El miércoles 7 de julio ingresaron a la Contraloría General de la República los documentos que sustentan la segunda adenda que negoció el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con el grupo Consorcio Loma Cová por 41.2 millones de dólares, dinero que se utilizará para cubrir costos asociados al proyecto, como el pago de servidumbre y remoción de servicios públicos.
Esto representará un alza de 11% en el costo total de la ampliación a ocho carriles de la carretera Panamericana, desde el puente de Las Américas hasta el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.
Adicional, el MOP solicitó el refrendo para un incremento de 1.6 millones de dólares en el costo de financiamiento para cubrir el nuevo cronograma de pago debido a la paralización que registró el proyecto, por las restricciones de movilidad que aplicó el Gobierno para frenar el avance del coronavirus (Covid-19) en 2020. Si la Contraloría aprueba ambas solicitudes, el costo del proyecto aumentará hasta los $413 millones.
Rafael Sabonge, ministro del MOP, aseguró que el alcance del proyecto no ha variado y que la adenda es para cubrir los costos asociados que no fueron estimados correctamente durante el diseño de la obra.
Originalmente, “los costos asociados fueron estimados más bajos, algo similar a lo ocurrido en el segundo tramo del corredor de las playas”, indicó el funcionario.
Pero la diferencia es que el segundo tramo del corredor de las playas no se ejecutará debido a que en el contrato no se incluyeron costos asociados a la adquisición de servidumbre por más de 180 millones de dólares, lo que hace inviable la obra, según el MOP.
Por su lado, la ampliación hasta Arraiján registra un avance cercano al 40% a lo largo de los 11 kilómetros que son intervenidos por el Consorcio Loma Cová, integrado por la empresa española Acciona y la costarricense MECO.
Esta última compañía es señalada por autoridades panameñas y costarricenses de pagar sobornos para conseguir contratos.
Hace un mes, Carlos Cerdas Araya, dueño de Meco, fue detenido en Costa Rica en una operación para desmantelar una supuesta red de pago de sobornos a cambio de obras pública
En Panamá, Cerdas fue uno de los contratistas del MOP que en marzo de 2018 admitió haber pagado sobornos a la sociedad Blue Apple Services, Inc., supuestamente a cambio de agilizar trámites y desembolsos por avance de obra.
En el contrato que firmó el MOP y el Consorcio Loma Cova, adjudicado en 2017, se estableció que los costos asociados por la reubicación de instalaciones y servicios públicos sería de 18 millones de dólares, pero de acuerdo con la nueva evaluación la cifra alcanza los 59.2 millones de dólares.
Sabonge explicó que, además del tema de servidumbre, la adenda cubrirá la reubicación de una tubería de 32 pulgadas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales así como parte del oleoducto de la empresa PetroAmerica Terminal, SA (Patsa).
Rodrigo Chanis, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), considera que hay que mejorar el sistema que utilizan los funcionarios para calcular los costos asociados a las indemnizaciones, ya que la diferencia entre el estimado inicial y el monto final es muy grande.
En cuanto al beneficio que traerá la ampliación de este segmento de la carretera Panamericana, Chanis comentó que el mismo se verá afectado porque este proyecto estaba ligado a la construcción del cuarto puente, obra que por el momento no cuenta con un presupuesto para su ejecución.
“Mientras no se construya el cuarto puente, el beneficio de la ampliación hasta Arraiján se verá limitado y, por el contrario, se creará un embudo a la entrada del Puente de las Américas”, acotó.
La ampliación contempla la construcción de ocho carriles en su troncal principal, distribuidos en tres carriles por dirección y una calzada central de dos carriles, que serán reversibles para agilizar el tráfico en horas pico.
El titular de obras públicas indicó que la proyección para fin de año es que el proyecto alcance un 50% de avance, mientras que la fecha de entrega está prevista para el segundo semestre de 2023.
En la primera adenda firmada, en agosto de 2020, se extendió de 669 días a mil 430 días el plazo de ejecución de la obra, mientras que el tiempo de mantenimiento, una vez entregada, se mantuvo en mil 95 días.
