El sector privado organizado agrupado en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) dio un paso ayer para empujar la recuperación económica golpeada por las medidas adoptadas para frenar la pandemia del coronavirus.
Los empresarios reconocen que Panamá está en crisis y se requiere de manera urgente identificar e implementar propuestas dinamizadoras que incidan en el producto interno bruto (PIB), pero particularmente en reactivar los empleos.
Durante un acto en la Presidencia de la República, el presidente del Conep, Julio De La Lastra, acompañado de otros dirigentes empresariales, entregó al presidente Laurentino Cortizo el documento que contiene las 47 propuestas para la reactivación económica.
Si se implementan estas iniciativas se podrían generar 140 mil empleos directos y 68 mil indirectos en distintos sectores de la economía, esto es más de la mitad de los empleos que se han perdido durante los últimos meses en el país por la crisis.
Se considera una inversión consolidada en el corto y mediano plazo en el sector privado estimada en más de $4 mil millones. Para el Conep, este nivel de inversión producirá un impacto económico en el corto plazo a nivel del PIB nacional por un monto estimado de $4 mil 500 millones, lo cual representa un tercio de la caída de la economía en 2020 como consecuencia de las medidas adoptadas por la pandemia.
Los sectores
Las iniciativas en el sector energético se orientan a acelerar la diversificación de la matriz energética, satisfacer el crecimiento de la demanda y hacer más eficiente y competitivo el servicio de energía para las áreas productivas y la sociedad. En este renglón se propone revisar todas la política de subsidio energético y estrategia de Estado en el sector.
Igualmente se sugiere que una comisión evalúe el desarrollo y ejecución de los proyectos de gas natural estancados (NG Power y Sinolam Smarter Energy) y la reactivación de proyectos suspendidos que suman mil 200 megavatios.
También se pide garantía estatal para resolver el pago de la deuda causada por la ley de moratoria aprobada por el Gobierno por el estado de emergencia tras la pandemia.
En las propuestas del sector financiero se pretende mantener la competitividad del mismo, con el propósito de lograr la participación activa en la recuperación económica, a través de la generación de nuevos créditos, tomando como base sustantiva , “proteger la seguridad jurídica de las inversiones, las reglas naturales del mercado, marcos normativos que facilitan la atracción de bancos y libre competencia, en beneficio de los mejores intereses para el consumidor”.
Se pide una estrategia-país cuyo resultado sea salir de las listas discriminatorias, y una regulación dinámica en torno a las provisiones para insolvencia de pérdidas esperadas, entre otras.
Entre las propuestas para el sector industrial se busca fomentar el consumo de productos nacionales, la transformación de insumos, los encadenamientos productivos, la inversión orientada a expandir la capacidad productiva y el desarrollo de políticas de comercio exterior que dinamicen la producción local con el fin de elevar la competitividad.
Se señala la necesidad de generar un plan de desarrollo para las exportaciones de productos nacionales.
Las recomendaciones para el sector construcción se encaminan a generar las condiciones propicias para la reactivación, tomando en cuenta mecanismos de aval financiero que faciliten los créditos hipotecarios, incentivos temporales a nivel municipal y agilización de trámites, entre otros. Sobre este sector, los empresarios destacaron el inventario de viviendas que hay construidas y la necesidad de acelerar los trámites pendientes de aprobación por motivos administrativos en las instituciones del Estado.
En el sector agropecuario se hacen propuestas para mejorar la sanidad animal, la inocuidad de alimentos, el acceso al crédito y el desarrollo de las capacidades técnicas y gerenciales de los productores.
En turismo, uno de los sectores más golpeados, se propone elevar la liquidez de las operaciones de las microempresas turísticas, impulsar la demanda por la oferta de servicios locales y generar nuevos productos-destinos, como líneas de acción fundamental para la reactivación.
Medidas transversales
Estas buscan establecer una adecuada coordinación con el Gobierno, así como presentar reformas de ley y procesos que cubren a la mayoría de los sectores productivos del país.
Como parte de las propuestas, el sector privado destaca que se requiere de la agilización de los trámites gubernamentales a través de la innovación tecnológica.
Igualmente se sugiere incluir una ley de responsabilidad fiscal donde el Estado no pueda aumentar la planilla estatal para trabajos administrativos mientras el balance primario sea deficitario.
Se propone crear un equipo de trabajo público-privado para promover el país a nivel internacional, tomando en cuenta sus ventajas y activos.
Todas las compras del Estado deben ser canceladas en un periodo no mayor a 30 días previa presentación de documentación y contar con una certificación de no objeción, que pueda ser usada como documento negociable.
También se consideran iniciativas complementarias públicas con un programa de emergencia de pequeñas inversiones menores a 10 mil dólares por corregimiento para la generación inmediata de empleo local, que podría incluir además 16 mil plazas de empleos en los 631 corregimientos del país, con un nivel de inversión estimado de $34 millones para la limpieza, pintura y mantenimiento de instalaciones, indica el informe.
