Hace 25 años el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) se reestructuró para crear empresas de generación y distribución de energía con la participación del sector privado.
Desde entonces el sector ha crecido en capacidad y cantidad de clientes, pero aún tiene temas pendientes por resolver.
La política energética actual se encamina hacia la transición, que busca abandonar las fuentes de origen fósil para el uso exclusivo de las energías renovables. Sin embargo, algunos sectores plantean revisar algunos componentes que son parte de la reestructuración.
El Gobierno de entonces decidió transferir al sector privado la responsabilidad financiera y operativa del sector eléctrico, con excepción de la transmisión, la cual se reservó como función del Estado a través de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).
En una evaluación de este proceso, después de 25 años, Fernando Aramburú Porras, uno de los gestores de la reestructuración reconoce que el desarrollo ha sido positivo, pero se requiere revisar algunos aspectos como el servicio de transmisión que presta la estatal Etesa y la comercialización de la energía, que está enfocada a darle al consumidor más poder, algo que ya se ha hecho en otros países con éxito.
“La parte de la comercialización que en otros países se ha separado de la distribución, se ha dejado para que otras empresas o personas entren como comercializadores de energía y ofrecer este servicio al público o a las empresas para provocar una mayor competencia, con lo cual el precio de la energía sería más visible o transparente”, afirma.
La figura del comercializador se propuso en 2018 a través de un proyecto de ley, pero no prosperó en la Asamblea Nacional. Hubo un rechazo de las propias empresas de distribución.
“Creo que eso hay que revivirlo porque es un tema que produciría más competencia en el mercado y por su puesto más beneficios y opciones para los consumidores”, recalcó el exdirector del IRHE.
Los apagones
Las fluctuaciones e interrupciones han sido una de las principales quejas de los clientes, particularmente en el interior del país. Aramburú Porras considera que las empresas de distribución deben hacer más inversiones para mejorar el servicio.
“El regulador debe poner más énfasis en esto, pero tenemos que ser realistas, la tarifa en el área rural debería ser más alta que en el área urbana por la concentración”, subraya el economista.
Indica que es mucho más costoso llevarle la electricidad al área rural, que a la urbana, en zonas de baja densidad con la calidad que se espera. Por ejemplo, para abastecer del servicio de energía a 100 residencias en el área rural se requiere de toda una infraestructura de postes y cableado, mientras que en el área urbana esa misma cantidad de personas requiere menos infraestructura si residen en un edificio o propiedad horizontal.
Propuesta para Etesa
En el caso de la operación de Etesa, Aramburú Porras recomienda que una de las alternativas sea convertirla en una empresa mixta, en la cual el Estado participe como un inversionista minoritario. Bajo esta figura, que ya existe en otros países, Etesa se puede volver una empresa mixta bajo régimen privado que pueda tener la agilidad y capacidad gerencial para mantenerse a tono con el crecimiento del país, dice. Sin embargo, para hacer este cambio se necesita aprobar una nueva ley y desarrollar todo el proceso de licitación que tomaría más de dos años, por lo cual no estaría dentro de la gestión de este gobierno.
La otra opción es que Etesa sea gestionada por un privado y que a cambio el Estado reciba una regalía, pero “creo que el mejor modelo es una empresa mixta”, recalca Aramburú Porras.
Etesa es una sociedad anónima de régimen privado con una junta directiva que es la que decide. Su actividad consiste en transportar la energía eléctrica de alta tensión desde las generadoras hasta el punto de recepción de las empresas distribuidoras o grandes clientes. Su gestión interna se ha cuestionado porque para la compra de una pieza o transformador se necesita la aprobación de la Contraloría General de la República, lo cual demora el proceso. Igualmente, el presupuesto de la empresa tiene que ser aprobado por la Asamblea de diputados. Otro aspecto considerado como una desventaja es que cada cinco años, con el cambio de gobierno, se nombra un nuevo gerente, algo que no permite el desarrollo de los proyectos, porque en muchos casos la administración nueva no le da continuidad. Un ejemplo es la construcción de la cuarta línea de transmisión de Etesa que la pasada administración elaboró, pero este gobierno la modificó y, hasta la fecha, no se ha convocado la nueva licitación.
Convertir a Etesa en una empresa mixta con participación privada es una propuesta de Aramburú Porras, quien ha señalado que está dispuesto al debate con sus críticos, pero no está en los planes del actual Gobierno.
“Esa posibilidad en ningún momento se ha evaluado por parte de las autoridades del Gobierno Nacional, ni del sector energético. Tanto en mi rol de secretario Nacional de Energía, ni como presidente de la junta directiva de Etesa, lo puedo afirmar categóricamente”, comentó el secretario de Energía, Jorge Rivera Staff.
“Al respeto, trabajamos precisamente la Estrategia de Fortalecimiento Institucional, que robustece el carácter institucional de Etesa, entidad al servicio de los panameños y así se mantendrá durante esta administración”, añadió.
John Kerry, enviado de Biden, asistirá a reunión de energía
John Kerry, enviado especial para el clima del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participará en la Quinta Reunión Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), que se celebrará el 10 y 11 de febrero en Panamá. El tema central del encuentro es las “Transiciones Energéticas Justas e Inclusivas” y de acuerdo con la Secretaría de Energía seguramente Kerry enviará un mensaje a las naciones del continente Americano y el Caribe sobre las acciones en materia de energía y clima. El evento congregará a ministros de energía y funcionarios de alto nivel de América Latina y el Caribe en un formato híbrido, con participantes presenciales y virtuales, como medida ante los contagios de la Covid-19.
