidos es la planta de generación de energía a base de gas NG Power, en la que Mello Alemán y su socio, el empresario ecuatoriano José Dapelo, participaron como los únicos interesados en el acto para adjudicar un contrato de venta de energía, en 2013. La planta nunca se desarrolló y el contrato jamás fue honrado.
Grupo Los Pueblos también es el desarrollador de las islas artificiales comercializadas bajo el nombre de Ocean Reef Island, un proyecto que ya estaba levantado cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo 2A de la Ley de 15 de abril de 1988, que establece y regula el sistema de ejecución de obras públicas por el sistema de concesión administrativa, y que permitió la realización de los rellenos marinos frente a Punta Pacífica.
Los reyes de Veracruz
Inmobiliaria Palma Bonita, S.A., con el respaldo de Empresas Bern, registró una emisión pública de bonos corporativos por $155 millones, para financiar un apartahotel en el sector de Veracruz, Panamá Oeste, promoviendo entre los inversionistas el incentivo de tener acceso a créditos fiscales, con lo cual se les reconocería la totalidad de su inversión.
Esta emisión se haría amparada bajo la Ley 122 de 2019.
En el caso de Palma Bonita, sociedad presidida por José Manuel Bern, hijo del empresario Herman Bern, el plan es hacer la emisión por tramos, dependiendo de la necesidad del emisor y el apetito del mercado.
El patriarca de los Bern ha desarrollado varios hoteles sobre tierras o concesiones del Estado, como es el caso del Miramar, en la Avenida Balboa, el hotel Gamboa y el hotel Playa Bonita Resort, en Veracruz.
En 2016, el Consejo de Gabinete aprobó la venta de valiosas tierras al empresario en Veracruz, donde se ubica el Playa Bonita Resort, a pesar de que la Corte Suprema declaró nulo, por ilegal, el contrato de concesión a Herman Bern.
En aquel entonces, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo a La Prensa que cuando se construyó el hotel, en 2005, todavía la Corte no había fallado en contra del acto.
La joya de la corona
DB Hotel & Residences, S.A., parte del grupo empresarial de la familia Eleta, registró una emisión de acciones comunes hasta por $232 millones.
Los fondos que se obtengan en esta emisión serán utilizados para financiar el proyecto hotelero bajo la marca Ritz Carlton Reserve, piedra angular del desarrollo Pearl Island.
La obra está en Pedro González, una isla en el archipiélago de Las Perlas, en el golfo de Panamá, en la que desde hace más de una década empezó el movimiento turístico de lujo de Pearl Island.
Gillermo de Saint Malo Eleta es el presidente de DB Hotel & Residences, cuyo prospecto informativo habla de una oferta pública de 9 mil acciones comunes a un precio de $25.78.
De Saint Malo es también miembro del gobernante PRD -según sus redes sociales- y en algún momento acarició la idea de ser candidato a la Presidencia de la República por dicho partido. Nunca se postuló en las primarias.
Su familia ha participado tradicionalmente en el negocio del café, la cría de caballos, las telecomunicaciones y el turismo. También tienen proyectos en el sector energético, la agricultura y bienes raíces.
El Grupo Eleta desarrolla el proyecto Pearl Island bajo un título de propiedad que confirma que las tierras de Pedro González son suyas desde 1971. Pero la inversión trajo tensión entre los pobladores de la isla, que hace una década se dividieron entre los que defendían la permanencia de su estilo de vida tradicional y los que esperan sacar provecho al proyecto, a través de los empleos que se generarían. En su momento, varios de ellos alegaron que desconocían que las tierras que por años habían habitado tenían otro dueño.
Sin señales de reformas
Hasta el 31 de diciembre de 2021, las emisiones registradas o en trámite en la SMV que harían uso de los incentivos fiscales que contempla la Ley 122 sumaban $497 millones. Según la Autoridad Turismo de Panamá, la ley permitirá el desarrollo de proyectos por un valor total de $899.2 millones.
Tales cifras fueron las que precisamente alertaron a organizaciones, como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, cuando recomendó que la ley o su reglamentación debían definir las zonas de interés turístico de su aplicación, fijar límites a los créditos fiscales y exigir un análisis del monto del crédito fiscal en relación con el valor de la inversión.
A mediados del año pasado, la Autoridad de Turismo de Panamá dijo que habían analizado los comentarios para hacer ajustes, pero llegado el 2022 no se tiene ningún indicios de las reformas que podrían aplicarse.
A lo interno del Gobierno, habría una división entre el ala que cree que se deben limitar los incentivos y los que consideran que hay que dejar las cosas como están y así beneficiar a las “emisiones amigas”.
