La Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá (API) solicitó al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) derogar tres decretos que se han emitido sobre arrendamientos debido al Estado de Emergencia, porque “más que ayudar perjudican y entorpecen la actividad comercial de bienes raíces a nivel privado”.
La nota del 19 de mayo de 2021 está dirigida al titular del Miviot, Rogelio Paredes y lleva la firma de José Antonio Díaz, presidente de la junta directiva de la API.
Se refiere a los decretos 145, 314 y 411 de 2020. El primero dictó medidas sobre arrendamientos, procesos de lanzamientos y desalojos. El 314 modificó 5 artículos de la norma que suspendía desalojos y lanzamientos, y el 411 suspendió todos los trámites y desalojos de bienes inmuebles destinados para uso habitacional, establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docente, sin distinción de canon de arrendamiento. El arrendatario debía presentar prueba de su afectación económica causada durante el estado de emergencia.
Según la API, los arrendatarios utilizan estos tres decretos para apoyarse en el no pago de los cánones de arrendamiento, “no abonan, quieren vivir gratis e incumplen los acuerdos pactados”. Aseguran los propietarios de inmuebles que hay personas “que no están afectadas y se aprovechan de la pandemia y el Estado de Emergencia para no pagar”.
“Nuestro gremio ofrece soluciones habitacionales a muchas personas que no tienen la capacidad de pagar para la compra de una vivienda y hemos cooperado con el Miviot”, añade.
En la renta de apartamentos y locales comerciales participan muchas personas que dependen directamente de esta actividad para obtener el sustento y vivir, además de que con el producto de la renta pagan los servicios básicos de mantenimiento, préstamos hipotecarios, escuela, impuestos nacionales y municipales, entre otros.
Tras la crisis generada por la pandemia ha habido una disminución de apartamentos alquilados pero es mayor la oferta de locales comerciales, según la API.
