El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) falló a favor del Ministerio de Gobierno (Mingob) en la disputa legal con la empresa IBT Group Panamá por la construcción de la nueva cárcel de mujeres en Pacora, Panamá este, a un costo de $26.7 millones.
Luego de tres meses de batalla legal, IBT Group Panamá quedó inhabilitada para suscribir contratos con el Estado por un periodo de tres años.
Esta inhabilitación de tres años equivale a una suma de $4.2 millones, por el perjuicio económico ocasionado al Estado por “su desinterés” en finalizar el proyecto que se adjudicó el 29 de marzo de 2017, detalla la Resolución No.074-2020 del 7 de abril de 2020 emitida por el TACP.
El consorcio Cefere Panamá, integrado por las empresas IBT Group e International Business and Trade, LLC. (ahora denominada IBT, LLC) firmó en junio de 2017 un contrato con el Mingob para el estudio, diseño, construcción y equipamiento del nuevo Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere), en Pacora.
Han pasado tres años desde la firma de ese contrato y la obra solo registra un avance del 35% y, de conformidad con el último cronograma de ejecución, elaborado a partir de inspecciones de campo del Mingob, el proyecto debería tener un 78% de avance.
Durante los 25 meses de ejecución del proyecto, contados a partir del 8 de junio de 2017 –cuando se giró la orden de proceder–, “IBT no ha presentado un cronograma de ejecución de la obra en debida forma, es decir, de manera correcta, coherente y en los tiempos establecidos”, alegó la TACP al tomar la decisión de rescindir el contrato con el consorcio Cefere.
La entidad también hace referencia a que IBT Group abandonó la obra el 5 de julio de 2019, sin su autorización.
La empresa alega que los incumplimientos en el Cefere “se deben a la falta de recursos económicos del Ministerio de Gobierno”.
Jacob Esayag, director general de IBT Group Panamá manifestó que el Mingob les debe $1.2 millones en trabajos que no estaban en el contrato y $1.8 millones en facturas presentadas, para un total de $3 millones.
“Nosotros hemos realizado más trabajos de los establecidos en la obra, pero nosotros no podíamos seguir trabajando desde la ilegalidad”, alegó Esayag.
Aunque IBT Group apeló y presentó un expediente con 25 “pruebas” en las que sustenta los retrasos que supuestamente provocaron los “incumplimientos”, el TACP le dio la razón al Mingob.
“Mal puede entrar este Tribunal a ponderar si la actuación del Ministerio de Gobierno conlleva a un feliz término del contrato, cuando el contratista ha fallado en aportar en debida forma el endoso de la fianza, enarbolando con ello su propio desinterés en cumplir con los términos del contrato de obra [...]”, sustenta la resolución del Tribunal Administrativo publicada en el portal Panamá Compra.
Según el veredicto del Tribunal, en el contrato y previamente en el pliego de cargos se establecieron cláusulas que debían ser cumplidas por quien ejecutaría la obra, y no se cumplieron. Es por ello que consideran que no es responsabilidad de la entidad estatal, sino de la empresa IBT Group, el incumplimiento en la culminación de la nueva cárcel.
El veredicto de Tribunal estuvo a cargo de Diógenes De La Rosa Cisneros, magistrado sustanciador del TACP.
Por su parte, IBT Group presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia. La empresa pide “que se respete la seguridad jurídica de las empresas que invierten en el Estado panameño”.
El fallo del Tribunal de Contrataciones Públicas no cumple con el debido proceso, asegura Esayag.
El Tribunal falla en contra de la empresa porque “nunca entregamos la fianza, lo cual no es cierto, pero además esto no estaba en los argumentos del Mingob para cancelarnos el contrato”, cuestionan los representantes de IBT. “Cómo nos penalizan por una fianza que supuestamente no se entregó, pero la afianzadora nos informó que trataron de ejecutarla”, adujo.
El amparo presentado ante la Corte se sustenta en tres puntos. El primero de ellos, que el Tribunal tomó como referencia para emitir su fallo una carta del Mingob que en su momento calificó de “extemporánea”.
También cuestiona que se desistió de practicar una prueba de peritaje fundamental para el proceso. Este informe, solicitado a la Universidad Tecnológica de Panamá, serviría para esclarecer los puntos oscuros dentro del proyecto del nuevo Cefere, según un documento publicado en Panamá Compra.
Por último, IBT señala que el fallo se emitió en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, durante la cual no se pueden defender en las instancias legales.
El representante de IBT informó que han iniciado un proceso de arbitraje ante los tribunales internacionales por la cancelación del contrato de la nueva cárcel de mujeres.
“Hace un mes enviamos una carta al presidente Laurentino Cortizo, al Mingob y al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que le notificamos del arbitraje, y todavía no tenemos una respuesta”, aseguró Esayag.
