Telfers, una lengua de tierra que sobresale frente al puerto de Cristóbal, en Colón, y un costado de la ruta del Canal del lado del sector Atlántico, era parte de la ampliación portuaria que Panama Ports Company (PPC) debió desarrollar para el movimiento de contenedores, pero nunca concretó el proyecto.
PPC recibió esta zona como parte de la concesión en Cristóbal, a través del contrato firmado en enero de 1997 con el Estado, en el que se definió que era para la “extensión futura” del puerto. Sin embargo, la empresa no hizo la inversión, y en su lugar dio los terrenos y bienes en alquiler a terceras empresas para otras actividades.
“... El Estado por este medio otorga una opción (la opción) a la empresa, en los mismos términos y condiciones de este contrato, para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de aquellas áreas de tierra, facilidades e instalaciones conocidas como Diablo e Isla Telfers, también detalladas en el Anexo I, las cuales son parte de este contrato, (lo que en adelante se conocerá para los efectos de este contrato como: “La Extensión Futura”, la cual, conjuntamente con el “Puerto Existente” en adelante se conocerá, para efectos de este contrato como: “Los Puertos”)”, señala el contrato.
En el acuerdo quedó establecido que “la empresa tiene el derecho de ejercer la Opción en cualquier momento durante los primeros quince (15) años de este contrato, contados a partir de la entrada en vigencia del mismo, mediante notificación escrita en ese sentido a el Estado”.
Para algunos analistas del sector marítimo, este enunciado deja claro que si la empresa no hizo el desarrollo portuario en Telfers en el periodo establecido, es decir antes de 2012, el Estado tiene la opción de recuperar esos terrenos para darlos en concesión a otra empresa o cobrar directamente los cánones que se generan.
Actualmente, en Telfers hay, por lo menos, cinco compañías a las que PPC le ha subarrendado terrenos que le generan ingresos millonarios: AES Colón, que paga a PPC por el alquiler de 20 hectáreas de terreno y otras 10.3 hectáreas de frente de agua, donde opera la generadora eléctrica, el tanque de almacenamiento de gas natural y un muelle para barcos metaneros. Además, subarrienda a Depsa, que opera el muelle 16 de Cristóbal, para descarga de granos. En esa zona también hay una finca de tanques de almacenamiento de combustible, una empresa que ofrece servicios de incineración de desechos y Cemento Chagres.
“Subarrendamientos y cualquier peaje cobrado por trasiego de carga (ej. LPG de Petroport) deben pasar directamente al Estado, pues esa no fue la intención del contrato, y PPC no fue la que hizo las inversiones”, afirma el exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano.
Entre sus consideraciones, Quijano, que laboró por 36 años en el Canal hasta que se completó la construcción del tercer juego de esclusas, estima que entre estos subarrendamientos, PPC puede recaudar unos $230 millones en los 25 años de la renovación de la concesión. Igualmente recuerda que se debe actualizar la tarifa de movimiento por contenedores, que no se revisa desde 2010, y luego de 11 años sigue siendo $12 por cada movimiento pagado al Estado.
Supuesto desarrollo
La empresa promovía la ampliación portuaria en Telfers a través de su página web con un render, captado en 2008 por el entonces secretario de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Carlos Ernesto González De La Lastra, quien la utilizó para una presentación visual sobre obras carreteras y portuarias en desarrollo.
“Esa imagen la bajé de la página web de ellos [PPC] sobre el desarrollo del puerto de Cristóbal, que incluía Telfers. Eso fue entre 2004 y 2008”, explicó. En esa charla, González de La Lastra habló del desarrollo portuario y lo que la empresa iba a hacer en Cristóbal, incluyendo el alegado desarrollo portuario en Telfers.
Justo en 1997, cuando se firmó el contrato de concesión para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, el grupo Hutchison, al cual está afiliada PPC, inauguró Freeport Container Port, en Bahamas, para el trasbordo de contenedores. Posteriormente, la empresa amplió ese puerto, que, geográficamente se ubica frente a la costa este de Estados Unidos.
“Entonces le dieron mayor importancia en el Atlántico a Freeport que a Cristóbal, con lo cual la inversión de Cristóbal fue muy lenta y no creció tanto”, añadió González De La Lastra.
Para PPC, según el contrato ley, la empresa tiene el derecho de alquilar terrenos de la concesión a terceros.
“Los ingresos de estos alquileres son parte de los ingresos totales de la empresa, y de estos, de las utilidades le corresponde un 10% al Estado y son parte de la razón que se han podido distribuir a favor del Estado este año la suma de $165 millones”, ha señalado el vocero, Rommel Troetsch.
Aseguró que en el caso de Cristóbal, según la cláusula 2.5 de la Ley 55 del 28 de diciembre de 2005 o adenda 1 del contrato, “el compromiso era de invertir $200 millones y la auditoría de la Contraloría General de la República certificó una inversión de $482.2 millones, o sea, más del doble del compromiso de inversión”.
Los detalles de esta auditoría no han sido divulgados, por la Contraloría General de la República. Por tanto, se desconocen qué aspectos fueron los que se revisaron y que llevaron al contralor, Gerardo Solís, a afirmar que la empresa cumplió con el contrato.
Distintas organizaciones del país han solicitado que haya una nueva negociación con PPC, ya que las condiciones del contrato original fueron variadas a través de modificaciones y adendas.
Igualmente, piden que lo que se acuerde sea aprobado por la Asamblea Nacional, a través de una ley, que garantice lo aprobado.
Quijano insistió en la necesidad de que si hay un acuerdo de junta de accionistas de la empresa para establecer un piso de dividendos a pagar al Estado anualmente se haga a través de una adenda aprobada en la Asamblea Nacional, porque, al ser el Estado un accionista minoritario —con el 10%—, la decisión puede ser cambiada con otra junta de accionistas. Igualmente, dijo que la AMP debe negociar que PPC, directa o indirectamente, no bloquee proyectos portuarios en el futuro, pues en 25 años Panamá podrá necesitar mayor capacidad portuaria.
