La reunión plenaria del diálogo para reformar la Caja de Seguro Social (CSS) tuvo ayer el mismo tono confrontativo que imperó en los últimos dos meses en las mesas técnicas de trabajo. La controversia, la falta de consenso en la metodología aplicada y ambiciosas propuestas sin sustento financiero dominaron la escena.
Ayer inició la presentación de propuestas en las que trabajaron las cuatro mesas técnicas en busca de una salida a la crisis financiera, administrativa e institucional de la CSS. La idea es que estas propuestas sean discutidas por los próximos días para tener listo un informe de deliberaciones el 3 de septiembre.
El tiempo en cuestión parece poca cosa, cuando los representantes del diálogo llevaron centenares de planes que deberían -en teoría- pasar por un estudio de factibilidad que evalúe su impacto, consecuencias y real ejecución en caso de que terminen siendo parte de las propuestas de modificación a la ley orgánica de la CSS.
Dichas propuestas no necesariamente llegaron con un consenso y algunas ni siquiera se discutieron en las mesas de trabajo, por lo que el análisis de la plenaria será enorme, cuando empiece la fase de discusión.
Se propone, por ejemplo, incluir en la ley un articulado que permita cumplir con el abastecimiento de medicamentos a menor costo y de manera transparente; reestructurar la red de instalaciones de salud en todo el país.
Establecer los mecanismos legales que permitan a las empresas que voluntariamente lo decidan, apoyar con el subsidio o un complemento al trabajador que se encuentre en incapacidad temporal para que no pierda la continuidad de los pagos para su sustento.
Que el Estado se haga cargo, gradualmente, del financiamiento de salud que la CSS presta a los beneficiarios de los cotizantes e integrar a los informales a través de un sistema de Pensiones Cooperativo.
En lo que respecta al IVM, se propuso establecer un aporte del 10% del total de los ingresos sobre el excedente de operaciones de las empresas público-privadas; aportes del 10% del total de los ingresos por el uso de los corredores y recibir aportes por las operaciones marítimas.
Se planteó fusionar las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido con el sistema mixto, sin tocar el componente de ahorro personal.
En un giro de 180 grados, también formó parte de las propuestas implementar un sistema de pensiones basado en tres pilares.
Un primer pilar solidario no contributivo, el cual debe financiarse con impuestos y es responsabilidad del Estado; un segundo pilar obligatorio de ahorro individual; y un tercer esquema de ahorro voluntario y complementario, que mejora las pensiones de cada trabajador.
Juan La Calle, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), advirtió que desde un principio se dijo que se tenía que contar con un asesor técnico para darle validación a cada propuesta.
Pero “el principal actor que nos iba a acompañar en el diálogo para validar las propuestas está ausente”, recalcó, refiriéndose a la mediación técnica que se esperaba de la Organización Mundial de Trabajo (OIT).
“Cumplimos con un calendario, pero qué es lo que buscamos más allá de proclamas, consignas y banderas... Quién lo va a pagar”, preguntó a la mesa, respecto a la viabilidad de todas las propuestas financieras presentadas.
“Me siento decepcionado...” “Nunca pensé que saldríamos de esto tan vacíos”, precisó La Calle.
