“Debemos sacar el dinero de la política”. Con esta frase explicó ayer el diputado independiente Gabriel Silva su propuesta de impedir que los grandes donantes a campañas políticas puedan ser, a la vez, contratistas del Estado.
Según el diputado, la iniciativa podría terminar con el círculo vicioso de las empresas que donan a campañas políticas con la intención de hacerse con contratos una vez que el candidato está en el poder.
Silva planteó ayer durante el primer debate de la reforma a la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas que las empresas que donen más de $50,000 a campañas de elección popular no puedan ser seleccionadas como contratistas del Estado si el candidato al que apoyaron resulta elegido.
El diputado independiente puso el ejemplo de la constructora brasileña Odebrecht, que protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción del continente y era un donante habitual en distintas campañas políticas en países de la región.
Silva propuso, además, que los funcionarios que compartan información privilegiada no solo sean multados, sino que sean inhabilitados de por vida para ejercer la función pública. De igual forma, planteó que el Estado debería tener capacidad para rescindir unilateralmente el contrato con una empresa si en el transcurso de ejecución del mismo la compañía es condenada por casos de corrupción.
La Comisión de Comercio y Asuntos Económico retomó ayer la discusión de la reforma a la Ley 22 de 2006, que dicta el régimen de contratación pública del Estado.
En la sesión participaron varios gremios empresariales, que plantearon la necesidad de diferenciar la compra de medicamentos del resto de productos que adquiere el Estado.
Marcela Galindo, representante de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, dijo que la primera opción del gremio es que la compra de medicamentos sea separada de la Ley 22 y que, si esto no es posible, se solicitará crear un capítulo aparte dentro de la ley “por la delicadeza de la compra de medicamentos”.
Carmen de Da Silva, gerente en Panamá de la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma), dijo que cuando una institución como el Ministerio de Salud compra medicamentos se convierte en juez y parte al no haber otra entidad fiscalizadora y los casos de impugnaciones terminan en muchos casos en la Corte Suprema de Justicia, donde pueden demorar varios años en resolverse, mientras los pacientes esperan. En otros casos, apuntó, las instituciones tienen que hacer compras pequeñas o inmediatas, que resultan más costosas. “Con una ley específica para medicamentos, todas estas barreras o embudos se reducirían', dijo la ejecutiva, que abogó por dotar de mayor flexibilidad a los hospitales con el objetivo de que los pacientes puedan tener acceso a los tratamientos.
El diputado Luis Cruz, que preside la comisión, decretó ayer un receso y el debate se retomará la la próxima semana, cuando ya podría iniciar la votación del proyecto de ley por grupos de artículos.
Entre el grupo de propuestas, por el momento, se mantiene la incapacidad legal para contratar a las empresas que hayan sido condenadas por casos de corrupción en Panamá o que hayan llegado a un acuerdo de colaboración y reconocido la comisión de un delito en los cinco años previos a la celebración del acto público. La norma no tendría carácter retroactivo, así que las empresas que hayan llegado a acuerdos de colaboración con las autoridades o hayan sido condenadas antes de la promulgación de la ley sí podrían licitar con el Estado.
