La versión preliminar de la legislación presentada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abre la puerta a una mayor inversión privada en la economía de la nación, lo que podría revertir décadas de intervención estatal.
El texto de la ley “anti-bloqueo” describe al Ejecutivo como quien tiene el poder de modificar la propiedad, la gestión o la administración de empresas públicas o mixtas, según un borrador visto por Bloomberg.
Eso podría permitir una mayor inversión privada o extranjera en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela y en el sector petrolero del país, que ha visto caer la producción como resultado de la baja de los precios del petróleo, la mala gestión, los sobornos y las sanciones.
La inversión extranjera en el sector petrolero de la nación se ha limitado a 49% desde 2006.
“Podrían estar pensando en entregar la gestión, tal vez la propiedad, de las refinerías venezolanas, y creo que los únicos que estarían dispuestos son los iraníes”, dijo el legislador opositor Ángel Alvarado, miembro del comité de finanzas de la Asamblea Nacional.
El proyecto de ley se está considerando en la llamada Asamblea Nacional Constituyente, el cuerpo legislativo paralelo del presidente que muchos países consideran ilegítimo.
El borrador de la versión está siendo analizado por la comisión de economía del organismo y podría aprobarse la próxima semana, según un legislador que pidió no ser identificado ya que no está autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.
PDVSA y el Ministerio del Petróleo no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
La ley también abre la posibilidad de devolver decenas de empresas expropiadas, desde fabricantes de jabón hasta productores de aceite vegetal, a sus dueños anteriores después de que la mayoría cayera en la ruina luego de que el Gobierno se hizo cargo de ellas.
Los antiguos propietarios, algunos de los cuales han demandado a Venezuela en tribunales internacionales para recuperar miles de millones en inversiones perdidas, deberían aceptar restaurar rápidamente la producción, dice el proyecto de ley.
Si bien Maduro culpa de los problemas de la nación a un “bloqueo financiero” y sabotaje por parte de líderes empresariales y políticos opositores, la devastación económica de Venezuela es el resultado de una mezcla tóxica de intervención estatal, subsidios, controles monetarios y de precios.
En su séptimo año consecutivo de recesión, se pronostica que la economía del país se contraerá otro 20% este año en medio de la pandemia y el colapso de los ingresos petroleros.
La inflación anual se calcula en 2.400%.
Otro artículo de la ley podría permitir la eliminación de restricciones a la comercialización de ciertos bienes estratégicos. Esto podría eliminar las restricciones de larga data sobre la venta de combustibles, permitiendo a las empresas privadas importar y distribuir gasolina. La creciente escasez ha paralizado gran parte de la economía en los últimos meses y ha provocado protestas en todo el país, al tiempo que las sanciones estadounidenses han exacerbado lo que alguna vez fueron escaseces esporádicas.
La desesperada necesidad de combustible ha intensificado las protestas en todo el país en las últimas semanas, y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró el lunes 70 protestas en 15 estados.
