Panamá debe contestar, a más tardar el 17 de enero de 2020, un memorial de réplica, como parte del proceso de arbitraje internacional que le entabló al Estado panameño la empresa española Sacyr.
Esta contestación la debe hacer la firma forense Foley Hoag, que desde septiembre de 2018 presta estos servicios a la República de Panamá, pese a que el contrato aún está pendiente de aprobación en el Gabinete y posterior refrendo de la Contraloría General de la República.
Panamá fue notificada en agosto de 2018 de un arbitraje internacional interpuesto por la empresa española Sacyr, S.A., principal accionista del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) que construyó el tercer juego de esclusas.
Es un proceso aparte de los reclamos que GUPC ha presentado contra la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por supuestos sobrecostos en la construcción de las nuevas esclusas.
Sacyr demandó al Estado panameño por supuestas violaciones del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones firmado entre la República de Panamá y el Reino de España, vigentes desde 1998.
Sacyr no establece el monto del reclamo contra el Estado, pero alega que Panamá no protegió su inversión y no le dio el trato de nación más favorecida, entre otros.
La empresa llevó la acción con base al reglamento de arbitraje de la comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y no ante el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que fue el foro señalado en el contrato entre GUPC y el Canal para resolver conflictos. Con esta acción de Sacyr, surge la interrogante de si se puede demandar a Panamá por acciones de la ACP.
El reglamento de arbitraje de las Naciones Unidas exige nombrar árbitro de parte y apoderado en los 30 días siguientes a la notificación.
La propuesta del contrato con esta firma forense es por $4.9 millones y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021.
Contrato directo
En la sustentación para contratar la firma de abogados internacionales se indica que en atención a las consecuencias nefastas para las finanzas públicas que pudiese ocasionar un fallo arbitral en contra de Panamá y a fin de asegurar una adecuada defensa de los intereses nacionales, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asumió la coordinación y dirección del arbitraje con la firma Foley Hoag.
En el informe técnico del MEF se indica que luego de un análisis en el que participaron los entonces ministros de la Presidencia, Salvador Sánchez; de Asuntos del Canal, Roberto Roy y del MEF, Eyda Varela de Chinchilla; se decidió contratar a la firma Foley Hoag para que asumiera la defensa de Panamá en el arbitraje interpuesto por Sacyr.
En el contrato con Foley Hoag se le otorga poder a esta firma para realizar todas las actuaciones que se deban ejecutar dentro del proceso de arbitraje desde la constitución del tribunal arbitral hasta la sentencia final que concluye el proceso o se alcance un acuerdo con los demandantes.
Uno de los señalamientos de Sacyr, en el párrafo 28 de la notificación de arbitraje, la empresa demandante indica que Panamá, a través de ACP, “no presentó hechos materiales en la licitación y presentó estudios deficientes o erróneos”. En un comentario preliminar, Foley Hoag indica que se tendrían que revisar los términos de dicha licitación para confirmar si indicaban que era la responsabilidad de los licitantes confirmar los estudios preliminares presentados, así como verificar aspectos importantes del sitio de construcción”.
Alternativas
Este arbitraje enfrenta tres escenarios. Un primer marco podría ser que el tribunal arbitral señale que no tiene jurisdicción, con lo cual se termina el proceso, por consiguiente culmina la relación contractual con la firma de abogados Foley Hoag y la suma a cancelar por Panamá sería por $1.4 millones.
No obstante, si el tribunal señala que sí tiene jurisdicción se pasa entonces al procedimiento más largo en donde el tribunal fallará sobre méritos y daños. Una tercera posibilidad pudiera ser que el tribunal arbitral después de escuchar a las partes decida fallar en un mismo laudo sobre jurisdicción méritos y daños.
Como apoderado legal de Sacyr actúa la firma forense Three Crowns, con la cual Foley Hoag ha estado en comunicación desde que se entabló el proceso arbitral.
Foley Hoag cuenta con más de 250 abogados en sus oficinas en Washington, Boston, Nueva York y París. La firma sustenta que ha tenido un marcado éxito en más de 70 casos de inversión con una tasa de victorias superior al 90% en favor de sus representados. Esta firma ha brindado asesoría jurídica a Perú, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Chile, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua.
Los reclamos de GUPC por el contrato de las nuevas esclusas
En 2009 GUPC se ganó el contrato para la construcción del tercer juego de esclusas y a los pocos años de haber comenzado la obra el contratista inició una serie de reclamos por supuestos sobrecostos en el proyecto. El consorcio se adjudicó el contrato por $3 mil 118 millones para construir el tercer juego de esclusas pero presentó reclamos por arriba de los $5 mil 500 millones, es decir, mucho más de lo que costó todo el proyecto de ampliación. Algunos de estos casos aún no se han resuelto y están en proceso en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en Miami, Estados Unidos, que fue la instancia acordada en el contrata para resolver los conflictos que surgieran con GUPC.
Desde que surgió el primer conflicto con el consorcio, la administración del Canal se ha mantenido dentro de lo que establece el contrato, incluso, el Canal rechazó cualquier negociación con el contratista que estuviera fuera de lo que señalaba el acuerdo.
