Un apoyo no reembolsable con base a las plazas de empleos que generan y a los gastos que se han acumulado por los últimos nueve meses de cese o merma de operación, plantearon al gobierno la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá (ARBYD) y la Asociación Cervecera Artesanal de Panamá (ACAP).
A través de una nota enviada al presidente de la República, Laurentino Cortizo, los gremios señalan que la ayuda no reembolsable sería el equivalente a tres meses de gastos operativos, según la última declaración de renta presentada ante la Dirección General de Ingresos (DGI).
“El tiempo de propuestas que no son escuchadas caducó. La desesperación por préstamos que no llegaron, de exoneraciones que no se materializaron ha creado la más profunda zozobra”, señalan las dos organizaciones empresariales en la propuesta que busca dar aire a este sector.
Relación laboral 100 mil contratos reactivados
Hasta el 4 de diciembre pasado, 100 mil 13 contratos laborales habían sido reactivados en el país, informó el Ministerio de Trabajo de Desarrollo Laboral. Estos corresponden a las 8,001 empresas que han reiniciado de forma progresiva.
ARBYD y ACAP explican que aglutinan en sus respectivas membrecías a más de 300 negocios que han estado cerrados por casi nueve meses sin la posibilidad de generación de ingresos que permitan crear puestos de trabajo dignos o cumplir con obligaciones con arrendadores y bancos.
Igualmente solicitan la estructuración de un “vehículo financiero” que funcione como un crédito fiscal a favor de los restaurantes, bares y discotecas que han estado cerrados o funcionando a capacidad limitada desde marzo de 2020.
“El crédito fiscal propuesto sería transferible, endosable, vendible con la intención de crear un mercado secundario que permita algún tipo de alivio a los actores de este sector que juega un papel esencial en la oferta turística y gastronómica del país”, explica la nota.
Este crédito fiscal sería calculado con base a las ventas generadas durante el año fiscal 2019 reportadas a la DGI a través de la declaración de renta pertinente y se establecería un crédito fiscal equivalente al 25% de las ventas totales reportadas a la DGI en 2019.
El crédito fiscal sería emitido a favor del negocio que aplique para esta ayuda y podría usarse para repagar cualquier obligación fiscal con el Gobierno o con los gobiernos locales. “Esta alternativa crearía un mercado secundario interesante para que las empresas se mantengan a flote, creando plazas de empleo que a la postre se podrán traducir en ingresos para el Estado”, señala.
Tras el repunte de casos positivos de coronavirus, el gremio de restaurantes, bares y discotecas teme que se tomen medidas drásticas nuevamente, que serían negativas para la economía.
“El mes de diciembre muestra signos de desgaste en el personal médico que nos cuida, así como un incremento en casos que apuntan hacía el colapso de espacios diseñados para atender a los pacientes de Covid-19”, reconocen los gremios.
Por ello, tienen recelo a que se tomen medidas de confinamiento como las aplicadas a Panamá Oeste, acciones que podrían incluir el cierre de locales que si se aplican, “sería la estocada final para cientos de empresas”.