El secretario de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), Dani Kuzniecky, señaló ayer en un conversatorio con medios que el reto de Panamá de salir de las listas discriminatorias es una realidad difícil a la que “tenemos que imprimir sentido de urgencia”. “Si no hacemos nada, en lugares donde estamos mal, podemos estar peor” y “no hay un espacio sempiterno para completar esto”.
Kuzniecky hizo estas reflexiones luego de conocerse esta misma semana la permanencia de Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea y unos minutos después de que se hiciera oficial la actualización de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en la que figura nuevamente Panamá.
Esta última es una relación de jurisdicciones con deficiencias en sus regímenes de prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo.
Panamá ingresó en la lista en junio de 2019 y desde entonces se comprometió a ejecutar un plan de acción para abordar las deficiencias.
El organismo culminó ayer la primera plenaria del año, en la que se hace una evaluación de los avances de los países y se actualiza la lista. A una pregunta de La Prensa, el presidente de GAFI, Marcus Pleyer, dijo que Panamá ha mostrado progreso, pero que todavía 13 de los 15 puntos del plan de acción están pendientes e instó a las autoridades a hacer un progreso rápido.
Se refirió, por ejemplo, a que el país debe demostrar capacidad para investigar y procesar el delito de blanqueo de capitales vinculado al delito fiscal internacional, garantizar información oportuna y actualizada sobre los beneficiarios finales de manera que se prevenga el abuso de las sociedades pantalla para lavar dinero, y mejorar la supervisión del sector no financiero.
Todas las fechas límites de cumplimiento del plan de acción ya se han vencido, como dejó claro el GAFI en su evaluación de Panamá.
Darma Romero, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reconoció que los plazos para el cumplimiento del plan de acción vencieron en febrero, pero que esto no significa que haya alguna consecuencia directa para el país en el sentido de ir a otra lista y enfatizó que el plan de acción se ha venido adelantando.
Romero dijo que en octubre de 2019, las 15 acciones previstas en el plan no tenían progreso alguno. En febrero del año pasado, 12 de esos elementos se consideraban parcialmente cumplidos y tres no tenían ningún nivel de cumplimiento, mientras en la evaluación más reciente, dos elementos se consideran completados y en los otros 13 se habrían mostrado progresos. Romero reconoció, no obstante, que “seguimos con el reto de cerrar esas brechas que nos quedan”.
Entre los avances reconocidos están tener un mejor entendimiento del riesgo de financiamiento del terrorismo y los riesgos en sectores no financieros. Otros avances señalados por el MEF son la tipificación de los delitos de defraudación fiscal y de envío de remesas sin licencia; la creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, y la adopción de la ley que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiario Final de personas jurídicas.
Aunque esta ley fue aprobada en marzo de 2020, la base de datos aún no ha sido creada.
Algunos de los retos pendientes pasan por implementar supervisiones necesarias para tener información de beneficiarios finales de las sociedades, que se apliquen sanciones disuasivas y tener procesos criminales andando e imputaciones cuando apliquen, dijo Romero.
Aunque la estrategia se lidere desde el MEF, hay otras instituciones del Estado, como los reguladores financieros y no financieros y el Órgano Judicial, que tienen roles importantes que cumplir. Todas estas instituciones forman parte del CNBC.
Tanto Kuzniecky como Romero hicieron énfasis en que el hecho de aprobar leyes no es suficiente para que se considere que las deficiencias han sido solventadas. “Se evalúa el progreso en las distintas áreas, incluyendo la supervisión, la imposición de sanciones, la prevención. Eso acompañado de que se produzcan los resultados, que se generen las sanciones, la persecución del delito que se concluya, que haya imputados”, sostuvo Kuzniecky. Si esto no se logra demostrar, “lamentablemente no terminamos de cumplir la tarea”, indicó.
El hecho de seguir figurando en listas genera restricciones en operaciones bursátiles, procesos de debida diligencia ampliada en las transacciones con Panamá y un aumento de las exigencias al momento de negociar los financiamientos, lo que se traduce en una merma de la competitividad del país y perjudica la atracción de inversiones, según los representantes del MEF.
La próxima plenaria del GAFI será en junio. Antes se deberá producir una reunión cara a cara con el grupo evaluador en la que Panamá presentaría los avances en el plan de acción. Por el momento, desde el MEF no se aventuran a dar una fecha específica sobre la eventual salida del país de la lista gris.
Sí adelantan que los procedimientos para salir de las listas no son simples y que luego de haber completado el plan de acción, hay ciertos plazos y etapas que se tienen que cumplir, por lo que la salida no sería automática.
