Las Asociaciones Público Privadas (APP) no están por fuera de la cuenta de cobro que la pandemia le está pasando a la economía. Como la mayoría de sectores y empresas, no estaban preparados en materia normativa, operativa y financiera para enfrentar condiciones tan extremas como la reducción de la demanda del tráfico de pasajeros y vehículos, la falta de materias primas, insumos, mano de obra y equipos que están retrasando la ejecución de los proyectos.
La buena noticia es qué tanto los gobiernos como los empresarios y los multilaterales están trabajando en solventar la situación. “Estos impactos se pueden mitigar con resultados modestos a través de cláusulas de fuerza mayor y compensación, utilizando financiamiento puente, inyecciones de capital, renegociación de parámetros claves del proyecto y la introducción de flexibilidad en las regulaciones sobre indicadores de desempeño, entre otras medidas”, sostiene en un análisis Imad N. Fakhoury, director del Departamento de Prácticas Mundiales de Infraestructura, APP y Garantías del Banco Mundial.
Resolver los conflictos y garantizar estabilidad jurídica es clave para que los países de América Latina puedan atraer a los inversionistas privados y de esta manera cumplir con sus planes de reactivación económica sin comprometer más sus déficits fiscales.
Los gobiernos más avanzados en la materia ya han destapado sus cartas anunciando millonarios proyectos a través de APP, entre los que están: Brasil ($45,000 millones); México ($14,000 millones); Chile ($8,600); Colombia ($5,000 millones); Paraguay ($1,800 millones) y Panamá ($1,500 millones). Hay proyectos para todos los sectores: autopistas interurbanas, metros, trenes, puertos, buses articulados (BRT) e infraestructura social, incluyendo hospitales, clínicas y escuelas, aunque por las necesidades de accesibilidad y conexión física en la región el protagonista sigue siendo la infraestructura vial. Según un informe de CAF -banco de desarrollo de América Latina- el 90% del transporte de la región se realiza por carreteras; además, se estima que cada dólar invertido en este tipo de infraestructura genera un incremento de 0.2% en el PIB anual en el largo plazo, lo cual representa un retorno económico del 20%, y contribuye tres veces más al crecimiento que la inversión en otros modos de transporte (puertos, aeropuertos, ferrocarriles). “El entorno económico favorece el desarrollo de proyectos bajo distintas modalidades de APP y, pese al deterioro de las condiciones fiscales y el aumento del riesgo de muchos países de la región, se mantiene una ventana para acceder a financiamiento en el mercado internacional. El papel de las agencias financieras multilaterales, como IDB Invest, IFC, CAF y CIFI, entre otras, toma más relevancia que antes, tanto por sus roles como catalizadores del riesgo financiero como por su capacidad de asistencia técnica”, sostiene Raúl Ferro, en un reporte de BNAmericas.
Las decisiones de las grandes empresas multinacionales junto con sus pares locales para conformar los consorcios y el respaldo que requieren del sistema financiero, también dependen de qué países ofrecen mejor institucionalidad. La atracción de inversores, el equilibrio de riesgos, la utilidad para la sociedad, y la alineación de los intereses público y privado son algunos de los ítems que también deberán tener en cuenta las autoridades.
“Sin inversores no hay APP, y en un mercado global atraer inversores requiere comunicar eficientemente, proponer inversiones razonables y suficientemente rentables para demostrar capacidad y competencia como Administración Pública. Eso requiere capacitar adecuadamente a los entes públicos, preparar muy bien los proyectos y gastar dinero en promocionarlos, y en ese sentido el ejemplo de Colombia es paradigmático en la región”, explica Mónica López, en una publicación de CAF.
“Vísteme despacio que estoy de prisa”. Esta frase de Napoleón Bonaparte es la mejor recomendación para los gobiernos a la hora de estructurar, licitar y adjudicar proyectos para evitar retrasos en la ejecución de los mismos. En línea con lo anterior, se prevé que este año sea el de adjudicaciones para los países que logren atraer primero a los inversores y así empezar a ver movimientos de palas y obras. Se estima que su impacto en la economía será a partir de 2022.
El autor es ejecutivo principal de comunicación en CAF
