Los consumidores que piden comida a través del servicio de delivery deben seguir pagando el impuesto del 7% del ITBMS en los restaurantes que dan el servicio y tienen licencia para vender licor, aunque debido a la cuarentena está prohibida la venta de bebidas alcohólicas por decreto ejecutivo.
Los dueños de restaurantes aseguran que sostuvieron encuentros con representantes de la Dirección General de Ingresos (DGI), para solicitar que durante este período de cuarentena y ley seca se les permita exonerar a los consumidores del 7% del ITBMS sobre las comidas, pero la respuesta fue negativa.
“Nos indicaron que nosotros estamos registrados como una empresa que contribuye con el 7% y debemos cobrarlo. No podemos hacer más nada y castigar a una población que en este momento está con problemas económicos”, aseguró Domingo de Obaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP).
Al respecto, Publio de Gracia, director general de ingresos, aseguró que la entidad no tiene competencia para eximir del pago de impuestos determinados por ley.
“La facultad que nos dio el el Código de Procedimiento Tributario es solo para autorizar el diferimiento del pago de impuestos y no así para modificar los hechos gravables ni la alícuota”, remarcó el funcionario.
Realidad comercial
El presidente de la ARAP asegura que actualmente muy pocos son los restaurantes que se encuentran operativos y que las ventas han mermado a raíz de la crisis económica generada por la pandemia de la Covid-19.
“Los pocos restaurantes que han abierto se han encontrado con un volumen muy bajo de ventas, casi con un 30% de lo que se vendía antes, porque no hay mucha liquidez en la calle”, dijo De Obaldía.
Los costos de entrega también se han convertido en otro obstáculo para el sector. “Muchos clientes se están quejando por los altos precios que están cobrando las empresas que se encargan del delivery. Hay algunos que tienen una tarifa preferencial, pero hay otros que cobran entre $3.50 y $4.00 por envío”, dijo De Obaldía.
En la ciudad de Panamá hay aproximadamente 2,700 restaurantes con una fuerza laboral de aproximadamente 40 mil personas. Al 95% de los trabajadores se les suspendió temporalmente el contrato de trabajo, según la ARAP.
La gran mayoría de los 450 restaurantes asociados a la ARAP ha dicho que su personal no aparece en lista de los beneficiarios del plan Panamá Solidario.
“Hemos estado mandando la lista (de los afectados) al Ministerio de Trabajo y la Presidencia de la República y aún así el personal no aparece, y eso es preocupante, porque hay muchos restaurantes que no van a poder ayudar a sus colaborares para el 15 de mayo, y si eso ocurre y además los colabores no están recibiendo los beneficios del plan Panamá Solidario, va haber un caos”.
