La agencia S&P Global Ratings espera una recuperación del crédito en el sistema bancario de Panamá luego de la contracción experimentada en 2020.
La agencia estima que el crédito habría crecido en 2021 un 3.5%, a la espera de conocer el dato oficial.
Para 2022 y 2023 proyecta un 5%, respectivamente, un nivel más alto que considera una recuperación de la economía a medida que se normaliza la actividad.
No obstante, la pandemia y las medidas de alivio tomadas durante 2020 y 2021 seguirán teniendo efecto en algunos de los indicadores de la banca para este año.
En la medida que terminaron los paraguas regulatorios de alivio, S&P espera un debilitamiento en la calidad de los activos, es decir, un aumento de la cartera vencida y de las pérdidas crediticias durante este 2022, para luego seguir una reducción gradual y regresar a niveles prepandemia en 2023.
Ricardo Grisi, director y analista líder de Calificaciones de Instituciones Financieras de S&P, dijo que esto se ha visto en otros países de la región y es lo que se está monitoreando en Panamá. “La calidad de activos sí se va deteriorar, pero hay que ver hasta qué nivel”, sostuvo.
La agencia estima que los niveles de rentabilidad de la banca serán aún bajos para los próximos 12 meses y se empezarán a recuperar en los siguientes años.
En concreto, “los retornos del sistema representarán alrededor de 0.9% de los activos ajustados en 2022 y mejorarán a 1.2% en 2023, frente a un 1.4% antes de la pandemia, lo que refleja las mayores provisiones para pérdidas crediticias y los menores ingresos por intereses y cuotas/comisiones”, señaló la agencia en un reciente reporte.
Grisi explicó que los bancos elevaron sustancialmente los niveles de reservas, que son un colchón para hacer frente a eventuales pérdidas, y esto afectó a la rentabilidad, que mejoraría a medida que las provisiones regresan a niveles previos a la pandemia y mejoran los ingresos.
Para el conjunto de la economía, la agencia proyecta un crecimiento 6% para los próximos tres años, a medida que se recupera la inversión pública y privada.
La agencia seguirá monitoreando este año los esfuerzos para fortalecer la supervisión y el marco institucional del sistema bancario.
En este sentido, dijo que “la regulación del sistema financiero continúa mejorando, lo que ha reducido la brecha con los reguladores internacionales, aunque persisten los desafíos de implementación”.
Consultado sobre la presencia del país en listas como la de la Unión Europea y el Grupo de Acción Financiera, Grisi dijo que ellos analizan los eventuales efectos para la banca y que no se ha visto hasta el momento un impacto significativo, específicamente en lo que se refiere a las líneas de corresponsalía.
Alfredo Calvo, director senior y líder de sector de Calificaciones de Instituciones Financieras de la agencia, señaló al respecto que “en la parte financiera, los requerimientos están cubiertos” y dijo que el efecto para la banca puede darse por el hecho de que la permanencia en las listas afecte la dinámica de negocios en el país y por lo tanto el entorno de la actividad bancaria.
Riesgos
La agencia hace una evaluación de los riesgos y tendencias principales para los sectores bancarios en América Latina. Panamá figura en el grupo 5, siendo el grupo 1 el que refleja los menores niveles de riesgo y el 10 los mayores.
Cuando se compara con el entorno regional, solamente Chile (grupo 3) está mejor en un total de 16 sistemas analizados (ver infografía). Panamá estaría detrás del país suramericano y en el mismo nivel de México, Perú y Uruguay. El resto de los sistemas analizados estarían en una peor posición.
La agencia considera que la tendencia del riesgo propio de la industria es “estable”, con mejoras desde el punto de vista de la regulación y una adecuada dinámica de la competencia.
Mientras, el riesgo económico tendría una tendencia “negativa”, debido al debilitamiento que se puede generar en la calidad de la cartera como consecuencia de la pandemia.
Además, también influye que la calificación soberana del país (BBB) tenga perspectiva negativa, ya que un eventual deterioro en la nota de riesgo soberano tendría un efecto en la economía, lo que se terminaría reflejando en la actividad bancaria.
