En plena víspera del año nuevo y a cinco meses de haber tomado posesión de su cargo, el 31 de diciembre de 2019, el presidente Laurentino Cortizo sancionó una ley que reforma los incentivos turísticos que se otorgan en el país, dando paso a una estructura financiera que amplía al 100% del valor de la inversión los beneficios fiscales que reciben los inversionistas que le apuesten a esta actividad fuera del distrito de Panamá.
El proyecto de ley, con poca atención mediática hasta la fecha, nació en la Asamblea Nacional de la mano del diputado perredista Raúl Pineda, quien lo presentó ante el pleno el 17 de octubre de 2019. Fue admitido por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos el 13 de noviembre, y de forma rápida pasó por los tres debates correspondientes en el órgano legislativo.
Este proceso dio paso a la Ley 122 del 31 de diciembre de 2019, la cual fue reglamentada mediante Decreto Ejecutivo No. 364 el 23 de julio de 2020, en medio de la pandemia que azota la economía del país.
Espaldarazo fiscal
A un año de dicha reglamentación, se empiezan a visibilizar las primeras movidas empresariales para hacer uso de la norma que beneficia al inversionista de desarrollo de nuevos proyectos turísticos o nuevas etapas de obras ya existentes fuera del distrito de Panamá.
La ley permite que las personas jurídicas o naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas, reciban certificados de crédito fiscal del impuesto sobre la renta equivalente al 100% de las sumas invertidas.
Es decir, que el Estado reconoce y asume a través de un sacrificio fiscal el valor total de la inversión.
El hotel o la infraestructura turística hotelera se puede ejecutar precisamente a raíz de la obtención del dinero que sus promotores logran conseguir con las emisiones de los instrumentos financieros.
En tanto, el inversionista que compra esos instrumentos financieros, tiene el incentivo de recibir en créditos fiscales la totalidad del dinero invertido. Se trata de una ecuación en la que ambos ganan-desarrollador e inversionista- porque el Estado financia las obras a través del sacrificio fiscal.
Para los promotores turísticos el beneficio de la norma tiene un sentido más abarcador que las ventajas fiscales que reciben. Advierten que la derrama económica, la generación de empleo y la riqueza en activos para el país es mucho más grande que un incentivo temporal, lo que cobra sentido para posicionar a Panamá como un destino turístico de escala mundial.
Además, precisan que cuando consiguen a los inversionistas ya se han asumido riesgos y se han hecho inversiones millonarias en infraestructura que son las que permiten hacer atractiva y posible la obtención de nuevos fondos. Indican que el inversionista recibe el reconocimiento de su crédito fiscal, pero finalmente este no sería exactamente por el 100% de su inversión, debido al manejo que este requiere, y el cual queda repartido a través de los años en los que se puede reclamar, tal como establece la regulación.
La ley
La norma establece que el crédito fiscal que se le otorga al inversionista se podrá utilizar a partir del segundo año de la inversión.
El crédito fiscal puede ser usado en un periodo máximo de 10 años, pero con varias condiciones. El valor máximo utilizable por año no puede exceder el 50% del impuesto sobre la renta causado en el año fiscal correspondiente.
A su vez, ese 50% no puede sobrepasar el 15% de la cantidad total del crédito fiscal otorgado al inversionista.
Por otro lado, la totalidad o una porción no utilizada del crédito fiscal puede ser cedida a una tercera persona; una operación que sería muy lógica para un inversionista que no genera impuestos en Panamá y que cuando cede sus incentivos fiscales, aunque sea con un descuento, recibe de forma inmediata su compensación económica.
La ley indica que el incentivo se dará hasta el 31 de diciembre de 2025 a los inversionistas que no estén vinculados directa o indirectamente con la empresa turística que emita el instrumento financiero.
Proyectos en la lista de beneficiados
El Gobierno se ha alineado para expresar una opinión favorable respecto a la nueva norma; desde la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
De acuerdo con las corridas que se hicieron antes de la aprobación del crédito fiscal y la forma en que se diseñó la utilización de este incentivo, “el mismo solamente podrá afectar la recaudación a partir del segundo año de la inversión y limitado al 15% del monto del crédito, con lo cual de acuerdo a las estimaciones realizadas, la recaudación en impuestos que se genere durante las fases de construcción y operación, compensa lo que se otorgue en créditos fiscales, generando siempre balances positivos para el fisco panameño durante la vigencia o uso del crédito fiscal”, precisó la DGI a través de un cuestionario vía correo electrónico.
La entidad considera que la industria turística es uno de los pilares de la reactivación económica, y lo más importante es que atrae inversión extranjera y consumo al país, necesarios para la activación de sectores afectados por la crisis.
La ley señala que los bonos, acciones y demás instrumentos financieros deberán estar registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, así como en la Bolsa de Valores de Panamá, y emitidos por empresas que estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo.
A la DGI se le consultó sobre cuántas certificaciones o registros de incentivos fiscales de este tipo se han aprobado y por qué monto.
La entidad no respondió de forma específica. En este punto solo dijo que en la actualidad existe interés internacional por hacer inversiones por el orden de los $700 millones en Panamá, producto de este incentivo.
A la ATP se le pidió especificar si a través del Registro Nacional de Turismo conocían de los proyectos que estaban recurriendo a la aplicación de la ley, su ubicación, el monto de inversión de forma individual y proyección en la generación de empleo. La entidad tampoco respondió el detalle de tal requerimiento.
A cambio informó que en total son 12 grandes proyectos de hospedaje que fueron presentados este año por inversionistas locales y extranjeros e ingresados en la base de datos del Registro Nacional de Turismo.
Según la ATP, la ley ha incentivado la creación de proyectos por un valor total de $899.2 millones en lo que va de este año. Estos estarían ubicados en el área de Punta Chame, Santa Clara (corregimiento de Río Hato, provincia de Coclé), península de Soropta e Isla Bastimentos (en la provincia de Bocas del Toro) y en el archipiélago de Las Perlas.
Pearl Island
Este diario tuvo acceso a documentación que valida que la empresa Don Bernardo Hotel S.A, detrás de la operación del monumental proyecto de Pearl Island, estaría finiquitando los pasos para emitir acciones y listarlas en la Bolsa de Valores de Panamá, que el pasado 30 de junio anunció un cambio de denominación para llamarse Bolsa Latinoamericana de Valores.
Con la venta de estos instrumentos financieros conseguiría los fondos que necesita para construir el proyecto Ritz Carlton Reserve, que incluye un hotel cinco estrellas en aproximadamente 40 hectáreas de terreno sin desarrollar en la isla Pedro González.
Vermeer -una compañía de responsabilidad limitada de Delaware- es la que realizará la inversión en el sector turístico a través de la compra de acciones, en una operación estructurada por Credit Suisse y con el Banco Nacional de Panamá actuando como agente local de colocación y custodio de los certificados fiscales.
La proyección de Don Bernardo Hotel, en el que participa la familia Eleta, es conseguir cerca de $232 millones (el monto recaudado será menor al valor de cara de los certificados fiscales porque se venden a descuento) que permitirían construir el hotel y otras amenidades que forman parte de la segunda etapa de su proyecto.
Ya en la isla se ha desarrollado una primera etapa del proyecto Pearl Island, que incluye un conjunto de lujosas viviendas, además de una pista de aterrizaje, servicios de carreteras, agua, electricidad y comunicaciones telefónicas. Una marina y restaurantes al frente del Océano Pacífico.
Esto ocurre en Pedro González, una isla en el archipiélago de Las Perlas, situada en el golfo de Panamá y a menos de una hora de la ciudad capital, en la que desde hace más de una década empezó el movimiento turístico de lujo de Pearl Island.
Allí, una residencia se vende en más de $2 millones. Es turismo de alta gama, orientado al jet set local y extranjero que busca conectarse con la biodiversidad y la riqueza natural de la zona, pero en soledad y total privacidad.
En la estructuración financiera en la que participaría Vermeer, se esperaría reclamar los incentivos en forma de certificados de créditos fiscales por un valor total de $232 millones a partir de 2023 y hasta 2029.
Basados en el monto esperado de la inversión, se proyectan créditos fiscales -a razón de 15% del valor total por año- por $34.8 millones de 2023 hasta 2028; y $23.2 millones en 2029, como la cantidad restante que se convierte en elegible para ser utilizada en ese último año.
Este diario habló vía Zoom con Guillermo De Saint Malo Eleta, presidente de Don Bernardo Hotel, quien ve en esta ley de incentivos turísticos el empujón que necesita el país para que se desarrollen proyectos con los que se pueda competir a nivel mundial frente a otros destinos.
Explica que estos incentivos deben verse como los estímulos que, por ejemplo, recibe la industria de la construcción, cuando el Estado hace toda la infraestructura en carreteras, accesos y servicios públicos que se necesitan en una zona en la que después las constructoras edifican sus proyectos.
A su juicio, lo más importante es que el sacrificio fiscal es nulo, entendiendo que la misma actividad turística en operaciones generará el pago de impuestos y permitirá la creación de nuevas plazas de trabajo en las etapas de construcción y de operación.
Por otro lado, indica que dichos incentivos se convierten en una fórmula que dinamiza a un sector que difícilmente encuentra financiamiento en la banca local, que no ve con luces largas el negocio y no entiende el potencial que tiene el país.
El 90% de los atractivos turísticos naturales y únicos que tiene el país están fuera del distrito de Panamá, pero la oferta hotelera se concentra en la ciudad capital, y con esto se justifica el incentivo, según la ley.
La ATP indicó que actualmente hay más proyectos turísticos en proceso de trámite para la ley de incentivos a la inversión.
